Factura por factura, pago por pago, en “La Silla Rota” publicamos hoy la lista íntegra de los anuncios que nos fueron solicitados por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Se trata de un ejercicio de transparencia hacia la comunidad a la que buscamos servir. Cientos de miles de personas nos consultan diariamente, lo que nos convierte en uno de los portales de noticias de mayor crecimiento en el país. A esta comunidad nos debemos, a ella le rendimos cuentas.
El gobierno del presidente López Obrador decidió difundir un listado de periodistas a los que achaca haber recibido dinero de la anterior administración. Entre ellos destacan en realidad empresas (en su mayoría, editoras de proyectos digitales) fundadas por informadores como parte de una tendencia en el mundo de la información que aprovecha las nuevas tecnologías para conquistar mayores espacios de penetración y de libertad profesional.
Versiones de este listado fueron “filtradas” durante los meses recientes con diversos niveles de rigor. En buena hora, este viernes el propio López Obrador reconoció que Palacio Nacional es el autor de ese compendio de nombres y empresas, que habrían recibido, a lo largo del sexenio pasado, un total ligeramente superior a mil millones de pesos. Incomprensiblemente, no aparecen ninguna de las partidas que por concepto de publicidad fueron asignadas por el gobierno Peña Nieto a periódicos, radio o revistas, mucho menos a empresas televisoras, que concentraron más del 60% del total de los al menos 60 mil millones de pesos contratados por este concepto durante ese periodo.
En nuestra opinión, se trata de una maniobra para que la sociedad ligue el legítimo ejercicio de la publicidad gubernamental en medios de comunicación como sinónimo de corrupción. Una calumnia que citando al presidente López Obrador, “si no mancha, tizna”. Solo que este ejercicio no se reduce a una ocurrencia política, pues contraviene principios elementales de respeto hacia el periodismo y su tarea en democracia, que son observados en todo el mundo civilizado.
Además de reporteros, columnistas y propietarios de medios digitales, entre ellos “La Silla Rota”, destaca en ese listado el historiador Enrique Krauze, propietario de la revista “Letras Libres” y de “Editorial Clío”. Es sin duda un sólido analista de los procesos políticos del país desde hace décadas, y uno de los críticos más agudos de López Obrador y su gobierno.
Es casi imposible no entender que la decisión gubernamental de difundir una “lista negra” corresponde a un intento por desacreditar a voces críticas, especialmente cuando en los días recientes el propio Presidente ha dedicado señalamientos como “hampa de la prensa” y otros similares para describir las voces que destacan yerros de su gestión.
En “La Silla Rota” pensamos que, en democracia, todos estamos obligados a la transparencia, mucho más los personajes e instituciones públicos. Forma parte ya de nuestro cuerpo legal, de las resoluciones de la Corte y de convenciones internacionales suscritas por el estado mexicano, el principio de que los funcionarios públicos están sujetos, por el solo hecho de serlo, a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, que debe tener en los periodistas y en los medios de comunicación una herramienta de su derecho a saber y a controlar el desempeño de los funcionarios electos. Medios y periodistas debemos desempeñarnos con los necesarios estándares éticos y transparencia para ser merecedores de la confianza del público.
Por lo que se refiere al suscrito y a “La Silla Rota”, de ese total de más de mil millones de pesos, el listado reporta pagos a la empresa editora de este portal por 15.8 millones de pesos, acumulados a lo largo del sexenio de Peña Nieto. En realidad, la cifra fue ligeramente superior: 16.3 millones de pesos, más IVA. Un promedio de 2.7 millones por año, menos impuestos. Esta cantidad no representa ningún lastre para nuestra independencia editorial ni nuestra libertad profesional, pues equivale a menos del 15% de los ingresos del Grupo La Silla Rota, lo que incluye el proyecto “Sumédico.com” y que también desarrolla iniciativas de consultoría a medios y eventos para empresas privadas. Desde este espacio autorizamos al gobierno federal a que haga pública la declaración de impuestos de las empresas que integran nuestro grupo, para que el público pueda dar fe de lo que aquí se sostiene.
Hacemos votos, como periodistas pero especialmente como mexicanos, para que las necesarias relaciones entre medios y gobierno en México se atengan a los principios democráticos de mutuo respeto, para el mejor servicio de ambos al país y sus ciudadanos.