La jurisprudencia que generó la aprobación de cinco fallos por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el uso recreativo de la marihuana, se logró gracias a la estrategia legal que implementó la organización civil, México Unido Contra la Delincuencia desde el 2012 a través de la iniciativa Smart.
Luego de que comenzaran a sentirse los efectos negativos por la guerra contra el narcotráfico, la ONG cuestionó la política de drogas y decidió que la mejor opción era por la vía legal.
Interpusieron el primer amparo, como parte de un experimento piloto llamado Smart. En 2015 la Corte admitió el recurso y comenzó el camino para la jurisprudencia. Los 5 amparos fueron promovidos por sujetos distintos pero apoyados, asesorados y promovidos por MUCD.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista con La Silla Rota que la estrategia comenzó en 2012, ante la falta de voluntad política de los legisladores de avanzar hacia la la regulación del cannabis.
“Teníamos que activar al poder judicial para ir generando fallos que de alguna manera acumularan jurisprudencia y a través de esta pudiéramos forzar el cambio legislativo”.
La iniciativa Smart ingresó el primer juicio de amparo en los tribunales mexicanos en 2012 contra un acto de autoridad por la negativa de otorgar autorización para consumir y producir cannabis de manera personal y sin fines de lucro. En noviembre del 2015 se dio el primer fallo.
“A partir de ese fallo favorable de ese primer esfuerzo, la iniciativa Smart lanzó su fase 2.0 donde se ingresaron siete demandas nuevas que siguieron su curso legal durante estos años y empezaron a llegar a la Suprema Corte de Justicia el año pasado”.
El primer amparo ganado se logró con miembros de MUCD. El segundo fue una iniciativa que originalmente se había interpuesto para contrarrestar la posibilidad de que se acumulara jurisprudencia. Fue el caso de Ulrich Richter.
“Nadie quería representarlo, nosotros terminamos defendiéndolo y al final se le otorgó el amparo de una manera muy paradójica”.
En el tercer caso, que fue parte de la estrategia Smart 2.0, tuvo como quejoso al ex senador y ex aspirante presidencial por la vía independiente, Armando Ríos Piter. También se otorgó el amparo.
Hubo uno que se ganó con miembros del consejo de México Unido Contra la Delincuencia. Solo que la votación fue en la Segunda Sala de la SCJN, por lo que no sirvió para crear jurisprudencia, ya que tenía que aprobarse en la Primera Sala, donde se discutieron los demás proyectos.
El cuarto y quinto se aprobaron este 31 de octubre. Con ellos se logró sentar jurisprudencia. Esos amparos fueron otorgados a Zara Snapp y Aram Barra, oficial del Programa para América Latina de Open Society Foundations.
Por un cambio en la política de drogas actual
A seis años de haber iniciado esta estrategia de mover a las cortes mexicanas se logró conformar la jurisprudencia con cinco fallos en el mismo sentido con el mismo número de votos.
La iniciativa Smart surgió para provocar una opinión legal en los tribunales del país favorable a la regulación, independientemente de que las personas a las que les fue otorgadas el amparo ejercieran o no el derecho reconocido por la SCJN.
“La mayoría de todos los quejosos que han promovido los amparos y a los que se les ha otorgado no ejercen necesariamente el derecho porque el fin era estratégico de lograr esa opinión legal y esa jurisprudencia y eventualmente el cambio legislativo. Todo eso para cambiar la política de drogas en este país que es altamente costosa no solo en términos de dinero, sino de vidas humanas”.
La estrategia también se pensó para forzar el reconocimiento de los usuarios de la marihuana como individuos con derechos por el sistema de justicia.
“Nunca fue el primer objetivo el uso personal adulto de cannabis, sino fue estratégico y de cambio de política pública. Habrá personas que en lo individual habrán decidido ejercer ese derecho, habrá otras personas que nunca lo harán y que más bien participaron en esto por una cuestión de principios y sobre todo de objetivos estratégicos de cambio de política de drogas”.
Smart es una creación de México Unido contra la Delincuencia. Todo ha sido porque esta organización ha querido y luchado por un cambio en la política de drogas, que es parte de la política de seguridad del Estado mexicano.
“Lo que queremos es que el Estado mexicano deje de distraerse persiguiendo usuarios de la cannabis, buscamos el reconocimiento de un derecho para los usuarios, una regulación para quitarle al Estado el pretexto de seguir persiguiendo por el consumo y posesión de drogas para que regrese a concentrarse a lo que sí es importante: la prevención y sanción del delito, sobre todo aquellos que dejan víctimas”.
Ello, lo lograron al propiciar una discusión sobre la necesidad de modificar la política de drogas, regular legalmente los mercados y devolver al Estado la tarea de perseguir los delitos graves como el secuestro, extorsión, homicidio y violación al dejar de otorgar recursos públicos en una prohibición que solo beneficia a los países consumidores.
“El derecho como tal para los individuos usuarios ya está reconocido por la Corte. Se reconoció que el uso adulto de cannabis es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en ese sentido se declaró inconstitucional la prohibición administrativa de la marihuana”.
Ahora que se sentó la jurisprudencia, solo falta que el Congreso regule esta sustancia para expulsar de las leyes mexicanas los artículos declarados inconstitucionales y modificarlos para que la cannabis sea legal por la ley y no solo sea un criterio interpretativo para los jueces cuando tengan que dictar una sentencia en materia de marihuana.
¿Qué pasó después del primer amparo?
La organización MUCD fue buscada por muchas personas que quisieron promover acciones similares después de que en 2015 se otorgara el primer amparo a la iniciativa Smart.
“Después del fallo de 2015, la Cofepris recibió más de 300 solicitudes de consumo lúdico de cannabis que además decidió no contestar para no generar actos de autoridad que pudieran desatar una luz de amparos promovidos en contra ese acto de autoridad”.
Comentó que luego de esa batalla ganada decidieron asesorar a algunas personas para que interpusieran su amparo y publicaron toda la información y los argumentos que utilizaron para el caso Smart. Esto para que quien quisiera emularlos fuera de manera independiente.
¿Qué sigue después de la jurisprudencia?
Ahora le toca al Congreso definir los términos de la regulación. En ella se tendría que incorporar el suministro original de la semilla que dará lugar a la planta y se tendrá que regular cuáles son las condiciones de producción, transformación y de consumo del producto final.
“Esto puede adquirir diversas formas. Puede ser un régimen regulatorio parecido al uruguayo donde haya más de una vía de suministro, pero está es mutuamente excluyente. Podría ser el autocultivo de los clubes sociales de cannabis y la venta al menudeo o podría ser lo más similar al modelo de Canadá, donde estas formas de suministro no son excluyentes y las personas pueden autocultivar y además hacerse de cannabis por la venta al menudeo”.
A partir del cuarto amparo, la Corte incluyó el tema de la semilla y le ordene a Cofepris suministrar esa semilla para que el derecho pueda ser ejercido.
Después de la jurisprudencia, el Congreso tendrá que regular un modelo mexicano pensado para su contexto y para sus instituciones.
“Se puede aprender de todos los modelos regulatorios que existen hoy en día en el mundo. Tenemos nueve estados en Estados Unidos, Canadá y Uruguay. De estos modelos hay elementos que nos parecen interesantes y se pueden considerar para México. De Uruguay rescatamos la creación de un instituto de regulación del cannabis. De California rescatamos que hay una reparación del daño para las comunidades más afectadas por la prohibición y una eliminación de los antecedentes penales para aquellos que fueron detenidos por la posesión simple de cannabis”.
En el caso de Canadá rescatan el mantenimiento de prohibiciones fuertes dentro del modelo regulatorio para sancionar las actividades que ocurran fuera de la legalidad y las prohibiciones de hacer patrocinios de eventos públicos a través de la industria de la marihuana, la mercadotecnia para promover el consumo o incluso el suministro para menores de edad.