Pese a la declinación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para ampliar su mandato, con el supuesto fin de dar continuidad a la Reforma Judicial –avalada por el Congreso–, la ampliación que corresponde a los integrantes del Consejo de la Judicatura sigue en vilo.
De acuerdo con el ministro en retiro José Ramón Cossío, es precisamente en el Consejo de la Judicatura Federal donde “radica la independencia y la autonomía judicial”, pues es el encargado de resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas durante un gobierno en turno, asunto por demás importante para una administración federal.
El artículo 13 transitorio amplía, de manera inconstitucional, el plazo de los consejeros de la Judicatura Federal. Ahí radica la independencia y la autonomía judicial. Las acciones de inconstitucionalidad presentadas son lo que va a determinar su validez. No nos distraigamos.
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) August 7, 2021
El controvertido artículo transitorio –que agregaron senadores del Partido Verde durante el debate de la reforma en el Congreso– incluye también a consejeros cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Expertos consideraron que la reforma debe echarse para atrás, en la próxima resolución que haga la Suprema Corte.
Raúl Mejía, constitucionalista y profesor de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que el anuncio del ministro Zaldívar “sabe a poco, sabe tarde y sabe mal”. “Parece más bien una concesión, está concediendo algo que ya tenía perdido, parece que no le alcanzó el voto de sus pares".
Pero, contextualizó, su anuncio es insuficiente pues en este momento el artículo 13 transitorio tiene validez. "Él tendría que renunciar, no nada más decir aquí ya se acabó mi mandato. Si hay un artículo que le extiende el mandato, ahí hay una complicación interesante, porque por más presidente de la Corte que sea, él está obligado por la ley".
Agregó que la renuncia de Zaldívar a la presidencia de la Corte tendría entonces que ser aceptada por el pleno "porque este no es un problema de voluntad del presidente de la Corte, es un problema por un artículo que se modificó, va más allá de la voluntad del presidente".
Al dar una opinión sobre la votación que llevarán a cabo los ministros para determinar si constitucional o inconstitucional la propuesta de la ampliación de mandato, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció que el mensaje de Zaldívar da pauta para continuar con la reforma al Poder Judicial.
“Es una decisión muy importante, que merece ser reconocida, porque lo que ha hecho el ministro presidente es despejar un tema que había empañado a la Reforma Judicial, como él mismo lo dijo, y respetando el marco constitucional, ya destrabó el asunto. Ya habrá una actualización jurídica por parte de la Suprema Corte, pero como él lo dijo, lo que adoptó fue una decisión política y creo que fue la correcta”, mencionó.
César Astudillo, investigador del mismo Instituto, consideró que Zaldívar hizo esta declaración “forzado por las circunstancias”, y en el contexto del problema interno en el Tribunal Electoral “porque eso estaba empañando las bondades de la reforma judicial, que las tiene, aunque también tiene puntos conflictivos”.
Sin embargo, adelantó que la posición del ministro presidente puede interpretarse como una forma de "marcar línea" a los integrantes del Consejo de la Judicatura quienes se verían beneficiados de una posible extensión de mandato.
"Probablemente lleve a que los consejeros sigan sus pasos", dijo César Astudillo. Cabe recordar que el consejero Bernardo Bátiz ya rechazó, también, la ampliación de mandato.
QUIÉNES SE BENEFICIAN
Con la Reforma al Poder Judicial, también se amplían periodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Tres de los principales beneficiados son los consejeros: Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés Zárate, todos nombrados durante la administración federal actual y cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bátiz Vázquez, quien fue nombrado por López Obrador y fungió como procurador de justicia de la Ciudad de México, termina su periodo, el 3 de diciembre de 2024, sin embargo, con la reforma se ampliaría al 17 de noviembre del 2026.
También fue militante de Morena, partido en el que ocupó el cargo de secretario de Combate a la Corrupción en el Comité Ejecutivo Nacional. Antes de ser nombrado consejero, formó parte de las ternas para ser fiscal General de la República.
Loretta Ortiz Ahlf, también ampliará su cargo hasta noviembre de 2026. De 2012 a 2015, fue diputada federal por Morena. La consejera fue propuesta para ser ministra de la Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, debido a su cercanía con el titular del Ejecutivo fue rechazada.
Eva Verónica de Gyvés Zárate también concluiría en 2026. Participó en la contienda para ser la titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Fue agente del Ministerio Público y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Javier Reyes, constitucionalista y coordinador de la licenciatura en Derecho en el CIDE, lamentó que Zaldívar haya hecho el anuncio en contradicción con sus declaraciones anteriores.
Primero dijo que esperaría a que se resolviera por los canales institucionales, las vías de constitucionalidad. Luego planteó una consulta con sus compañeros; y ahora sale a dar una declaración política. Vimos ambigüedades y silencios que generaron especulaciones. Lo que hizo el ministro Zaldívar fue una jugada política
Al respecto, Reyes subrayó "me hubiera gustado ver que los otros cinco consejeros también lo dijeran, pero Bátiz fue el único que habló".
Julio Jiménez, constitucionalista y académico de la Universidad La Salle, consideró que los intereses de los consejeros obedecen a fines políticos. "Por eso buscan también la permanencia, porque es una cuestión de conveniencia; deberían haber marcado ya una postura, pero no lo han hecho, por eso tenemos que esperar la resolución final de la Corte".
Por otro lado, Mejía precisó que el tema no ha concluido y que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas deben continuar su ruta legal. "Lo que diga Zaldívar es lírico, interesante, pero, jurídicamente, no representa absolutamente nada”, dijo.
DESLINDARSE NO AFECTA LA REFORMA
Sin embargo, los entrevistados coincidieron en que el anuncio de Zaldívar no pone en riesgo a la reforma judicial en su totalidad. "Lo único que estaríamos rechazando es el artículo transitorio 13 que fue una adición de última hora, pero el resto de la reforma continúa y no tendría por qué verse afectada", señaló Julio Jiménez.
"No, no, no, la ampliación de mandato es una parte muy pequeñita de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma tiene cosas buenas, malas y cuestionables, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo por encima de la ampliación del mandato, pero el tema de ampliación de mandato jaló todo el reflector", puntualizó.
Pedro Salazar comentó que la reforma al Poder Judicial es institucional y que esta trasciende a las personas, por lo que tomará más de dos o cuatro años tratar de implementarla.
“En ese sentido, nadie es indispensable. Lo indispensable es el compromiso institucional de su implementación. Reconozco que el ministro Arturo Zaldívar ha hecho un papel muy importante como impulsor, seguramente, pero la Corte trasciende a todos sus integrantes y habrá otras personas que continúen implementando la reforma en los siguientes años”.
MJP