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Elecciones “secuestran” la agenda legislativa del Congreso

Especialistas advierten poca actividad legislativa de fondo; temas tendrán bajo impacto en marco legal mexicano

Escrito en NACIÓN el

El Congreso de la Unión iniciará este 1 de septiembre el último año de ejercicio de la 64 Legislatura y, de cara al proceso electoral de 2021, la agenda que se asoma entre los grupos parlamentarios de ambas Cámaras está cargada a la estrategia de votos.

Mientras las fracciones de la mayoría plantearán una agenda de combate a la corrupción, apegándose a la estrategia electoral de 2018; los grupos de oposición van por empujar temas relacionados al manejo que dio el gobierno a la epidemia de covid-19.

En la Cámara de Diputados se definió la agenda legislativa la semana pasada, en las reuniones plenarias que las fracciones sostuvieron a distancia y presenciales, pero varios temas difieren bastante de la ruta de la autodenominada cuarta transformación.

Como prioridad, los diputados de Morena impulsarán la eliminación de fideicomisos para darle aire al paquete presupuestal 2021, que enviará el Ejecutivo el 8 de septiembre; y sumarán la línea que marcó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como asuntos “que son de particular interés del presidente”.

La aprobación del presupuesto va a darle prioridad a la entrega de becas y apoyos sociales, así como las obras que se espera tengan mayores avances rumbo a la mitad del sexenio, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

En el Senado, el grupo parlamentario de Morena se vio dividido a causa de las aspiraciones de dos bandos al interior por ocupar la presidencia de la Mesa Directiva. Así que 15 senadores, encabezados por Martí Batres, madrugaron al coordinador Ricardo Monreal y presentaron un proyecto de agenda, a días de realizarse su plenaria.

El coordinador morenista constituyó una Comisión Especial de Agenda Legislativa, que integró sólo a una senadora de lo que ya se considera un bloque “de contención” a los acuerdos que genera Monreal con la oposición: Jesusa Rodríguez.

Según lo dicho en comunicaciones oficiales por los senadores de Morena, la agenda legislativa pretende agotar los pendientes que queden de las propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, y así apoyar su tercer informe.

Entre los temas estarán la reforma al Sistema de Justicia, en materia de pensiones y Afores, y la del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y apoyada por la Auditoría Superior de la Federación. 

Juicio a expresidentes: discurso legislativo

Uno de los temas que se promocionarán como parte de la agenda legislativa de la mayoría, pero se vislumbra para no prosperar, será la solicitud para enjuiciar a los expresidentes, para lo que cualquier Cámara de Congreso requiere de la intención y firma de 33% de sus legisladores.

José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a La Silla Rota que la agenda de Morena en el Congreso es “estrictamente electoral” y sus líderes parlamentarios apelarán al discurso contra la corrupción, para salvar las críticas de las decisiones tomadas en la epidemia de covid-19.

“El tema de la consulta para juzgar o no a los expresidentes tiene un propósito electoral. De entrada, es anticonstitucional que la aplicación de la ley se ponga a consideración de los ciudadanos; la ley se tiene que aplicar y punto. 

“Si hay indicios, elementos y pruebas que puedan inculpar algún expresidente o varios de ellos, se tiene que aplicar. No necesita el permiso de nadie; pero lo presentan porque eso tendrá un efecto electoral”, refirió.

Para Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en caso de conseguirse las firmas en el Poder Legislativo y de realizarse la consulta, no hay fundamento jurídico para enjuiciar a los expresidentes, mientras no haya una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento hay dos intenciones para llevar a cabo la consulta popular: uno del bloque disidente de Morena en el Senado y otro de los vicecoordinadores del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles Montoya.

La oposición le apuesta a la epidemia

Mientras las fracciones mayoritarias se decantan por una agenda que apoye el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, los grupos de oposición buscarán impulsar propuestas que solucionen los problemas de salud y económicos que ha traído la epidemia de covid-19, alegando que el gobierno no supo contenerla. 

Al menos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional coinciden en la propuesta económica, pero con diferente perspectiva: los primeros impulsan la creación de un ingreso vital que apoye a los trabajadores informales, y los panistas buscan un ingreso básico universal a repartirse entre toda la población afectada en materia laboral.

José Antonio Crespo advirtió que la oposición colocará estos temas en “con una intención político-electoral”, pero difícilmente podrán avanzarlos si forman un yunque a temas de los que son prioritarios para Morena, pues no conseguirán la mayoría.

“De hecho Morena ya les dijo que no. Impulsando temas y propuestas del presente, que tiene que ver con lo económico, distribución de recursos, y la distribución del ingreso a nivel federal con la reforma fiscal federal”, dijo. 

Lo mismo sucederá con la agenda del PRI, pues su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo a los diputados que “el paquete económico 2021 debe tener un enfoque de atención para los efectos de la pandemia: salud y un ingreso mínimo vital”.

Los senadores priistas adelantaron que impulsarán temas de apoyo a los sectores de desarrollo social, laboral, agropecuario, educativo, turístico, medioambiental y cultural, que se han visto afectados por la epidemia del coronavirus.

Trabajo legislativo a distancia

El Congreso también prepara una reforma constitucional para que le sea permitido llevar a cabo sus sesiones ordinarias a distancia. De acuerdo con el Reporte Especial de Integralia Consultores sobre el arranque del próximo periodo ordinario, ambas Cámaras pudieron legislar, en los seis meses que duró el receso, en una reforma que les permitiera avanzar.

“El Congreso dejó pasar seis meses para comenzar a regular sesiones a distancia lo que retrasó el desahogo de la agenda legislativa. La Cámara de Diputados tiene tres mil 661 iniciativas pendientes, mientras que el Senado dos mil 780 iniciativas por desahogar”.

Para Gustavo López Montiel, la reforma constitucional que permita las sesiones con votación a distancia, no es una reforma de fondo y en nada abonaría al desahogo de los pendientes legislativos, pues considera que sería mejor no dejar medio año de receso.

“Las sesiones a distancia no implican que cambie en algo el método de trabajo, es decir, que tengan que reunirse en comisiones y sesionar cada semana en el pleno. Algo realmente novedoso y útil sería que sesionaran todo el año, como en otros países”, dijo.

El reporte de Integralia Consultores asegura que el principal reto de los legisladores federales, al aprobar los trabajos a distancia, será “garantizar un ejercicio parlamentario transparente y apegado a los principios de consenso en la construcción de las normas, escuchando a las partes afectadas a fin de que se respeten los derechos de todos”.

“De no aplicarse correctamente este mecanismo, los principales riesgos son: la aprobación de asuntos con premura, sin análisis de posibles impactos y sin consenso con los actores involucrados; la violación de las prácticas parlamentarias; y la extralimitación por parte del grupo mayoritario. Es decir, podría diluir el debate legislativo considerablemente”.