NACIÓN

El fantasma de la corrupción vuelve a la Sedatu

La SFP detecta irregularidades por 2 mil 223 millones de pesos en su ejercicio presupuestal de 2019

  • MARCOS MUEDANO
  • 31/01/2021
  • 19:30 hrs
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El fantasma de la corrupción vuelve a la Sedatu
El fantasma de la corrupción vuelve a la Sedatu (Foto Especial)

El fantasma de la corrupción está de vuelta en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu). La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó “irregularidades” en la asignación de diferentes contratos en la Sedatu por un monto de dos mil 197 millones 398 mil 485.84 pesos en 2019.

De acuerdo con la auditoría 13/2020, los recursos fueron supuestamente ejercidos en 15 entidades, la mayoría gobernadas por partidos de oposición al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las inconsistencias fueron detectadas durante la revisión a los recursos públicos destinados para el Programa de Mejoramiento Urbano durante el ejercicio 2019 en los procesos licitatorios para la ejecución y construcción de obras del Mejoramiento Integral de Barrios.

“Remitir la documentación comprobatoria de los contratos autorizados según Anexo 1, por la cantidad de $2,187,553,648.82, así mismo aclarar un importe de pagos en exceso por la cantidad de $9,844,837.84, por lo que falta por comprobar un importe de total de $2.197,398,486.66”, menciona el documento.

La Secretaría de la Función Pública determinó que la Sedatu carece de documentos para sustentar en que se ejercieron los más de dos mil millones de pesos faltantes. No se encontraron 74 contratos de obra pública, supervisión externa y servicios; 241 pólizas de fianza de anticipo del contrato “SEDATU-OP-53-2019”; de financiamiento de cumplimiento y de vicios ocultos.

No existen 61 oficios de trabajos; 73 notas de cierre de bitácoras electrónicas; 56 oficios de terminación de trabajos; 104 actas de entrega recepción; 206 facturas de contratos; informes de cancelaciones, reintegros, de pagos, así como “cierre de ejercicio”.

“La Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos no consideró la importancia de establecer un adecuado mecanismo de control interno que le permita registrar, supervisar y dar seguimiento al estricto ejercicio de los Recurso Federales, para transparentar el uso destino y destino de los recursos ejercidos”, menciona el documento.

El pliego de inconsistencias fue enviado el 28 de diciembre de 2020 a Glenda Yhadelle Argüelles Rodríguez, Titular de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, área en la cual se detectaron las inconsistencias.

Las irregularidades millonarias con dinero del erario público en la Sedatu, dependencia que dirige Román Guillermo Meyer Falcón, tienen como precedente las investigaciones contra diferentes exfuncionarios durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Una de ellas es Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría del Bienestar.  La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Robles Berlanga el desvío de más de cinco mil millones de pesos entre los años 2013 y 2018 cuando fue titular de la Sedatu y Sedesol, a través de contratos fantasmas con instituciones de educación pública, dependencias de gobiernos estatales y empresas inexistentes.

Rosario permanece recluida desde el 13 de agosto de 2019 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, luego de que un juez federal consideró que era necesaria la prisión preventiva justificada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En agosto de 2020 la FGR pidió al juez una sentencia contra Robles Berlanga que incluya el pago de los más de cinco mil millones de pesos que desviaron en su administración, cubrir una multa de más de tres millones de pesos, así como una sentencia de 21 años de prisión. Además, la FGR tiene pendiente por cumplimentar una orden de captura contra Rosario por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Una historia conocida

Entre el 8 de octubre y 7 de diciembre de 2020 la SFP envió tres oficios (OICSEDATU/113/TAIDMGP/271/2020, OICSEDATU/113/TAIDMGP/289/2020 y OICSEDATU/113/TAIDMGP/304/2020) a la Sedatu solicitando información sobre el “Programa de Mejoramiento Urbano” de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.

A partir del análisis de las cuatro respuestas en archivos digitales (PDF) que envió la Sedatu, la SFP determinó que en 2019 se autorizaron más de cuatro mil 120 millones de pesos en 206 proyectos, obras públicas y supervisión externa en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, así como en Morelos, esta última entidad “no establecida en los criterios de priorización” de la institución.

La información documentada por la SFP indicó que, de los 206 contratos, 21 se efectuaron a través de licitación en la que participaron, por lo menos tres personas; 155 a través de “Licitación Pública Nacional Presencial” y 36 de “adjudicación directa”.

Al revisar los documentos la Secretaría de la Función Pública identificó una primera irregularidad: no se localizaron los procedimientos de “Licitación Pública Nacional Presencial” (LO-015000999-E711 y LO-015000999-E717), así como los 36 convenios de adjudicación directa.

Al continuar con la revisión la ASF detalla que en los proyectos de adjudicación directa se detectaron que no existen los convenios para obra pública en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas.

“Se detectó que no presentaron un registro de Base de Datos de las Obras y procedimientos de contratación confiable y completo ya que se detectó contratos de SEDATU-OP-156-2019, OP157 Y OP-161; Baja California Sur SEDATU-OP-98-2019 y OP-160; Chihuahua SEDATU.OP-180-2019 y OP-183; Coahuila SEDATU-OP176-2019; Guerrero SEDATU-OP-174-2019, OP.170. OP-173 Y OP-175; Nayarit SEDATU-OP-179-2019, OP-155, OP-167 y OP-167; Quintana Roo SEDATU-OP-169-2019; Sonora SEDATU-OP-171, OP-165, OP-168 y OP.164 y de la entidad de Tamaulipas del procedimiento IO-01000999-E1543-2019, y en base a los contratos de los proyectos localizados de 206 y los presentados por la UAPIEP de 151 existe una diferencia de registro de 55 procedimientos de contratación”.

De acuerdo con los hallazgos de la SFP en el estado de Tamaulipas se incrementó al doble el contrato SEDATU-OP-15-2019 (20 mil 774 mil 850, 59 pesos), así como el acuerdo (FMU/20RD/10019/2019) para el anticipo de la obra SEDATU-OP-79-2019 por 10 millones 268 mil 382 pesos; el FMU/4XT/A0011/2019 por el pago de 34 millones 748 mil 576 pesos, así como un anticipo para supuestas obras para la entidad por un importe de 45 millones 16 mil 959 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial tiene como plazo el 3 de marzo de 2021 para solventar cada una de las inconsistencias detectadas por la Secretaría de la Función Pública en el informe que fue emitido el 28 de diciembre de 2020.