GUERRA SUCIA

El Quemado, pueblo emblema de la guerra sucia

A juicio de víctimas directas, El Quemado era y sigue siéndolo, una comunidad pacífica, a la que entró el Ejército y se llevó a todos los varones
El Quemado, pueblo emblema de la guerra suciaLucio Cabañas fue asesinado en El Quemado (Especial)

Un día de finales de agosto de 1972, unos militares llegaron a El Quemado, un pueblo de Atoyac de Álvarez ubicado en las faldas de cerros que dictan el camino hacia la Sierra. Era de mañana. Un primer grupo cateó las casas, y un segundo realizó las detenciones de unos 92 varones por presunto cobijo a la guerrilla del maestro rural Lucio Cabañas Barrientos.

El grupo de detenidos, donde lo mismo había adolescentes que ancianos, representa en carne propia las consecuencias de la política institucional de tortura, desaparición y exterminio de entonces.

Los militares en ellos probaron todas las formas de castigo físico o psicológico que conocían. Agujas clavadas bajo las uñas, descargas eléctricas en los genitales, vendaje permanente de los ojos, espanto del sueño a punta de golpes, ayunos, son sólo algunas. Aunque la prueba máxima fue obligar a las víctimas a ver cómo lastimaban a sus padres, hijos o hermanos.

Lo que se escribe aquí, es versión de Avelino Pino Hernández, Víctor Martínez Vargas, Benito Manrique Jiménez, Hipólito Morales Liza y Evaristo Castañón Flores, víctimas directas de El Quemado, en una carta que publicó Proceso el 5 de septiembre de 2004, a manera de aclaración de los hechos en esa comunidad.

Entre las precisiones que hicieron los sobrevivientes, es que fueron los mismos guachos los que sembraron en sus casas utensilios militares para después acusarlos de una relación con el grupo subversivo de Lucio Cabañas.

Cuando hablaron de que les obligaban a observar la tortura, los sobrevivientes citaron los casos de Fidencio Martínez Fierro y su hijo Víctor Martínez Vargas; de Avelino Pino Hernández, su hermano Celso y padre de ambos, Antonio Pino Díaz; el de Guillermo Morales Piza, su hermano Eliseo y el padre de los dos, Darío Morales Navarrete. Este método los llevó a firmar confesiones en blanco.

Nicomedes Fuentes, ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad), creada para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, y que durante los dos años y medio que funcionó (a partir de 2012) documentó 515 casos, cree que lo que ocurrió en El Quemado quedó como emblema de la política pública de esos tiempos.

A su juicio El Quemado era, y sigue siéndolo, una comunidad pacífica, a la que entró el Ejército y se llevó a todos los varones.

Algunos de éstos, dijo con su experiencia en la documentación del caso, fueron desaparecidos, aunque los menos; otros asesinados a punta de tortura, como don Ignacio Sánchez, del que sus familiares nunca recibieron su cadáver, y otros encarcelados con sentencias de 28 o 30 años de prisión.

En la Comverdad, informó Fuentes, pudieron documentar más de 60 violaciones a los derechos humanos en El Quemado. El número, como lo dicen sobrevivientes en la carta de hace casi 15 años, puede ser mayor.

En lo que sí hay completa similitud entre las dos versiones, es que el Ejército acusó a los habitantes de ese pueblo, como lo hizo con otros pueblos, de haber participado en una emboscada contra ellos.

Nicomedes Fuentes piensa que el caso de El Quemado quizá tiene mayor referencia en la historia en cuanto a violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, porque esta comunidad situada a unos 12 kilómetros de una desviación del tramo carretero Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, es de las más grandes y organizadas. La Comverdad documentó más intervenciones del Ejército de este tipo en otros pueblos de la Sierra de Atoyac de Álvarez, de Tecpan de Galeana, de Coyuca de Benítez y de Acapulco.

Parece que El Quemado sí es el mayor generador de culpas, porque el gobierno mexicano presentará ahí el Plan Colectivo de Reparación Integral a víctimas de la Guerra Sucia, que aprobó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como nueva política que subsane parte del daño del pasado.

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