A pesar de que la seguridad quedó a cargo de militares en la mayor parte del país, los delitos no han bajado en los dos años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y es una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana, señala la asociación civil Signos Vitales en su primer reporte del año titulado “El valor de la verdad a un tercio del sexenio”.
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Destaca que el tema de seguridad podría poner al gobierno de López Obrador en la antesala de una crisis de gobernabilidad.
“Una crisis de gobernabilidad es producto de una congestión de demandas por parte de los miembros de una sociedad, de tal manera que los dirigentes del Estado no logran dar respuesta a la mayoría de ellas” detalla el informe.
Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de Gobierno. En 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917, afirma Signos Vitales.
Respecto a la militarización, la organización identifica que entre 2018 y 2020 se han nombrado 78 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de Gobierno, “por lo que se presume que las corporaciones castrenses han tenido influencia en decisiones que salen del terreno de la defensa nacional y la seguridad pública”.
Detalla que la promesa de López Obrador como presidente electo, de regresar a los militares a los cuarteles, además de la encomienda de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, al que después se sumaron tres aeropuertos más y el Tren Maya y en 2019, el Ejército mexicano está involucrado en la seguridad ciudadana a través de la Guardia Nacional (GN).
“En 2019 se emitió el decreto por el que se creó la Guardia Nacional (GN), que debería ser una corporación de carácter civil, pero el 80% de sus integrantes son militares”.
La creación de la GN implicó un conjunto de transformaciones normativas importantes que incluyeron la creación de la Ley de la Guardia Nacional y las reformas de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
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Todas estas modificaciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
Este paso significó un avance enorme en el camino hacia la militarización de la seguridad pública, mismo que se consolidó con el acuerdo del 11 de mayo de 2020 con el que se habilitó a las FFAA para realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.
Todo con el argumento de que el fortalecimiento de la GN necesitaría de tiempo y mientras tanto las corporaciones castrenses serían las únicas capaces de atender el problema de la inseguridad.
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De forma complementaria, el presidente incrementó las responsabilidades y los recursos del Ejército y la Marina, convirtiéndolos en sus principales aliados.
En 2019, los recursos aprobados para las FFAA equivalieron a 125 mil 753 millones 562 mil 602 pesos, para 2020 ascendieron a 127 mil 586 millones 479 mil 840 pesos y para 2021 llegaron a los 148 mil 33 millones 884 mil 167 pesos, la cifra más alta que se ha aprobado para el orden militar. El incremento real entre 2019 y 2021 fue de 11.08%. Cabe mencionar que en 2019 el presupuesto de las FFAA experimentó una modificación neta de 19 mil 859 millones 559 mil 581 pesos, por lo que el ejercicio total de estas instituciones en ese año fue de 145 mil 613 millones 122 mil 183 pesos, cifra significativamente más alta que la aprobada en el Congreso para ese periodo.
14 AÑOS DE MILITARIZACIÓN
Autoridades federales de tres sexenios distintos, exponiendo la necesidad de fortalecer a las policías locales, prometieron que la militarización de la seguridad pública, que inició de manera visible en 2007, duraría poco. En contraste, lleva por lo menos 14 años, y todavía no se espera una transición hacia una política de seguridad civil.
Por el contrario, conforme las tareas, presupuestos y atribuciones aumentan para las FFAA, el país se acerca cada vez más a un régimen militarista en el que las FFAA podrían tener influencia sobre las decisiones políticas del país. Ver la Tabla 8: Elementos militares en la esfera civil en el Anexo.
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INSEGURIDAD
La inseguridad, que durante los últimos 13 años ha sido considerada como una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana escaló en los últimos dos años. De tal forma que el número de delitos de alto impacto cometidos en el país durante 2019, mayor que en 2018, se mantuvo en 2020.
Si bien la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2020 del INEGI7 reportó una breve disminución en la percepción de inseguridad que tiene la población en zonas urbanas del país, misma que pasó del 73% en marzo de 2020 a 69% en septiembre del mismo año, esto se pudo deber al encierro masivo por la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, los delitos de alto impacto no presentan reducciones.
Al analizar los delitos de homicidio y feminicidio en 2019 y 2020, se observa que el primero de éstos pasó de tener 35 mil 616 registros durante 2019, a 35 mil 484 registros en 2020, es decir que apenas se observó una reducción de 0.34%. Los feminicidios, por su parte, pasaron de 968 en 2019 a 969 en 2020. Las tasas de homicidios de 2019 y 2020 equivalen a 28.3 y a 27.9 homicidios por cada cien mil habitantes respectivamente, por lo que son las tasas más altas desde que el SESNSP reportó las cifras, incluso por encima de las reportadas en 2018 (27.8) y en 2017 (24.0). La tasa de feminicidios por cada cien mil habitantes fue de 0.8 en ambos años.
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Las ciudades con más investigaciones por feminicidio en 2019 fueron Monterrey (19), Culiacán (17), Iztapalapa (15), Guadalajara (15) y San Luis Potosí (13). Un año después fueron Ciudad Juárez (19), Tijuana (18), Monterrey (17), Culiacán (13), Zapopan (13) Guadalajara (12) e Iztapalapa (12). Cabe resaltar que este delito puede tener una subrepresentación de hasta el 80% (Causa en Común, 2021).
800 mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes en 2019 y en 2020.
Llama la atención que, aunque julio de 2018 sigue siendo el mes con más homicidios registrados (3 mil 158), marzo de 2020 se colocó como el segundo mes con más frecuencia de este delito (3 mil 117). Durante 2019, Colima (98.5), Baja California (78.4), Chihuahua (67.1), Guanajuato (59.4) y Morelos (52.7) fueron los cinco estados con las tasas de homicidio más elevadas, mientras que para 2020 fueron Colima (81.5), Baja California (78.8), Guanajuato (74.7), Chihuahua (70) y Zacatecas (65.8).
En lo que al secuestro respecta, también se reportó una disminución de 37% entre 2019 y 2020, y la tasa se redujo de 1.3 por cada cien mil habitantes a 0.8 en la misma escala. Se debe considerar, al igual que con los delitos ya descritos, que la incidencia de secuestro en el país tiene, según la ENVIPE, una cifra negra 8del 93.9%. Por su parte, el robo tuvo un subregistro del 91.2%.
esc