La política del gobierno federal para evitar el ingreso de migrantes a territorio nacional no ha dado resultados. Durante los últimos dos años, por lo menos, más de 130 mil personas de distintas nacionalidades lograron evadir lo filtros de seguridad implementados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo el Ejército detuvo, cada 24 horas, a 179 migrantes en 19 estados del país; es decir, alrededor de 130 mil personas sin documentar su estancia legal en el país.
La porosidad de las fronteras, terminales áreas y centrales camioneras es evidente, a pesar del despliegue de cinco mil 462 elementos de las Fuerzas para evitar el ingreso de migrantes, principalmente de Centroamérica.
El ingreso de migrantes de forma ilegal originó que, en entre 2019 y 2020, se iniciarán cinco mil 500 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones a derechos humanos en contra de menores, mujeres y hombres adultos por parte de autoridades locales y federales.
Entre las violaciones a derechos humanos, hechas públicas por autoridades, está la muerte de un hombre de nacionalidad guatemalteca, perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un operativo en Mazapa de Madero, en Chiapas.
Otro caso es el asesinado, investigado como feminicidio, de Victoria Salazar Arriaza, nacida en El Salvador, quien fue privada de la vida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. También la muerte de por lo menos 16 migrantes de Guatemala, a manos de grupos criminales, en Tamaulipas.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), consideró que la participación del Ejército en tareas de mitigación de migración ilegal se encuentra fundamentada en la Constitución.
“La Constitución permite al Ejército salir en apoyo de las instituciones civiles cuando lo requieran las autoridades. El Ejército no salió por propia cuenta a estar, en distintas actividades que hoy realiza.
“Esto, también, está respaldado en una sentencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos que aclarar que el Ejército no está en las calles, por ellos lo quieran, si no por mandato del presidente”, dijo.
El especialista comentó que “cualquier institución de gobierno, en cualquier parte del mundo es susceptible de violaciones a derechos humanos. En el caso de México, las instituciones federales tienen cursos en materia de derechos humanos, desde el inicio de su formación”.
De acuerdo con los documentos consultados por LA SILLA ROTA, la política del gobierno federal para evitar el ingreso de migrantes, a partir de las medidas impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dado los resultados esperados.
Las detenciones de migrantes se han efectuado en estados de la frontera norte, centro y sur; principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chiapas, Tabasco, Veracruz, así como en el Estado de México.
Entre las detenciones por el Ejército, principalmente en operativos fortuitos realizados en carreteras del país, se encuentra la detención de más 190 mil mujeres, así como 27 mil 346 menores de edad (mujeres y hombres).
La participación del Ejército en la contención del tema migratorio llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a rechazar la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM).
En diciembre de 2020, la CNDH informó que en entidades como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán, el INM tenía como titulares a personal del Ejército y no a civiles.
“Esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”, destacó la Comisión en ese momento.
