Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desvió 240.5 millones de pesos a una empresa fantasma.
De acuerdo con una investigación realizada por El País señal que, entre 2013 y 2016, La Sedena hizo compras a “DRM Aceros Internacional” en armamento, municiones, explosivos y equipos militares.
Esto pese a que la empresa, cuyo dueño es Oliver de León Barredo, no contaba con experiencia y era una firma de papel.
Dos años después del último contrato que recibió de la Sedena, “DRM Aceros Internacional” fue señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa fantasma que simulaba sus operaciones y que carecía tanto de empleados como de infraestructura.
Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.
La Dirección General de Industria Militar fue la encargada dentro de la dependencia de otorgar los contratos a dicha empresa fantasma.
Esta dirección general se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército, explica el diario español.
La mayoría de las contrataciones que la Sedena hizo a “DRM Aceros Internacional” fueron por adjudicación directa.
La empresa fue creada el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, Estado de México, dos meses después recibió su primer contrato.
Además, la empresa reportó diversos domicilios, primero aseguró que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La dirección no existe.
Luego proporcionó como dirección el número 20 de la avenida Las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán, pero en el lugar hay una casa.
“DRM Aceros Internacional” vendió a la Sedena materiales para fabricar cañones, lanzagranadas, fusiles, cartuchos y granadas de mano.
La empresa fantasma, para vender a sobreprecio los insumos que ofertaba, se aliaba con otras empresas, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por ejemplo, en las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecer a la empresa fantasma.
Entonces, “DRM Aceros Internacional” vendió las 30 mil piezas con un sobreprecio de 143,9%, pues el material costaba 8.3 millones de pesos y lo vendió en 26.7 millones de pesos.
Por si fuera poco, la empresa estaría incumpliendo sus obligaciones fiscales porque, según a ASF, realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual nunca informó de estas compras internacionales.
La ASF detectó un caso contrario también en “DRM Aceros Internacional” en el que aseguraba que su material provenía de una acerera española cuando en realidad era adquirido en México, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana.
Según el diario español, en esta triangulación, donde la empresa fantasma fungió como intermediario, ocasionó un incremento de 2.3 millones de pesos en el material comprado por la Sedena.
En este lapso que “DRM Aceros Internacional” recibió contratos de la Sedena, la Dirección de Industria Militar tuvo dos titulares: primero, el general Gerardo Rubén Serrano Herrera, de 2012 a enero del 2015; luego el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016.
Este último general, incluso, recibió una condecoración por su trayectoria en una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, por el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
Luego de que el SAT calificara como empresa fantasma a “DRM Aceros Internacional”, la Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos.
La sanción, explica El País, fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Sedena.
El País, explica en su investigación, que solicitó a la Sedena información sobre si los mandos involucrados en la contratación de dicha empresa fantasma fueron sancionados, sin embargo, la dependencia pidió que requerir esos datos a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La SFP, por su parte, no brindó ninguna información sobre el presunto desvío en el Ejército Mexicano.
Con información de El País
rgg