En espera de que inicie formalmente el proceso de revisión de los perfiles de los interesados a la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), algunos candidatos ya están bajo la lupa y el cuestionamiento tanto de legisladores como de la opinión pública.
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Sin embargo, será hasta el 8 de diciembre cuando el Senado de la República determine -luego de una evaluación exhaustiva en la Comisión de Justicia- quiénes de los 21 candidatos que buscan suceder al cesado Santiago Nieto son “elegibles”.
Ya sea por su pasado partidista, su desempeño como exfuncionarios o su cercanía con algunos gobernadores e, incluso, miembros de Gabinete, algunos candidatos a la Fepade no escapan a la polémica y al severo cuestionamiento de qué tanta “imparcialidad” pueden aportar en medio del proceso electoral 2018, el más complejo en la historia de nuestro país.
De pasado partidista o envueltos en la polémica:
Alejandro Porte Petit González. Tras la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade, quedó al mando de la institución. Precisamente en su calidad de encargado de despacho ha generado el rechazo de la bancada PT-MORENA en donde consideran que el funcionario es “el favorito” del Gobierno Federal.
Algunos legisladores de izquierda consideran que Porte Petit González ha sido omiso en toda actuación relativa al escándalo Odebrecht que la fiscalía investigó cuando estaba al mando Santiago Nieto.
Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. El magistrado de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido director de 193 tesis profesionales, entre ellas la del presidente Enrique Peña Nieto.
Este jurista de larga trayectoria generó polémica el año pasado cuando salió en defensa del mandatario ante las acusaciones de plagio en su trabajo profesional el cual dijo fue “muy original” condenando así los intentos de “linchamiento” contra Peña Nieto.
Raúl Arroyo González. Ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre 2005 y 2009, guarda una cercana relación con Eduardo Osorio Chong, hermano del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong.
Se desempeñó durante 17 meses como delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. También ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Ricardo Suro Gutiérrez. En 2014 fue nombrado Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, propuesto por el gobernador Aristóteles Sandoval. Es medio hermano del magistrado Ricardo Suro Esteves, cercano al padre del gobernador de Jalisco y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, Jorge Leonel Sandoval Figueroa.
De 1992 a 1994 trabajó como auxiliar administrativo en la secretaría de Administración de Jalisco, que gobernaba de manera interina Carlos Rivera Aceves, del PRI.
Augusto José Isunza Padilla. Ex fiscal de delitos electorales del Estado de México, nombrado en julio de 2014 a propuesta del Procurador General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien fue a su vez designado por el hoy exgobernador Eruviel Ávila Villegas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la procuración de justicia.
Pedro Miguel Ángel Garita Alonso. Doctor en Derecho, es hermano del secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado, Arturo Garita Alonso conocido como “el senador 129”.
En 2011 fue objeto de controversia cuando la Cámara de senadores le otorgó un contrato cercano a los 157 mil pesos por asesorías externas en torno a la construcción y equipamiento de la nueva sede de la Cámara Alta, ubicada en Reforma e Insurgentes. Anteriormente había prestado sus servicios al Senado.
José Cuitláhuac Salinas Martínez. Ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) y subprocurador en la PGR en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Es considerado por jueces y magistrados como uno de los principales artífices del enfrentamiento que sostuvo la PGR con el Poder Judicial de la Federación.
Procedió contra jueces y magistrados federales. Una de las averiguaciones más conocidas es la que inició SEIDO contra el ex Juez Primero de Distrito con residencia en Morelia, Efraín Cázares López, acusado de tener vínculos con el grupo delictivo “La Familia Michoacana”.
También se registraron Carlos Enrique Bueno Pérez ministerio público de la PGR durante tres lustros; en 2004 estuvo implicado en un caso de corrupción en la aduana de Colima, cuando como agente ministerial de la PGR, comisionado en Manzanillo, intentó con otros tres funcionarios federales cobrar 80 mil pesos a un empresario chino para liberar un contenedor con luces navideñas. Y Eugenio Reyes Contreras magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en julio de 2015 negó un amparo a los habitantes del pueblo de Santa Cruz Xochitepec que buscaban frenar la construcción de un proyecto inmobiliario. En este caso, se acusó al Tribunal de no reconocer a los denunciantes como pueblo originario utilizando argumentos “racistas y discriminatorios”.
Los otros aspirantes
Entre los 21 aspirantes inscritos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales se envistan solo tres mujeres: Karla Mendoza Morales, exasesora de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR; Blanca Ivonne Olvera Lezama, profesora y especialista en el tema de trata de personas, y Laura Angelina Borbolla Moreno, quien trabajó en la PGR como fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
También se registraron Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, quien en 2014 intentó ocupar la titularidad de la Fepade y buscó sin éxito llegar al INE; Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, que en 2014 compareció ante el Senado como uno de los 33 candidatos a la Fiscalía Anticorrupción; así como el abogado Eduardo Jesús Castellanos Hernández.
Asimismo atendieron a la convocatoria Omar Diego Terrón Barranco, jefe de Departamento del Consejo Técnico y Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y ex agente de Ministerio Público del Distrito Federal; Antonio Sorela Castillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Morelos; Enrique Correa Ultreras, ex delegado de PGR en Oaxaca; Nelson Bello Solís, quien en 2005 fue subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Guerrero que gobernaba el perredista Zeferino Torreblanca; así como Enrique Alejandro Santoyo Castro, secretario del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Primer Circuito (Ciudad De México), así como Tomás Cantú López, quien quiso ser diputado de la Asamblea Constituyente pero el INE le negó el registro como candidato de Nueva Alianza.