Un estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) señaló que el impuesto aplicado a los refrescos no ayudó a combatir la obesidad en México; sin embargo, especialistas explicaron que para lograr un mayor impacto el impuesto debería ser del doble que ahora y destacaron que sí se redujo el consumo de estas bebidas, lo que implica que al menos se han evitado entre 3 mil y 4 mil muertes prematuras.
A partir de 2013 se incluyó a las bebidas azucaradas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), bajo la premisa de que implementar este impuesto aumentaría el precio de los refrescos y eso generaría una disminución en el consumo, que a su vez se vería reflejado en que hubiera menos casos de obesidad y diabetes en el país.
El CIAT publicó recientemente un estudio de Javier Eli Domínguez Hernández, maestro en impuestos y derecho fiscal, quien analizó cómo aumentó la recaudación por el IEPS, pero también se incrementaron los índices de obesidad.
Respecto a recaudación, el CIAT indicó que pasó de 18 mil 279 millones 670 mil pesos en 2014 a 28 millones 883 mil 970 pesos en 2020, mientras que la obesidad también se incrementó, ya que en 2012 el 71.3% de los mexicanos tenía algún grado de sobrepeso, cifra que creció a 74.1% en 2020.
Lo anterior arroja como conclusión que, el objetivo principal extrafiscal para este impuesto en cuanto a la inclusión de bebidas azucaradas y ANBADC, que era la disminución del porcentaje poblacional respecto de problemas de obesidad y sobrepeso no ha sido logrado
“Por lo que al parecer esta vía de la contribución al producto para encarecerlo y que la población no la consuma por ser más costoso, no ha sido efectiva”, se señala en el estudio.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, destacó que obviamente una sola medida no va a resolver este problema que se empezó a gestar desde hace más de 30 años con un cambio en la dieta de la población mexicana, que es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados.
Indicó también que se debe considerar la penetración de las marcas y la facilidad con la que la gente puede encontrar los productos, ya que en el país hay un millón y medio de puntos de venta de una de las empresas refresqueras.
“Entonces para revertir esta situación, es muy tonto pensar que ha una medida y que si no ha bajado la obesidad entonces la medida no ha funcionado”, señaló.
Calvillo detalló que, para llegar a resultados más certeros, los estudios tendrían que considerar también variables como el crecimiento de la población y la pandemia. “En el caso de los impuestos, lo primero que tendrían que hacer los estudios es comparar la situación que existe en México con la situación que existe en otros países donde el impuesto ha sido del 20% como lo solicitamos y como era recomendado por la Organización Mundial de la Salud, quedó un impuesto muy pequeño de 10%”, enfatizó.
El director de El Poder del Consumidor explicó que los dos estudios independientes que han analizado el impacto mostraron que en los dos primeros años con la aplicación del IEPS se logró una reducción del 6% y del 9% en el consumo de bebidas azucaradas.
Guillermo Arteaga MacKinney, asesor de datos del Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), destacó que hay estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y de otros países que han hecho algunas estrategias similares en los que sí se reporta que el incremento en los precios de las bebidas sí se refleja en un menor consumo.
“Los impactos pues son máximo de un 5% en la disminución en el consumo, no es un impacto muy fuerte, pero se puede hacer el cálculo y como la problemática de salud es tan grande en México pues a lo mejor estamos hablando de que aun cuando sea poquito este impacto, estamos evitando 3 mil o 4 mil muertes prematuras aquí en México”, enfatizó.
Señaló que es complicado saber cómo este impacto en menor consumo de refrescos se verá reflejado en la disminución de la obesidad, ya que se deberían revisar varios factores para determinarlo. Asimismo, recordó que otro aspecto que se critica de los IEPS es que los miles de millones de pesos que se recaudan se iban a utilizar en salud, pero no ha sido así.
Arteaga MacKinney, quien también es investigador de la Universidad de Sonora, destacó que para combatir este problema de salud se tiene que hacer algo más integral desde la parte de políticas públicas, estrategias que no se queden solamente en buenas intenciones, sino que se vean reflejadas en mayores resultados.
MJP