La Cámara de Diputados interpuso la controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas, por pretender blindar al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; este jueves, el mandatario estatal respondió que es falso que haya corrupción en la contratación de obra pública, y ser propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros; así como falso que pertenezca a un grupo del crimen organizado.
La controversia se presentó a menos de 24 horas de que el pleno de San Lázaro la avalara por mayoría de votos. El caso refiere al proceso de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, que inició la Fiscalía General de la República (FGR), en febrero.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos realizó el trámite de presentación de la controversia. En el documento, la Cámara federal destacó sus facultades, establecidas en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional, y expresó que hay “una invasión de atribuciones exclusivas en el procedimiento de declaración de procedencia”.
LOS ANTECEDENTES
Hace 5 semanas la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados, desaforar al mandatario panista acusado de "probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada".
El caso se ha manejado con rapidez pues hace una semana los integrantes de la Sección Instructora llevaron a cabo la primera testimonial para el desahogo de pruebas del caso, en el que destacó la exposición de más de 30 minutos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
El funcionario adscrito a la Secretaría de Hacienda presentó los resultados de su investigación, al margen del contenido del expediente de la FGR contra García Cabeza de Vaca, mismo que aseguró desconocer.
El 2 de marzo, el congreso local, integrado con mayoría panista, aprobó un acuerdo que establece que, aunque la Cámara de Diputados le retire el fuero al gobernador, la última palabra quedaría en los legisladores de la entidad.
Por ello, la controversia interpuesta el Congreso federal afirma que se vulneró “la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales”.
“El Congreso del Estado de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que ello implicaría dejar sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados”, argumentó la Cámara de Diputados.
"En dicha demanda, se solicita que las y los ministros de la Suprema Corte otorguen la suspensión del acto reclamando, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo Acuerdo", solicitó.