México vive una “militarización con respaldo popular”, que se ha formado a través del apoyo de los últimos cinco expresidentes y el actual, Andrés Manuel López Obrador. Un proceso que, en el corto plazo, puede llevar a deteriorar los equilibrios y balances del poder político en el país.
Así lo considera el estudio Militares y Gobernabilidad “¿Cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?”, elaborado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en Colombia (Fescol). El mismo menciona que la relación entre las fuerzas armadas y el gobierno se ha fortalecido en este sexenio, “sin que la población note el posible impacto que puede tener en el futuro”.
“Esto no obsta para que la sociedad civil exprese sus preocupaciones por el impacto posible negativo en la democracia en el país. De esta manera se construye una nueva relación cívico-militar: pragmática, consolidando la orientación de la defensa hacia la seguridad interior y misiones humanitarias, ahora con tres Fuerzas Armadas y siendo esta relación uno de los pilares de la nueva gobernabilidad de México”.
En un apartado escrito por el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en seguridad nacional, Raúl Benítez Manaut, se menciona que el proceso de la militarización en el país inició con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien “modificó paulatinamente el nacionalismo castrense de la Revolución mexicana”.
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“Desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) accede a la presidencia e inicia la apertura económica del país en vista a la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, las Fuerzas Armadas poco a poco se ven obligadas a modificar sus misiones”.
Al paso de los años, menciona el estudio, los militares en México fueron ganando espacios, los cuales se incrementaron con la creación del Comando Norte, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. La reestructuración en el país no fue adecuada a las necesidades, por lo que las fuerzas armadas en territorio nacional siguieron bajo el esquema de 1940.
“No se edificó una secretaría de Estado del sector defensa con mando civil, no se integraron las Fuerzas Armadas en un Estado Mayor Conjunto, y siguieron divididas en dos como sucedió desde 1940: Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que incluye a la fuerza aérea, y la Secretaría de Marina (Semar)”.
Esto permitió a los militares negarse a participar en misiones externas como son las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y enfocarse a temas de seguridad, labor que fue respaldada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, a pesar de que fracasaron en el combate al narcotráfico, fortalecieron su presencia en las instituciones civiles.
“En esta estrategia, denominada “guerra al narcotráfico” por el presidente Calderón, las Fuerzas Armadas se volvieron a empoderar en el seno de las instituciones del gobierno federal. El balance de los seis años de guerra bajo el gobierno de Calderón muestra que fracasó en el intento de destruir y contener a los grupos criminales, por el contrario, estos se fortalecieron”.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, refiere el estudio, poco a poco se incrementó la presencia militar en estados como Morelos, Estado de México, Nayarit, Baja California Sur, Puebla y Guanajuato, donde existían bajos índices de seguridad.
El despliegue llevó a que las autoridades civiles tuvieran como interlocutor principal a las autoridades militares, proceso con el que se consuma la militarización del país a través de la falta de diálogo entre autoridades civiles, y tener de interlocutor al Ejército.
“De facto, poco a poco se traslada el poder a las autoridades militares en materia de seguridad pública. Este proceso es el que se denomina ‘militarización’ y se da de forma ascendente desde 2006. Solamente algunos estados del país quedan al margen de este proceso, sobre todo en la Ciudad de México y el sur.
UNA RELACIÓN PELIGROSA: AMLO-EJÉRCITO
El análisis hecho por el investigador Raúl Benítez Manaut considera que la participación del Ejército –aunque está justificada, principalmente, en el combate al crimen– no ha tenido resultados, ya que los homicidios pasaron de 8 mil 887, en 2007; a 35 mil 588, en este año, la causa principal: el tráfico de drogas y las armas provenientes de Estados Unidos.
“Los análisis de la guerra al narcotráfico sostienen que es una guerra prolongada, sin posibilidades de éxito para el Estado mexicano por diversos factores, entre ellos el concepto de fronteras porosas que existe entre Colombia, América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, que facilita el tránsito de drogas, personas, armas y dinero, entre otros factores.
El análisis considera que, a pesar de los malos resultados, y que en diferentes ocasiones el entonces aspirante a la presidencia del país, ha modificado su discurso para mantener una relación con las fuerzas armadas.
“En México muy pocos políticos han entrado en conflictos con las Fuerzas Armadas. Esto se explica porque estas no tienen historial golpista y la autonomía que ostentan es simétrica a la que gozan líderes políticos civiles que tienen cargos de administración pública. AMLO ha sido una excepción.
“Durante su carrera política cuestionó duramente a las Fuerzas Armadas en las campañas electorales para la presidencia en 2006, 2012 y 2018. Sin embargo, a los momentos de conflicto le han seguido momentos de acercamiento bus[1]cado por ambas partes. Esto sucede desde que ganó la elección el primero de julio de 2018. Al día siguiente de su triunfo inició una gradual construcción de confianza y acercamiento. De hecho, se está edificando una nueva relación cívico-militar, se amplían las misiones castrenses y se construye una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional”.
Esta nueva relación incluye que las Fuerzas Armadas realicen nuevas labores, entre ellas, las operaciones de construcción de paz, atención a la emergencia sanitaria de covid-19 y fenómenos naturales, la implementación del plan migrante Frontera Norte y Sur, seguridad y erradicación, protección a instalaciones estratégicas.
Otras facultades del Ejército son la vigilancia de la red de ductos de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, las operaciones navales para la aplicación de la ley, protección de la Vaquita Marina, protección marítima y portuaria, operaciones búsqueda y rescate, construcción de infraestructura estratégica, así como sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte de la Secretaría de Mariana (Semar), en el control de las Capitanías de Puerto.
En el documento se establece que hay una relación entredicha entre ambas partes (las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo), sin embargo, menciona que hay una disputa entre ambas partes por ser el actor principal.
“Se observaba gran desconfianza mutua, la relación entre las Fuerzas Armadas y el presidente López Obrador mutó debido al pragmatismo, porque son los dos actores más populares del país, en cuanto se refiere a respaldo medido en encuestas de opinión. Las dos partes obtienen un sólido apoyo de la población de más del 50 % de los sondeos. Por ello es una militarización con respaldo popular.
“Sin embargo, este respaldo de la población no es suficiente, pues el gobierno y las Fuerzas Armadas también necesitan de la sociedad civil organizada en organizaciones no gubernamentales, las universidades, los académicos y la prensa para lograr una legitimidad y darle viabilidad democrática a la dupla militares-gobierno, como sucede en cualquier democracia moderna”.
De no conseguirse una unión entre ambas partes, México seguirá “viviendo el dilema de su historia: militarizar o civilizar. De no civilizarse la vida del país, la relación de respaldo mutuo entre López Obrador y las Fuerzas Armadas podría ser un esfuerzo”.
(djh)