La Auditoría Superior de la Federación advirtió que auditará los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en su favor un amparo sobre el tema.
La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió negar el amparo en revisión 157/2020 al Infonavit, quien solicitó no ser sujeto obligado de revisión sobre su sistema de financiamiento, en el Programa Anual de Auditorías 2018, ya que no recibe recursos etiquetados directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Infonavit alegó en el amparo que “la Auditoría carece de competencia para auditar al Instituto porque no recibe recursos públicos aprobados en Ley de Ingresos ni como parte del Presupuesto de Egresos”.
“Pues su patrimonio se integra por las aportaciones efectuadas por los patrones; por lo tanto, el instituto solo funge como administrador de aquellos recursos que pertenecen a los trabajadores”, sostuvo el Instituto.
Pero la Suprema Corte determinó que el patrimonio propio del Infonavit “se encuentra integrado, entre otros conceptos, por las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporciona el Gobierno Federal, conforme lo prevé la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que son recursos públicos federales”.
Y consideró que las aportaciones que realizan los patrones al Fondo de Vivienda, a pesar de que son patrimonio de los trabajadores, tienen la misma naturaleza, pues son contribuciones y por ello se consideran recursos públicos.
Así que la Auditoría Superior podrá realizar auditorías desempeño al Control Interno y Gobernanza al Infonavit, con el fin “de garantizar el interés social y el orden público”, según detalló la ASF en un comunicado.
El amparo 157/2020 fue interpuesto por el Infonavit luego de que la ASF incorporó en su Programa Anual de Auditorías 2018 una auditoría de desempeño y de cumplimiento a la gestión financiera del Instituto, “por tratarse de actividades con recursos sujetos a fiscalización con sustento en una obligación constitucional”.
CORRUPCIÓN QUE SE ASOMA
Desde 2017 se han dado a conocer casos de gastos excesivos y corrupción dentro del Infonavit, pero fue a últimas fechas, luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya señalara al exdirector del Instituto, David Penchyna, el organismo quedó bajo los reflectores mediáticos.
La Silla Rota dio cuenta de un contrato firmado entre el Infonavit y Soccer Media Solutions, empresa administrada por José Eshkenazi Smeke, señalado por Lozoya en su declaración de hechos como un publicista favorito del gobierno de Enrique Peña, por 266 millones 800 mil pesos, en 2017.
Este medio también informó que el Infonavit pagó la cantidad de siete millones 670 mil 902 pesos por transportación aérea, aviones y helicópteros privados, para sus directivos durante 2017 y 2018. Para esas operaciones, el Infonavit firmó cuatro contratos con dos empresas: Jets Capital Transportes Aéreos, S. A de C.V y Servicios NoryCaribe S.A de C.V.
En 2019, la administración actual del Infonavit anunció que investigaría el pago de más de cinco mil millones de pesos por la cancelación de un contrato con la empresa Telra Realty, monto que no estaba acordado en el documento, según indicó el Instituto.
Según lo publicó entonces el periódico Reforma, el pago se hizo a finales de 2017, como una decisión del entonces director del Infonavit, Alejandro Murat, de cancelar el contrato para manejar el Programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiavit.
Días más tarde, el hoy gobernador de Oaxaca negó que el pago fuera hecho en su administración y aseguró que fue cuando David Penchyna estuvo al frente del Instituto.
