Al llegar a territorio nacional, en caso de que se apruebe su extradición de Estados Unidos a México, César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, será llevado ante un juez de control, donde la fiscalía estatal lo acusara de peculado y asociación delictuosa, a partir de más de 20 datos de prueba, así como testimonios de personas que formaron parte de su gabinete cuando fue gobernador.
Uno de los principales testigos de la Fiscalía, es Jaime Ramón Herrera Corral, quien fue titular de la Secretaría de Hacienda de la entidad, quien narró, que el dinero desviado fue utilizado para la compra de terrenos, ganado e inmuebles, en México y Estados Unidos.
Ayer, La Silla Rota informó, según las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, como se llevó a cabo la estrategia para el desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Chihuahua, cuán Duarte fue gobernador de esa entidad.
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EL ESQUEMA
De acuerdo con la investigación que integró la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua contra César Horacio Duarte Jáquez, conformó una estructura de tres niveles para realizar desvíos a través de Jaime Ramón Herrera Corral, en la que participaron diferentes exfuncionarios durante esa administración en el desvío de los recursos.
“El primero, integrado por los titulares de las Secretarías y equivalentes; el segundo, compuesto por directores generales, directores, jefes de departamento (quienes atendían las instrucciones de la operación de los recursos públicos para su desvió), y el tercero, dirigido a conservar la operación técnica y burocrática en la atención a la sociedad, que se conformaba por empleados que en su mayoría provenían de administraciones anteriores”.
Entre los principales operadores, para el presunto desvío de recursos, se encuentra el exdirector para el Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), sobrino de Duarte, identificado con el nombre de Jaime Ríos Fong.
La investigación menciona que gracias a acuerdo de austeridad publicado en el Periódico Oficial del Estado número 2, Duarte pudo la facultad de realizar el cobro de recursos que supuestamente eran entregados por el exmandatario.
“A principios de dos mil trece el ejecutivo estatal expidió un acuerdo de austeridad publicado en el Periódico Oficial del Estado número 2, del cinco de enero de esa misma anualidad, que se refrendó los siguientes años, y a partir de ahí todos los procedimientos de adquisición, licitación, proveeduría y demás, se concentraron en la Dirección General de Administración, tanto los relativos a la administración pública centralizada, como a la descentralizada y a la paraestatal”.
Según el expediente, el exgobernador, junto con otros exfuncionarios dirigió el direccionamiento a proveedores determinados para sobreprecios a productos y servicios inexistentes o inferiores a las especificaciones y requerimientos
“La cobranza se realizaba a través de operadores externos y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al exgobernador Cesar Horacio Duarte Jáquez”, menciona el expediente.
De acuerdo con las investigaciones, al no poder cuadrar las cuentas, Cesar Duarte, “presionaba para obtener la liberación de los recursos a favor de las referidas personas morales y los solicitaba en calidad de urgentes, por lo que se hacían en un lapso menor al ordinario, fuera de la normatividad y sin comprobación. El mecanismo para liberar recursos públicos fuera de la normatividad y los procedimientos establecidos a favor de” las asociaciones creadas por Duarte “consistió en registrarlos en una cuenta deudora, ya que de esa forma solo era necesario contar con la solicitud y un recibo del beneficiario.
“Ello, debido a que era utilizada fundamentalmente para asuntos de emergencia, en los cuales resultaba prioritario liberar el recurso y entregarlo al beneficiario para que afrontara la contingencia sin pérdida de tiempo; mientras que el ente ejecutor se comprometía a entregar la documentación comprobatoria de la aplicación del recurso a la brevedad, a más tardar antes del cierre del ejercicio fiscal”.
La investigación relata que los recursos desviados durante la administración de César Duarte fueron destinados para la compra de propiedades tanto urbanas como rústicas; “es decir predios y ranchos ganaderos, así como para desarrollar plantaciones de nogal, adquirir ganado y maquinaria y desarrollar construcciones en sus propias ganaderas”.
La Fiscalía tiene identificados diferentes propiedades, las cuales, una vez que se inicie el juicio, solicitarán al juez que sean embargadas, como parte del desvío de recursos que, supuestamente efectuó el exgobernador durante su administración.