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El riesgo de ser defensor de derechos humanos en México

El pasado lunes, el automóvil en el que viajaba el presidente de la CDHBCS, Silvestre de la Toba Camacho y su familia fue atacado a tiros en La Paz

Escrito en NACIÓN el

“Es una actividad de alto riesgo, donde nuestras vidas dependen de que nosotros mismos nos podamos defender, de que tengamos muchas precauciones y que estemos constantemente solicitando el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos para denunciar”, afirma Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas.

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El pasado lunes, el automóvil en el que viajaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho y su familia fue atacado a tiros en una de las avenidas principales de La Paz.

En el ataque murió el ombudsman y su hijo de 20 años; su esposa e hija quedaron gravemente heridas.

A pesar de que De la Toba es el primer titular de una comisión de Derechos Humanos asesinado, desde 1990 cuando se instauró la figura como tal, son cientos los casos similares que se presentan diariamente en nuestro país contra activistas de comités independientes que buscan vigilar los derechos humanos.  

Tan sólo en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado 106 ejecuciones y 81 desapariciones contra activistas, según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Además, esta organización contabiliza las amenazas, agresiones e intimidaciones contra los defensores de derechos humanos en todo el país, las cuales suman a 862 desde el 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2017.

Podemos afirmar que los actos contra las personas y colectivos que defienden los derechos humanos por su labor constituyen una práctica generalizada en el país lo que refleja la inacción o falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras y el incremento del riesgo para éstas”, afirma Red TDT en su último informe.

Ramón Verdugo Sánchez, el "hermano Ramón" -como es conocido en Tapachula- se dedica a velar por los derechos humanos de los migrantes en la zona sur del país. Él narró a medios de comunicación en 2014 cómo unos hombres llegaron a amedrentarlo.  "Llegaron con armas y se introdujeron al albergue", y me dijeron que "cerrara la boca, pues de otra forma me iban a hacer daño", comentó el activista sobre la irrupción de un comando aquél 27 de julio de ese año.

Recientemente, el "hermano Ramón" denunció que mandos policiacos del estado están relacionados a bandas del crimen organizado, lo que le valió nuevas amenazas contra su integridad. 

Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur

Las amenazas 

Raymundo Ramos, es desde hace 20 años es férreo defensor de derechos humanos y hoy, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El organismo que preside da acompañamiento a familiares y a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación sexual.

Raymundo describe a La Silla Rota cómo es vivir con el miedo constante y el temor de ser asesinados en cualquier momento por su causa, en nuestro país.

En este tiempo, de 2007 a la fecha, desde que inició la guerra contra el narcotráfico hemos sido víctimas de amenazas y agresiones directas tanto por parte de personal del ejecito, como de la Marina, Fuerza Tamaulipas, con amenazas, intentos de allanamiento, campañas de desprestigio en redes sociales, entre otras situaciones”, relata.

El activista de Tamaulipas también ha visto cómo estas amenazas se hacen realidad en compañeros de lucha y colaboradores.

Uno de ellos es Miriam Rodríguez, una mujer que se volvió activista tras el secuestro y asesinato de su hija Karen Alejandra en 2014. Un comando armado ingresó a su domicilio en San Fernando el 10 de mayo de este año.

Mataron en Ciudad Victoria a Miriam Rodríguez y entendimos que se trataba de un mensaje tanto a los defensores como a las familias de víctimas. Y, en febrero, nuestro abogado, Martin Alvarado fue detenido por elementos de Fuerza Tamaulipas, acusado de ‘faltas a la autoridad’, cuando estaba en su casa, llegando con su familia, metiendo la camioneta en su cochera, lo someten a una revisión y lo meten a la cárcel”, lamenta.

Ramos agregó que la impunidad de los crímenes es también un tipo de violencia, ya que ha documentado amenazas, intimidación y agresiones, pero las ni las fiscalías locales, ni la Procuraduría General de la República (PGR) han consignado a los culpables.

El defensor de derechos humanos recuerda una situación en particular que le dejó a él y a su equipo una serie de secuelas y afectaciones emocionales: la movilización de más de 100 elementos de la Marina en sus oficinas.

Un grupo de marinos intentan allanar nuestras oficinas para detenerme, yo no me encontraba, pero esa movilización de 150 elementos nos ha creado graves problemas emocionales a todos los que trabajamos ahí. Si eso hace la autoridad, ¿qué podemos esperar de la delincuencia?”, reclama.

la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 84 organismos de defensa por los derechos humanos en 23 estados del país documentó que además de la omisión de las autoridades en la búsqueda de la justicia, son ellas mismas las que atentan contra los activistas.

Los gobiernos estatales son los que más alta frecuencia tienen en las violaciones de derechos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos. El gobierno federal como perpetrador representa el 32% (220) de los eventos registrados. Por su parte los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141)”, señala en su informe.

En cuanto a los ombúdsmanes que representan a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, se tiene conocimiento que los titulares de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas se encuentran bajo amenazas.

Después del asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, la presidenta de la CDH de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez también reveló que ha sufrido constantemente intimidaciones y advertencias.

Por su parte, el activista tamaulipeco Raymundo Ramos afirmó que a pesar de viven en peligro latente de ser ultimados ellos y sus familias, no dejarán la labor de ayudar a las víctimas mientras la violación de derechos humanos sea una constante en México.

Esta labor, esta misión de trabajar en beneficio de los derechos humanos no la podemos abandonar porque somos lo último que le queda a las víctimas y sus familiares. Mientras los gobernadores solo los busquen en tiempos de campañas y las autoridades no resuelvan nada, siempre estaremos nosotros como el último recurso, la última salvación y es una responsabilidad muy grande que no queremos abandonar, incluso poniendo en riesgo nuestras vidas”.