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En 2022 se reducirá en 19% presupuesto para combatir la corrupción

Para 2022 se destinarán 2 mil 259 millones 525 mil pesos al Anexo Transversal Anticorrupción, mientras que 2020 fueron 3 mil 315 millones 800 mil pesos

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Para el 2022, el Gobierno Federal reducirá en un 19 por ciento menos el presupuesto designado para el combate a la corrupción, según revela el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del próximo año que fue entregado este martes a la Cámara de Diputados.

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En el paquete económico quedó asentado que para el próximo año, el Ejecutivo federal designará 2 mil 259 millones 525 mil pesos al Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), mientras que en el ejercicio fiscal 2020 fueron 3 mil 315 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con el ATA, tres dependencias son centrales en el combate de la corrupción: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues concentran más del 85 por ciento de este gasto.

Para el presupuesto que fue otorgado para este año, al CJF se le otorgaron mil 504 millones de pesos (45 por ciento del ATA de 2021); la SFP con mil 116 millones de pesos (34 por ciento), y la UIF con 170 millones de pesos (5 por ciento).

Ahora para el paquete económico que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 2022, éstas tres dependencias sufrieron una reducción de hasta un 40 por ciento. El Consejo de la Judicatura Federal recibirá 986 millones 364 mil pesos (41 por ciento menos); la Secretaría de la Función Pública con 909 millones 33 mil pesos (34 por ciento menos) y la Unidad de Inteligencia Financiera con 157 millones 712 mil pesos (14 por ciento menos).

ATA FUE INCORPORADO POR PRIMERA VEZ EN 2018

El ATA es una herramienta presupuestaria, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, que permite conocer el monto de los recursos destinados al combate de la corrupción y las dependencias que lo ejercerán.

Además, ayudará a identificar cómo se asignan y ejercen los recursos para cumplir con las 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción (PNA).

Este anexo se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018, donde fue titulado “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. Al año siguiente se eliminó y en 2020, después de que diversas ONG pidieron su reinserción, se logró reincorporarlo.

A partir de este año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) será la encargada de coordinar la integración y autorizar el ATA. 

INCREMENTO MARGINAL DESDE 2018

En los presupuestos de entre 2018 y 2022 ha habido un incremento marginal pues únicamente se ha observado un aumento de 4.0 % a pesar de que el combate a la corrupción es uno de los principales ejes de trabajo del gobierno de la Cuarta Transformación, de acuerdo con la Escuela de Gobierno y Transformación pública del Tecnológico de Monterrey. 

Para cumplir este objetivo, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción conformado por siete instituciones que se integran en el presupuesto: Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública (SFP), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). 

De acuerdo con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, el gobierno federal continúa privilegiando el combate a la corrupción a través de las políticas de austeridad pero sin fortalecer la capacidad para detectar, investigar y castigarla. 

Eso se ve reflejado al momento de duplicar los recursos para implementar políticas de austeridad pues ha habido 106.5% de incremento pero al mismo tiempo disminuye hasta en 40 % la partida presupuestal para prevenir la corrupción y controlar la impunidad. 

Mientras que la SFP es una herramienta de control interno en el gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa una herramienta fundamental para investigar y en su caso castigar los actos de corrupción, sin embargo también será objeto de un recorte del 10.6 % según consta en la propuesta de presupuesto enviado al Congreso de la Unión para 2022.


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