Desde hace más de una década se han denunciado casos de presunto espionaje al Congreso, sospecha que hoy revive la diputada federal del PAN Adriana Dávila, a propósito de los celulares que les dieron para votar virtualmente por causa de la pandemia por covid-19.
“Lo hemos planteado con toda claridad, primero un teléfono que se compra sin que te avisen. A nosotros como diputados sólo se nos informó que ya habían comprado los aparatos y que tenemos que pasar por ellos”, declaró a La Silla Rota.
Esta mañana El Universal publicó una nota donde la diputada Dávila y el diputado Miguel Rigss expresaron su desconfianza a este sistema toda vez que ellos no pueden manipularlo, pues el encendido, apagado y desbloqueo de este solo puede ejecutarse desde un software ubicado en San Lázaro.
“Cuando empezamos a pasar a recogerlos lo que nos dimos cuenta es que las claves las ponen ellos, todo lo demás lo establece la propia cámara de Diputados Y si hay sentido en esto, fue una decisión supongo que de Mario Delgado y la secretaría de la cámara. Nosotros planteamos que el sistema estuviera funcionando y saber cómo funciona, pero si el teléfono se te apaga tienes que hablar a la cámara para que ellos te vuelvan a otorgar las claves para activarlo. No tenemos el control de los aparatos”, explicó Dávila.
“Tienes que tener encendida tu ubicación para saber dónde estás y la tecnología ha avanzado tanto que todo mundo sabe que con la tecnología puedes hacer cualquier cosa. Yo no sé si eso implique que desde el teléfono puedan usar cualquier otro mecanismo que no sea necesariamente los de trabajo legislativo”, advirtió. “Hubo 56 diputados que votamos en contra del reglamento y la forma cómo se dio el acuerdo. No tenemos problema que nos espíen y que nos espían lo que quieran. Pero eso es un proceso invasivo eso ya no es un tema de tu trabajo, sino político”.
El 31 de agosto los legisladores recibieron los teléfonos Galaxy que adquirió la cámara para tal fin; y se les comunicó que no podían utilizarlo con fines personales, excepto los de pasar lista y votar en caso de sesionar a distancia. El 30 de agosto el diputado panista Marco Adame, que aún era parte de la Mesa Directiva presidida por la panista Laura Rojas, declaró que el aparato que recibirían para sesionar a distancia era un pin que funcionaría con un software que operaba con tecnología de la cámara, pero que no incluía el uso de datos biométricos ni huella digital de los diputados.
“Se supone que no podemos usar el teléfono con fines personales, para fines personales tendríamos que usar al nuestro”, señaló Dávila. “Pero lo que es importante saber es que las historias nos señalan cuántas cosas que han sucedido y que se han hecho de manera irregular e ilegal y con un régimen como el que tenemos hoy por supuesto que no sólo es desconfianza. En este gobierno no hay política pública todos los temas son político-electorales, pues imagínate que pueden hacer con la tecnología”. Y agregó que abordaron el tema con su coordinador Juan Carlos Romero Hicks.
“Tenemos 15 días que nos entregaron el teléfono y no se han usado porque están en la revisión del sistema, sigue probándose. ¿Tú crees que no hay manera de manipular votaciones? Con una bancada de las características que tenemos en la mayoría, por supuesto que hay desconfianza”, dijo.
OTROS CASOS
En 2012 Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Mesa Directiva, denuncio que mandos medios del área de telefonía e internet en San Lázaro estuvo involucrada en presunto espionaje. Y acusó intervenciones de comunicaciones privadas, por lo que presentó una denuncia en la entonces PGR. Pero no hubo detenidos.
En 2004 se dio a conocer el caso de Jorge Alejandro Árciga, un funcionario que fue inhabilitado por seis meses tras encontrar irregularidades en la contratación del servicio de telefonía convencional y telecomunicaciones. Y se le vinculó con un caso de presunto espionaje telefónico al ex presidente Felipe Calderón desde Estados Unidos.
En 2008 se dio a conocer el caso de espionaje al entonces senador priista Manlio Fabio Beltrones, quien denuncio el caso ante la ex PGR, a través del área jurídica de la cámara alta quien presentó una querella. “Se busca recabar información falseada en un supuesto entorno de trabajo y relaciones personales , para amenazar las posturas políticas y de trabajo legislativo de integrantes del congreso”, acusó. Esa misma tarde la secretaría de Gobernación le respondió mediante comunicado su rechazo a esas prácticas que consideró ilícitas.
El entonces coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, afirmó que la secretaría de Gobernación no tenía atribuciones para espiar al Congreso y se solicitó la renuncia de su entonces titular Guillermo Valdés, pero esto no sucedió. Al final solo hubo un detenido, Luis Miguel Dena,
Miembro del Cisen quien en 2012 fue sentenciado a seis años de prisión por otros casos de espionaje telefónico.
Hace unos meses en el Senado, la bancada panista denunció espionaje en sus oficinas tras encontrar teléfonos inalámbricos en el techo y responsabilizó al coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. El caso fue denunciado ante la FGR y según la investigación del mismo, los micrófonos estaban ahí desde años antes.
fmma