Para Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sea solo parte de las tareas de la Secretaría de la Función Pública, habla de un “profundo desconocimiento” del mandatario sobre las funciones del organismo.
En entrevista con La Silla Rota, López Ayllón, quien ha dedicado parte de su carrera como investigador a abonar en la consecución del derecho a la información pública gubernamental, asegura que eliminar el INAI sería “un grave retroceso para la vida democrática del país”.
“Eso es un sinsentido, lo que habla es de un profundo desconocimiento del diseño institucional del Inai. Es un organismo que tiene carácter nacional y que tiene jurisdicción, no sólo sobre el gobierno federal, sino que tiene capacidades de revisión sobre lo que hacen los organismos estatales de transparencia, eso no puede estar en Función Pública”.
Y es que, este jueves, el presidente López Obrador se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública absorba las tareas que realiza el Inai, bajo el argumento de que el organismo garante del acceso a la información y de la protección de datos personales, es muy costoso para la Hacienda Pública.
López Ayllón asegura que, de consumarse la eliminación del organismo, ese acto “representaría una violación a varios de los principios de la constitución y, particularmente, al de la progresividad de derechos”.
“Cuando hemos avanzado en la protección de un derecho, no podemos dar pasos para atrás, sería una violación directa al concepto constitucional que habla de que la primera obligación de cualquier funcionario público, incluyendo al presidente, es la protección y garantía de los derechos consumados en ésta”, afirma el académico.
El académico que ha seguido de cerca los avances y temas que trabaja el Instituto insiste en que las funciones de este no se reducen a solucionar temas de acceso a la información, como las solicitudes de transparencia que interponen los ciudadanos, sino que es el organismo garante de proteger derechos.
Desaparecer el Inai implicaría, forzosamente, una reforma constitucional, no se trataría de una reforma legal que puedan pasar los miembros del partido del presidente -Morena- con facilidad, al menos en el Senado, se tendrían que negociar los votos de la oposición.
Además, el derecho de acceso a la información está mandatado en documentos de organismos internacionales de los que México es parte, como la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Eliminarlo incumpliría su normativa, explica el experto.
López Ayllón comparte, junto con otros impulsores de la transparencia gubernamental, que el Inai ha puesto sobre la mesa toda la información necesaria para evaluar el ejercicio de los gobiernos, ha abierto las puestas a un periodismo más crítico y veraz.
“Hay muchos casos, muchos ejemplos, de lo que hoy sabemos gracias al acceso a la información. El estado que guardan las contrataciones del gobierno; los resultados de políticas públicas en materias de salud y educación, se hacen con base en solicitudes de acceso a la información.
“No quiero decir que nuestro entorno sea perfecto y que estemos ‘como en Suiza’, pero, si comparamos de dónde venimos a dónde estamos, creo que hay avances visibles, importantes y sobre todo, que las personas saben que tienen ese derecho, a saber”, concluye.