Con el arranque de la nueva administración federal y a través de la Secretaría de Hacienda se reinició la investigación en torno a las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.
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Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña en 2012 y posteriormente ya durante su gobierno, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.
El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
Además el SAT investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.
De estas empresas cuatro participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los Estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.
También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss y en todos los casos no fueron localizadas.
En diciembre del año pasado, ya con el inicio del nuevo gobierno federal, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse.
Al no haber respuesta, el SAT publicó el 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma.
Lo mismo hizo el SAT con las otras 11 empresas vinculadas con Blunderbuss Company.
El 12 de junio de 2017, MCCI reveló que dos empresas "offshore" utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos habían transferido 3 millones 754 mil dólares a Blunderbuss, una compañía constituida en Poza Rica que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
En nuevos documentos de la Fiscalía brasileña y los que tuvo acceso MCCI, muestran que el monto superó en realidad los 6 millones 112 mil dólares.
En aquella investigación se documentó que detrás de Blunderbuss operaba una red de prestanombres ligada al gobierno veracruzano que en aquel momento era encabezado por el exgobernadorJavier Duarte, así como a la oficina de Odebrecht en México.
Las primeras operaciones
Fue a mediados de 2009 cuando se empezaron a realizar las primeras transferencias a Blunderbuss, según los documentos obtenidos por MCCI. Ese año se traspasaron 2 millones 358 mil 108 dólares a través de la empresa panameña Constructora Internacional del Sur, utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos, y con la intermediación de Credicorp de Panamá, Banorte y The Bank of New York.
Para 2010 se transfirieron otros 2 millones 3 mil 918 dólares, y en una porción de estas operaciones Odebrecht recurrió a Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD), empresa ubicada en la isla de Antigua, también utilizada para encubrir pagos ilegales a políticos.
Finalmente, en 2011 Blunderbuss recibió 1 millón 750 mil 784 dólares a través de las dos empresas fachada y con la intermediación de Credicorp, Monex y Meinl Bank Antigua, éste último banco propiedad de Odebrecht.
Investigación trunca
A partir de la información revelada por MCCI, la administración de Enrique Peña Nieto inició una investigación sobre las operaciones de Blunderbuss y las transferencias con la red de sobornos de Odebrecht, pero la pesquisa quedó trunca.
El 27 de septiembre de 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había obtenido una relación de los movimientos bancarios de Blunderbuss con Innovation Research Engineering and Development y Constructora Internacional del Sur, ambas utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos.
También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había elaborado desde noviembre de 2017 un reporte de 50 páginas con información de movimientos de la cuenta 172268949 de BBVA Bancomer a nombre de Blunderbuss.
En tanto, la extinta Procuraduría General de la República había recibido información de operaciones inusuales de Blunderbuss, a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero.
La coordinación de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó que Blunderbuss era una empresa irregular, pues en sus registros no localizó antecedentes de la misma.
Además de revisar sus declaraciones fiscales, el SAT también investigó a la red de empresas fantasma vinculadas a Blunderbuss.
Pese a toda esta información la investigación quedó trunca y la ahora Fiscalía General se enfocó en sólo integrar el expediente de Odebrecht con los sobornos confesados en la refinería de Tula.
Sin embargo, la actual administración federal, mediante Hacienda reinició la investigación en torno a la red de empresas ligadas a Blunderbuss, las cuales fueron registradas en los municipios de Poza Rica y Naranjos, al norte de Veracruz, y que comparten prestanombres, apoderados y representantes legales.
El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT incluyó en su lista negra de empresas presuntamente fantasma a Blunderbuss, que tiene como aparente dueño a Plinio Roldán Lecona Argüelles, su supuesto socio es Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros de 68 años de edad.
kach