A golpes, con machetes, mutilados, incinerados, así son las agresiones que reciben los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) en México, donde a pesar de los avances en derechos humanos e inclusión, prevalecen la discriminación y los crímenes de odio, ya que en los últimos seis años se cometieron al menos 473 asesinatos de acuerdo con organizaciones de defensa.
Uno de los casos de violencia es el que vivió el defensor de derechos humanos Raúl Martínez, quien trabaja en favor de la comunidad gay en Michoacán desde hace 14 años. Relata que en septiembre de 2015 fue golpeado por unos jóvenes cuando estaban impulsando en el Congreso estatal el matrimonio igualitario.
Esa tarde, grupos conservadores auspiciados por el entonces obispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, salieron a las calles para protestar contra el matrimonio igualitario. Martínez explica que las personas LGBTTTI de la capital michoacana no salieron a marchar para evitar enfrentamientos.
Sin embargo, ese día en la noche tres chicos se acercaron y lo agredieron en una de las calles más céntricas de la ciudad. Recuerda que mientras lo golpeaban le decían “no te metas con la familia”, “deja de defender a putos, a maricones”, “deja de impulsar el matrimonio entre maricones”, “sabemos donde vives” y “por maricón te va a ir peor”.
Aunque sus lesiones no fueron de gravedad, fue golpeado en el estómago, en el rostro y en otras partes del cuerpo. Los agresores eran unos adolescentes, quienes salieron corriendo cuando vieron que se acercaban algunos automóviles.
“Aunque no fueron golpes graves que pusieran en riesgo mi vida, acudí al Ministerio Público y a la hora de presentar la denuncia, cuando me preguntaron si yo señalaba a alguien por la agresión, dije que señalaba al arzobispo de Morelia como responsable”, comenta.
Raúl recuerda que días previos a esta marcha y al debate legislativo, había recibido mensajes para amedrentarlo en su celular, correo electrónico y a través de redes sociales, en los que le decían “ya párale”, “ten cuidado”, “no te metas con la Iglesia”, “te vas a ir al infierno” y a partir de que interpuso la denuncia dejó de recibirlos.
En Michoacán la situación para las personas homosexuales es compleja, ya que han avanzado en la armonización legislativa, pues cuentan con la tipificación de la discriminación como delito y está reconocido el matrimonio igualitario.
“Pero Morelia se ha caracterizado por una doble moral, por un lado, los mismos que hablan de cultura de la paz, de prevención de las violencias, son los mismos que en el púlpito promueven esto de la defensiva, de estar en contra de poblaciones disidentes sexuales”, alerta el también coordinador del Colectivo Michoacán es diversidad
Las agresiones continúan, por ejemplo, narra que esta semana una pareja de chicas le pidieron ayuda porque fueron amenazadas por su vecino, quien con un machete llegó a su casa a querer matarla, sólo porque no soporta la idea de que dos mujeres estén juntas.
Destaca que afortunadamente en este caso hubo avances, ya que tienen buena comunicación con la comisionada de Seguridad de Morelia, por lo que acudieron a hacer la denuncia y detuvieron al agresor.
Sin embargo, la fiscalía estatal no reconoce ningún crimen por homofobia, a pesar de que se han registrado casos de violencia de este tipo. El activista relata que en diciembre del año pasado hubo dos casos evidentes. En hechos registrados con una semana de diferencia, dos jóvenes fueron desnudados, violados, castrados y quemaron sus cuerpos, “aún con estos datos la fiscalía dice que no hay elementos para tipificar la homofobia.
“Dice uno de los fiscales que el crimen organizado está haciendo su chamba, al día de hoy, nadie se entretiene con tus órganos sexuales para demostrar el tema de droga y nadie se entretiene en desnudarte, violarte, cortarte los órganos sexuales y luego prenderte fuego y eso ocurre aquí en Morelia”, lamenta con coraje el activista.
Homicidios van a la alza, pero no hay cifras oficiales
De 2013 a 2018 la organización Letra Ese documentó que se registraron al menos 473 asesinatos de personas LGBTTTI en México, en todos los casos fue por motivos relacionados a su orientación sexual o expresión de género.
En su informe “Violencia extrema, los asesinatos de personas LGBT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)", la organización muestra los datos de asesinatos que recopiló de la prensa. De acuerdo con el documento, hubo un aumento de 30% en el número de homicidios en relación con años anteriores.
En promedio, al menos 79 personas de la comunidad LGBTTTI fueron asesinadas al año en nuestro país, es decir, 6.5 cada mes. Los años con mayor incidencia fueron 2017, con 95 casos, y 2018, con 92.
Al hacer el análisis de los homicidios en relación a la orientación sexual de la víctima, las mujeres transexuales son las más afectadas, ya que en esos seis años fueron asesinadas 261 de ellas, seguidas por 192 homosexuales. Otro de los problemas es que estos crímenes permanecen en la impunidad.
Por entidad, Veracruz encabeza la lista con 43 asesinatos, seguido por Guerrero con 39, Quintana Roo con 33, Estado de México con 30, Chihuahua con 28, Puebla con 27, y Tamaulipas con 25.
La Comisión Nacional de los derechos Humanos reportó en 2018 que en los últimos 10 años ha registrado 696 expedientes abiertos con agravios contra personas de la comunidad LGBTTTI. A este dato se suma que seis de cada 10 dijo que sufrió discriminación en el último año, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018.
La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) indica que en el país hay al menos nueve mujeres transexuales desaparecidas, entre 2010 y 2017, hechos que no han sido investigados por las autoridades.
El periodista Fernando del Collado, quien recientemente publicó el libro “Ciudad de Odios”, destaca la falta de cifras oficiales de los crímenes contra personas LGBTTTI e incluso alerta que las estadísticas deben ser mucho mayores a las que muestra el informe de Letra Ese.
“Al menos lo que se ha podido cuantificar, el promedio de asesinatos se mantiene. Letra Ese acaba de publicar unos datos que hablan de que en promedio hay siete asesinatos al mes contra la comunidad LGBTTTI, son casos que los documentan a través de la prensa, pero la proyección es que son tres o cuatro veces más de lo que sabemos, estamos hablando de 28 a 30 casos por mes”, advierte en entrevista con LA SILLA ROTA.
Expresa que, por ejemplo, más de 150 personas de la comunidad fueron víctimas de homicidio en la Ciudad de México en los últimos años. “Cada uno de estos asesinatos tuvo como móvil el odio, creo que esto es muy importante resaltarlo, porque el odio como es un temor, es una emoción, la característica que tiene es eliminarlo con tal saña, en este caso los asesinatos de odio tienen esa característica, la manera brutal en la que los hacen”.
Coincide Alaín Pinzón, activista y defensor de derechos humanos, quien enfatiza que “la cifra negra del delito en cuanto a las agresiones y asesinatos de personas LGBT aumenta muchísimo, es decir, lo que no se reporta, lo que no se registra, lo que no se denuncia”.
Detalla que en muchos casos cuando hay un delito contra personas trans se les reporta como hombres vestidos de mujer, por lo que la fiscalía inicia una carpeta de investigación con una identidad de género diferente a la que la víctima se autoidentificaba y dificulta que haya datos exactos.
Advierte que también “Hay muchos crímenes de odio que se pierden en la estadística de la lucha contra el narcotráfico porque así el contexto lo dicta, entonces eso puede incluir a muchísimas más personas de las que se tienen en el numeral”, como los casos en Michoacán mencionados anteriormente.
Para el activista los crímenes de odio no son solamente los homicidios ni las agresiones físicas o verbales, sino también la discriminación que persiste y que lleva a que algunos incluso pierdan su empleo o la posibilidad de seguir estudiando por su orientación, identidad o expresión de género.
Asimismo, destacó la situación de las mujeres trans, quienes de acuerdo con los datos que existen son las principales víctimas de asesinato y agresiones. También se enfrentan al vacío legal en el que vive la comunidad, ya que el transfeminicidio no se incluye en el código penal. Esto aunado a la discriminación que viven, la cual las limita para seguir estudiando y en muchos casos las orilla a dedicarse al trabajo sexual.
“Yo creo que por un lado sigue habiendo una discriminación tanto institucional, social y que está marcada en el imaginario colectivo de la ciudadanía y de las comunidades en lo general. Está enquistada la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, el estigma, estos cuatro componentes son los que van a cerrarnos la puerta en la cara”, expresa Pinzón.
Mientras que José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), destaca que “es importante reconocer que en la población LGBTTTI el grupo más afectado está claramente identificado que son las mujeres trans, las que en su mayoría son condenadas a trabajo sexual, están muy limitados sus derechos laborales, a la educación”.
Esta organización trabaja con personas de la comunidad LGBTTTI que están en conflicto con la ley y algo que han detectado es que son juzgados por prejuicios y que muchas veces pagan penas mayores a las de los demás porque los delitos de los que se les acusan son calificados como crímenes pasionales o que tienen que ver con su identidad u orientación sexual.
También en este caso las mujeres trans son las más afectadas, ya que “son llevadas a penales varoniles, en donde les cortan el cabello y les cambian la identidad en términos de que se suma como un hombre, lo que conlleva a graves violaciones de sus derechos humanos”.
Respecto a los estados, Gutiérrez indica que este problema de discriminación de personas LGBTTTI en conflicto con la ley lo han encontrado más en Baja California, Guanajuato, Querétaro y Puebla.
Explicó que esta semana representantes de Asilegal estuvieron en Ginebra, Suiza, en la reunión para renovar el mandato del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la Organización de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal, quien ha destacado que la principal problemática que sufre la comunidad es la falta de datos, ya que los Estados no están identificando a las personas LGBTTTI, lo que impide que se construyan políticas públicas. Detalló que el objetivo no es estigmatizarlos, sino saber cuántos son y en dónde están.
Aunque la comunidad LGBTTTI ha avanzado mucho en los últimos años, lo cierto es que aún falta un largo camino por andar para que puedan gozar plenamente de sus derechos humanos y ser respetados por igual. La justicia es uno de los temas pendientes, ya que no cuentan con la protección necesaria y los delitos continúan al alza porque los que se han registrado anteriormente permanecen en la impunidad.