La federación, a través del Ramo 33, destina millones de pesos a las entidades federativas, en fondos de distintos tipos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; sin embargo, los estados no informan en qué se gasta ese dinero ni hacen balances sobre el impacto que tiene el gasto público en la vida de la población.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso, para estas aportaciones a las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, destinar 830 mil 299 millones 613 mil 382 pesos.
De acuerdo con Christopher Cernichiaro Reyna, coordinador de Finanzas Públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), es difícil medir el impacto de ese dinero en la población, pues los gobiernos locales no transparentan las inversiones.
“No se informa, por ejemplo, en qué lo ejercen los gobiernos de los estados. Sí hay un rastreo de en qué se ejercen los recursos, pero no es perfecto. En la medida en la que no sabemos exactamente en qué se destinan esos recursos, es complicado inferir cómo le afecta a la población”, explicó a La Silla Rota.
A pesar de que en los lineamientos de funcionamiento de los fondos del Ramo 33 está establecido que los estados deben informar trimestralmente del uso de estos recursos, solo algunas entidades informan con esa regularidad.
La mayor parte de los estados informan anualmente del ejercicio de los recursos, pero sin especificar en qué se gastó. Tampoco existen balances sobre el impacto que la utilización de los recursos tiene en la vida de la población.
De acuerdo con los lineamientos del Ramo 33, los recursos deben ser utilizados en zonas de alta marginalidad o con el objetivo de mejorar la vida de la población que se encuentra en pobreza extrema. Sin embargo, sin la información específica de los estados y sin balances locales sobre su impacto, es difícil determinar los beneficios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus informes de Gasto Federalizado de la Cuenta Pública, realiza un rastreo del gasto de los estados, pero son informes generales que solo establecen cuánto se destinó a cierto fondo del Ramo. Son los estados los que deberían ser responsables de informar trimestralmente en qué se están ejerciendo los recursos.
Esos recursos lo ejercen los estados, pero el rastreo de esos recursos lo hace la federación a través de la Auditoría Superior de la Federación. Hay reportes que informan los promedios estatales e informan cuánto se fue para infraestructura. Sí hay un rastreo, pero no es tan exacto
“A parte de estos informes, la ASF también saca unos reportes de aportaciones donde da la información por estado, no tanto en qué se ejercieron los recursos, pero sí tiene tablas donde se ven los informes de los estados”, detalló el especialista.
Los fondos para los que se destinan recursos, a través del Ramo 33, son el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
También se destinan recursos al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
¿CÓMO ESTÁN LOS INFORMES DE LOS ESTADOS?
La Silla Rota realizó una revisión a los informes de los gobiernos locales sobre el destino de los recursos que destina la Secretaría de Hacienda al Ramo 33, y encontró que no todos los estados siguen, al pie de la letra, los lineamientos del mismo.
De los 32 estados de la República, Yucatán es el único que informa de manera trimestral y que, además, incluye un balance sobre la repercusión que la utilización de los distintos fondos tuvo en la población.
El informe de Yucatán incluye entrevistas con la población y análisis de datos sobre los fondos Fortamun y FISM; sin embargo, el último informe es de 2019, sin que en la página de transparencia del estado sea posible encontrar los informes de los últimos años, incluyendo 2021.
Uno de los casos de mayor opacidad es el de Michoacán, pues en la página de transparencia del estado no se incluye ningún tipo de información sobre los recursos del Ramo 33 y únicamente, en el Diario Oficial del Estado, es posible encontrar una proyección de los recursos que se planeaban asignar, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. Después de eso, no hay informes sobre si esa fue la cifra que finalmente se recibió o en qué se gastó.
Lo anterior, debido a que algunos de los fondos –sobre todo los que dependen de la recaudación federal participable–, como es el caso del FAIS, pueden variar entre la cifra proyectada de transferencia a los municipios y la cifra que finalmente se les inyecta.
Primero, salen montos proyectados de aportaciones; después, salen montos asignados que son la proyección de los recursos que van a transferir. Sin embargo, que se cumplan o no esos montos depende de la actividad económica
“Vamos a suponer que yo proyecto, para 2022, que se van a entregar 5 pesos para el FASSA, pero si la actividad económica es más baja, al momento de transferir los recursos, sería un monto menor de lo que yo esperaba”, ejemplificó el investigador del CIEP.
Otro caso positivo de informes sobre el destino de los fondos federales es el caso de Morelos que, durante el 2021, ha informado de manera mensual cuánto dinero se ha transferido a cada uno de los municipios que han recibido el Fortamun, un fondo que, precisamente, tiene por objetivo el fortalecimiento de estas demarcaciones.
En contraposición, los informes más completos sobre el Ramo 33 en Tamaulipas datan de hace 10 años. En este caso, en la página oficial del estado es posible encontrar desgloses de cuánto se proyectó y cuánto se recibió, pero hasta 2011. Hay un informe del FISE, de 2016, y lo más actualizado sí es el FASP, pero sin balance de a cuánta gente benefició y sin información de los otros fondos de los que el estado fue beneficiario.
Cabe destacar que la mayor parte de las proyecciones –es decir, cuánto recibirán los municipios por concepto de alguno de los fondos–, no es información que sea pública, en las páginas oficiales de los gobiernos de los estados, sino que principalmente se publica en los diarios oficiales y únicamente como una proyección.
En contraste con la opacidad que existe en los gobiernos de los estados, algunos municipios sí informan de manera específica y detallada, el origen de los recursos y en qué los utilizan.
Es el caso de Villahermosa, Tabasco, que sí cuenta con un informe del Ramo 33, donde explica a cuánta gente beneficiaron las obras de recursos federales transferidos, aunque sin especificar los montos ni el fondo específico al que pertenecen.
Otro caso es el del municipio de Querétaro, que especifica en qué se usó el recurso destinado al fortalecimiento de los municipios; la información del municipio y capital del estado abarca hasta el segundo trimestre de 2021. En el gobierno del estado, la información más reciente es de 2020, pero sí contiene a cuántas personas benefició.
El caso del Estado de México resalta debido a que se informa por municipio cuánto se va a asignar por año, pero no cuánto se asignó finalmente ni en qué se ocupó. El último informe de cuánto se transfirió realmente a los municipios es de 2018.
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE ESTOS RECURSOS?
Algunas de las secretarías federales están involucradas en el proceso de canalización de los recursos; sin embargo, la transferencia la realiza directamente la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto de egresos de la federación, a los gobiernos estatales dependiendo de los lineamientos que establece cada Secretaría.
“Es la federación la que transfiere a las entidades, pero las secretarías establecen los indicadores para asignar los recursos; pero quien transfiere es la federación. En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen fórmulas que dice cómo se distribuyen, y en algunos casos, los fondos son manejados de acuerdo con los lineamientos de las secretarías”, explicó Cernichiaro Reyna.
En el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), a pesar de que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que puede opinar y establecer los lineamientos para la canalización de los recursos federales, el gasto no pasa por manos de la Secretaría, sino que directamente se transfiere a los gobiernos estatales.
Después, los gobiernos estatales deciden, de entre un catálogo de posibilidades, a qué proyectos se destinará el recurso asignado siempre y cuando se mantenga en el área del fondo específico.
“Los estados deciden, a partir de un catálogo, a qué rubro se va, pero dependiendo del fondo de que se trate. Se queda dentro del universo de infraestructura social, por ejemplo, pero la obra específica sí la decide el gobierno y eso depende de cada fondo, cómo está expresada esa flexibilidad”, detalló Cernichiaro.
Sumado a la opacidad, el CIEP ha encontrado que, entre 2013 y 2020, el gasto público en infraestructura disminuyó 40 % en términos reales. El descenso está vinculado a un menor crecimiento económico, mismo que promedió 2 % entre 2010 y 2020.
Así, entre la falta de información y la reducción de apoyos para los fondos destinados a las entidades federativas, no es posible contar con datos exactos sobre la forma en la que ha mejorado o no la vida de la población, a través del Ramo 33.
MJP