Era julio de 2019 cuando Alma Felicitas Zataráin Pérez tomó la decisión de mudarse, de Culiacán a Cosalá, en Sinaloa. Ella, como cientos de profesores que buscaban ser parte de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), estaba dispuesta a dejar su residencia con tal de sumarse al ambicioso proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para llevar educación superior a las comunidades más marginadas del país.
“Llegué con una maleta y muchos deseos de trabajar, pero no había nada, ni aula, ni pizarrones, ni plumones. Para mí fue un reto muy grande iniciar un proyecto sin infraestructura y los primeros meses no nos pagaron, luego fue con retroactivo, entonces fue vital el apoyo de mi familia y de la comunidad que se portó espléndida”, dice Zataráin a La Silla Rota, sobre esos primeros meses.
Pese a esas condiciones adversas, no se desanimó y comenzó a dar clases. Tampoco se bajó del proyecto cuando se dio cuenta que carecía de prestaciones como seguridad social y que incluso ni siquiera estaban considerados como docentes, pues cuando algunos compañeros suyos intentaron vacunarse en calidad de maestros, no aparecían en las listas.
Pero lo que no imaginó es que sería despedida, como ocurrió el 31 de julio. Su pecado fue haber estudiado una carrera considerada neoliberal por la directora del proyecto, Raquel Sosa.
Zataráin forma parte del alrededor de 150 maestros de las UBBJ que han sido despedidos a lo largo del país y que debido a eso, formaron la Asamblea de Trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, que han organizado un movimiento para manifestarse en contra de los despidos, que consideran arbitrarios, y además han denunciado el esquema de trabajo, más parecido al outsourcing –práctica que el gobierno federal ha condenado– que a uno apegado al artículo 123 de la Constitución, que habla del derecho a tener un contrato y prestaciones laborales.
EN CONDICIONES PRECARIAS
El pasado 11 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Culiacán, Sinaloa, lo que aprovechó Zataráin para entregarle a uno de sus ayudantes, en la entrada del hospital pediátrico, en la calle Constitución, una carta con el fin de exponerle la situación que se padece en las UBBJ.
“Nosotros en su mayoría somos fundadores e iniciamos este noble proyecto en condiciones precarias. Salimos adelante gracias al apoyo de la comunidad y las autoridades del municipio, que nos facilitaron un espacio para poder impartir las clases a las primeras generaciones. Los primeros meses no contamos con el pago de nuestros salarios”, se lee en el documento, cuyo contenido la docente compartió con La Silla Rota.
“Estos despidos masivos han afectado gravemente el programa; en la sede de Cosalá no están en condiciones de atender a los alumnos inscritos por la falta de docentes. Y sólo se cuenta con una coordinadora y dos docentes para atender a 155 alumnos de 5 generaciones que se distribuyen en 7 grupos, a los cuales hay que impartirles 5 asignaturas por grupo”, advirtió.
En la misiva también se refirió a la postura de la directora del proyecto, Raquel Sosa, quien “pretende desaparecer la perspectiva social en las carreras de Ingeniería de Desarrollo Regional Sustentable, no obstante que ésta tiene una fuerte presencia de las asignaturas del área social en su malla curricular. Las carreras del área de Desarrollo Sustentable las diseñó el doctor Víctor Toledo (ex secretario de Medio Ambiente), con la dimensión social como parte esencial y estratégica para enfrentar la problemática que se vive en el país y en el mundo para proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
“Imagínese usted la necesidad de formar profesionistas con enfoque sustentable y crítico en un municipio históricamente minero y con presencia de la economía informal e ilegal que los jóvenes hacen suya”, alerta la docente al presidente, en la carta.
COMO PENÉLOPE
La profesora, licenciada en Economía política con maestría en estudios de población y doctorante en Historia y más de 35 años de experiencia como investigadora, académica y servidora pública en diversos ámbitos, recuerda en entrevista con La Silla Rota, su entusiasmo por participar en el proyecto, en el que ingresó en 2019.
Explica que como Cosalá está a 3 horas de Culiacán, debió mudarse. Luego, ella y los otros docentes se enfrentaron a que no hay la cultura de que los muchachos estudien, ya que no había universidad, sólo tienen preparatoria y el municipio de Cosalá es el menos poblado de Sinaloa y dos terceras partes de su población está dispersa en sus localidades, enclavadas en la sierra.
“Si no hay esa motivación de que estudien, desde la secundaria empiezan a desertar. Para inscribirse deben tener preparatoria, muchos no la tenían, entonces primero debíamos localizar a quienes la tenían terminada y sumarse”.
Incluso acudieron a las canchas de basquetbol a preguntar quiénes habían acabado la preparatoria. En ese proceso debieron ganarse la confianza de la comunidad.
En Cosalá no solo está el tema de la alta marginación, otra variable es la violencia que ahí como en Badiraguato, donde hay otra universidad, se registra.
“Los que lleguen ahora, van a tener que hacerle como con el mito de Penélope: ya habíamos tejido nosotros y ellos van a tener que empezar de nuevo”.
PRECARIZACIÓN
Zataráin menciona que su precarización ya la habían comenzado a ver desde tiempo atrás, aunque inicialmente habían recibido la promesa de las autoridades del proyecto de que serían contratados como maestros de universidad pública y tendrían vacaciones, seguridad social, así como las prestaciones de ley establecidas por el artículo 123.
“Pero luego dijeron que no, que éramos como beneficiarios de programas sociales, eso ya fue hasta el final. Empecé a sospechar porque me depositaban desde la Tesorería de la Federación y en el depósito aparecía tesorería, y el concepto aparecía como pago de subsidio”.
Luego están los convenios, algo así como los contratos, en los que se leía que aceptaban renunciar a sus derechos, y debían firmar esos documentos, pues los firmaban ya sobre lo trabajado, y solo cuando los firmaban, les pagaban, asegura.
“En principio nos decían que nos iban a dar los contratos y estábamos enamorados del proyecto porque era noble y tendría impacto en el México profundo”. También a partir de abril de este año comenzaron a descontarles montos de manera injustificada, de su sueldo.
“Empezamos a consultar a abogados laborales y nos dijeron que no nos podían descontar, luego comenzaron a comentar que el perfil no era el adecuado. El 31 de julio de este año me notificaron mi despido, me llegó una carta de fin de convenio, que no firmé. Me enteré sin decir agua va, ni finiquito hubo porque la dirección general afirmó que no fuimos docentes, que trabajamos porque queríamos al proyecto y que éramos como becarios. Diario nos enteramos de nuevos despidos”.
Pese a ello, dice que se siente orgullosa de haber participado en la universidad. Pero no duda en considerar que las decisiones que toman en la dirección ya ni los neoliberales las toman.
“Yo apoyo la ‘cuarta transformación’, no es contra el presidente, pero esto se debe hacer como ciudadano responsable y señalar lo malo para que se corrija”.
-¿Decepcionada con la directora?
-No lo quiero tomar personal, pero a veces desde el escritorio no se conoce la realidad de las comunidades que son los guardianes de lo que queda de la naturaleza, ahí está una de las riquezas olvidadas y sin reconocer. Si hay que denunciar lo que haya que hacer, hay que hacerlo pero que el proyecto se rescate y ojalá pudiera ser así, aunque yo ya no esté ahí, concluye.
El presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera hace dos semanas sobre el proyecto y dijo que no había despidos y defendió a Sosa.