La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) está a más de la mitad de una lucha legal contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para proteger a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por lo que espera que no haya revanchismos y se acepté lo que determine el juez.
El jueves pasado, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva al amparo que presentó la Fimpes, por lo que investigadores de más de 100 instituciones privadas quedan protegidos para que no se les aplique el nuevo Reglamento del SNI, que entró en vigor en abril de este año.
En entrevista con La Silla Rota, el secretario General de la Fimpes detalló que “esto es una suspensión definitiva y nos falta la decisión final del juez, donde esperamos que determine la inconstitucionalidad del reglamento, nos dé la razón y se cierre el caso. Por lo pronto eso puede suceder en unas semanas, dependiendo de la carga que tenga el juzgado”.
“Nosotros esperamos que sea respetada por el consejo la decisión del juez, y que no haya ningún tipo de actitudes o de revanchismos, los investigadores son los más inocentes en todo esto, ellos fueron arrastrados por esta nueva versión del reglamento sin deberla ni tenerla”, enfatizó.
BUSCAN EVITAR LA DISCRIMINACIÓN EN NUEVA LEY DE CIENCIA
El punto principal de este amparo es que los investigadores del SNI que laboran en instituciones privadas deben seguir recibiendo el estímulo económico que se les otorga, pero Guerra Botello explicó que el amparo va más allá.
“Fundamentalmente, creo que vamos por el camino que queremos, que es la oposición al reglamento que discrimina a los investigadores de las universidades particulares en su acceso a los estímulos económicos que tiene previsto el Conacyt, eso es, por un lado. Por otro lado, la decisión del juez establece que aquellos investigadores que apliquen para la convocatoria 2021, no implica que se acepte el nuevo reglamento”, señaló.
Guerra Botello indicó que el reglamento del SNI tiene otras cosas que esperan que también al final del juicio queden arregladas como el tema de la evaluación de los investigadores y los recursos de reconsideración.
“Estamos en esto porque no nos quedó otra opción para defender los derechos, concretamente de la discriminación tan sólo por estar trabajando en una institución con una fuente de financiamiento diferente a la pública y nosotros también esperamos que esa diferenciación, que no es apropiada entre investigadores e instituciones, no quede reflejada, de ninguna manera en el proyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se está discutiendo ahorita”, enfatizó el secretario General de la Fimpes.
MJP