La corrupción, el nepotismo y demás irregularidades, así como abusos, son constantes en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y quienes han presidido a éste lo saben, por lo que han realizado esfuerzos para combatirlo, lo que a su vez ha sacado a la luz casos polémicos.
El caso más reciente es el del magistrado Fernando Reza Saldaña, inhabilitado por acosar sexualmente a 10 mujeres, entre juezas y demás colegas. En un principio las cifras de víctimas sumaban más de 20.
Lo mismo sucedió con Carlos Ríos Díaz, juez federal de Zapopán, Jalisco, quien fue inhabilitado en agosto del año pasado también 10 años por hostigamiento sexual y laboral.
Otro caso relacionado a crímenes sexuales fue el de Alberto Villa Dávalos, quien era director de área del Canal Judicial, quien fue denunciado en noviembre del 2016 por acoso sexual y laboral.
Luego, al realizarse una inspección en su oficina, fueron hallados bebidas alcohólicas y cocaína, así como utensilios con residuos de droga. Villa Dávalos también fue inhabilitado.
Enrique Rodríguez Martínez, titular del Canal Judicial, también fue acusado por acoso sexual y laboral, sin embargo, fue exonerado en febrero del 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proyecto presentado por Arturo Zaldívar, hoy presidente del mismo.
Los crímenes sexuales no son los únicos que proliferan en el Poder Judicial, las fortunas ilícitas también destacan.
Un caso abordado de forma profunda por La Silla Rota fue el del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano. Desde 2012 es señalado de movimientos irregulares en sus cuentas bancarias y en las de su familia por un monto total de 4 millones 676 mil 293.8 pesos.
Suspendido por dichas irregularidades, en su historial judicial hay exoneraciones polémicas como la del expresidente Luis Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco, en octubre de 1968; así como las de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; y Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacifico”.
Si de irregularidades en sus cuentas bancarias hablamos, está el caso de Eduardo Medina Mora, quien fuera ministro de la SCJN. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investigaron por enriquecimiento ilícito. Por dichas acusaciones, Medina Mora tuvo que renunciar a su cargo.
Por decisiones judiciales sospechosas, el juez de distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, fue destituido en febrero del año pasado por beneficiar a uno de los señalados por el caso de los “Porkys”, un grupo de jóvenes que abusó sexualmente de una menor de edad y grabó la violación.
A quien sí indagaron por vínculos directos con el narcotráfico fue al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, primero, en mayo del año pasado, en Estados Unidos lo acusaron de recibir sobornos millonarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de fallos a su favor; luego, en noviembre, fue detenido irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales ilícitos.
Varios y variados son los señalamientos contra miembros del Poder Judicial, más cuando se ahonda en los datos del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De 2015 a 2018, cuando Luis María Aguilar Morales presidió la SCJN, se atendieron más de 7 mil quejas y denuncias contra funcionarios del Poder Judicial, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos.
De los 260 funcionarios adscritos a órganos jurisdiccionales sancionados, 36 eran magistrados y 49 jueces. Dichas sanciones fueron desde amonestaciones privadas, y apercibimientos, hasta suspensiones, suspensiones e inhabilitaciones.
En el mismo sentido, Aguilar Morales impuso directamente 79 sanciones a trabajadores del Poder Judicial. En su mayoría fueron apercibimientos públicos o privados y amonestaciones por faltas administrativas, impuso suspensiones en seis casos y sólo en dos dictó inhabilitaciones.
Por su parte, Arturo Zaldívar, en su primer año frente a la SCJN, ha proliferado más el discurso ante las acciones.
En su primer informe de labores presumió 16 casos contra funcionarios del Poder Judicial vinculados con irregularidades patrimoniales, posibles casos de nepotismo u obtener beneficios de las partes en un juicio.
El presidente de la SCJN señaló la existencia de cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Magistrados de Circuito.
Zaldívar señaló que los expedientes de investigación administrativa y jurisdiccional prácticamente se triplicaron el año pasado.