Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra.
El 4 de septiembre de 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron la investigación llamada “La Estafa Maestra”, que revela que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de 11 dependencias, usó “empresas fantasma” para desviar recursos por medio de convenios fraudulentos por el valor de 7 mil 670 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banobras y Petróleos Mexicanos (Pemex), a cargo de Rosario Robles (2012-2015), Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya, respectivamente, fueron las dependencias que más dinero desviaron.
Los desvíos funcionaban de la siguiente forma: “Las dependencias le pagaron a universidades públicas para hacer (supuestos) servicios. Y las universidades, a cambio de una comisión, entregan ese dinero a empresas fantasma e ilegales”.
Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste (Especial)
Ese mismo día, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un comunicado donde informó que “en su momento, la ASF notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones correspondientes para atender y solventar éstas y otras observaciones”.
Además, que “tuvo conocimiento oficial de los hallazgos, en su momento y en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados”.
El 15 de septiembre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que Rosario Robles "es un chivo expiatorio" y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “son un circo”.
Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles (Especial)
López Obrador contestaba preguntas a la prensa sobre si investigará el desvío de recursos públicos que la ASF documentó que ocurrieron tanto en la Sedesol y Sedatu durante la gestión de Robles.
Sí (es un chivo expiatorio), como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso”, dijo.
El 19 de septiembre de 2018, MCCI denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Rosario Robles y funcionarios de la Sedatu, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos que evidenció la investigación periodística. Dicha demanda se sumó a las acciones jurídicas presentadas por la ASF ante la PGR.
El 16 de octubre de 2018, Rosario Robles, como titular de la Sedatu (2015-2018), compareció ante la Cámara de Diputados por la investigación de la Estafa Maestra.
En ella, la secretaria negó que su dependencia y la Sedesol, cuando fue titular, hubieran contratado empresas fantasma para desviar recursos y acusó que señalarla solo a ella como responsable de estos desvíos es violencia política de género.
El 31 de octubre de 2018, Rosario Robles compareció ahora ante el Senado y argumentó que no firmó ningún documento involucrado en la investigación de la Estafa Maestra. Los senadores le pidieron, entre otras cosas, que “no huya”, luego de perder el fuero.
De marzo a este momento, la ASF presentó 53 denuncias por el uso indebido de recursos públicos federales referentes al caso de la Estafa Maestra.
Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, le entrega un ejemplar del libro La Estafa Maestra a Rosario Robles (Especial)
El 22 de noviembre de 2018, tras las declaraciones del presidente electo de perdonar a funcionarios corruptos de gobiernos anteriores, para no desestabilizar el país, Rosario Robles declaró que no necesita “ni perdón, ni amnistía”.
Yo no necesito ni perdón ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme (...) Término muy tranquila. Muy tranquila, con la cara en alto. Aquí voy a seguir y aquí voy a estar. Así es que vamos a seguirnos viendo”, dijo tras una gira de trabajo en Guadalajara, Jalisco.
El 25 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia a un juez de control con el fin de vincular a proceso a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La audiencia fue fechada para el 8 de agosto próximo.
El 4 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Rosario Robles por presuntos desvíos de recursos públicos y malos manejos en ambas dependencias del gobierno federal en la Estafa Maestra.
El 5 de agosto, Robles envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, donde confirmó que se presentaría el 8 de agosto a declarar ante un juez del Reclusorio Sur.
El 7 de agosto, un juez federal negó frenar indefinidamente su detención y ordenó la devolución de los casi 70 mil pesos que la ex funcionaria pagó para impedir que las autoridades pudieran aprehenderla.
El 8 de agosto, la FGR buscó imputar a Robles del delito de ejercicio indebido de la función pública, gracias al testimonio de dos exfuncionarios de la Sedesol y Sedato, quienes aseguraron haber notificado a la exfuncionaria de las irregularidades desde 2014, primero de forma verbal y después por escrito.
Durante la audiencia, la defensa pidió al juez que la suspendiera por 72 horas para poder presentar argumentos, pruebas e incluso testimonios a favor de Rosario Robles frente a las acusaciones de la FGR; a lo que el juez, tras dos negativas, accedió.
El 13 de agosto, tras 12 horas de la audiencia iniciada el lunes anterior, el juez vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y otorgó prisión preventiva justificada por lo que fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.
Asimismo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia y determinó la prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
Consideró que no se acredita que Robles viva en el domicilio que ella reporta en la alcaldía Coyoacán ya que el citatorio en el que se le notificó de la primera audiencia no le fue entregado en persona pues no estaba en ese lugar y, agregó, en otra diligencia policiaca tampoco se le localizó en ese inmueble.
cmo