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Desechan a funcionario herencia de EPN tras denuncia ciudadana

Acusan ante López Obrador a Felipe Muñoz por señalamientos de extorsiones; después de dos meses, el funcionario fue cesado

  • MARCO ANTONIO MARTÍNEZ, IVÁN MEJÍA Y JUAN LÁZARO
  • 07/08/2019
  • 20:30 hrs
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Desechan a funcionario herencia de EPN tras denuncia ciudadana

Durante su visita a Aguascalientes el pasado 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por un grupo de personas en el aeropuerto local. Algunos le pidieron selfies, otras le comentaron algún asunto sobre víctimas de tortura. Pero antes de abordar su auto, fue el propio tabasqueño quien se acercó a María Isabel Álvarez Jiménez, a quien le dijo “ven” y le preguntó “¿quién es?”.

Ella le respondió: “trabaja con (Alejandro) Gertz Manero y nos está extorsionando”, y angustiada expresó su preocupación porque no podían con el funcionario que los extorsionaba. “El despacho de abogados está en México y no puede con ellos”, añadió. Aunque en un video en poder de LA SILLA ROTA no se escucha toda la conversación, el semblante del primer mandatario luce serio. Al final se revela a quién se refiere.

“Presidente, por favor lo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez se lo encargo”, remató Álvarez Jiménez ese día. Se trataba del entonces subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Felipe Muñoz Vázquez, quien sobrevivió al cambio de gobierno y mantuvo su cargo, que asumió desde 2016.

Pero el 3 de junio, hace poco más de un mes, dejó el cargo ante las acusaciones de tortura y violencia sexual que tenía en su contra por su paso como procurador estatal del gobierno de Carlos Lozano de la Torre en Aguascalientes, entre 2010 y 2016. Por dichas acusaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 el pasado 31 de enero de 2019, pero el funcionario después sumó más quejas por el mismo asunto.

El empresario tijuanense José Gerardo Álvarez, hermano de María Isabel, la misma mujer que angustiada le contó la situación al presidente a la salida del aeropuerto hidrocálido, relató a LA SILLA ROTA que Muñoz aprovechó su cargo en la PGR para que funcionarios a su cargo le cerraran una estación de gasolina el 15 de noviembre pasado, la catearan y le pidieran 15 millones de pesos para reabrirla.

Álvarez agregó que bastó una denuncia anónima que decía que ahí vendían combustible robado para catear y cerrar la estación, la cual aún sigue cerrada, debido a que se ha negado a pagar la millonaria extorsión.

“Fueron agentes de la Ciudad de México, decían que iban a nombre de Felipe Muñoz. Como me negué a pagar la estación está cerrada desde entonces. Debí despedir empleados, tengo pérdidas y casi pierdo la franquicia”, recordó Álvarez.

De acuerdo con el empresario, el motivo del cateo en la estación de gasolina es que su propio hermano, Ricardo Álvarez -a quien acusa de ser prestanombres del exgobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano- buscaba recuperar documentos sobre apoyos federales por un monto de 20 millones de pesos, destinados a personas que viven en el campo, pero que de manera triangulada terminaron en manos de Lozano y otros socios, que los usaron para impulsar dos vinícolas en las que tienen participación: Santa Elena y Origen.

La sospecha de Álvarez es que el exgobernador le pidió a Muñoz, quien fue procurador de Justicia durante el gobierno estatal que encabezó Lozano entre 2010 y 2016, usar a la PGR para presionarlo y poder obtener así dichos documentos.

“Con el cierre de la estación quieren fincarnos delitos para cerrarla, para extorsionarme con 15 millones de pesos, para que les entreguemos la tierra que nos dejó mi padre. Además, tenemos documentos que prueban que le fueron entregados recursos millonarios, desviados. Mi hermano pidió para vacas, para diferentes cosas. Pidieron él, su esposa y algunas empresas y en dos años les dieron 20 millones de pesos y a otras personas que estaban en crisis como los productores de la guayaba, no les dieron apoyo”, dijo.

Otro vínculo entre Lozano y Felipe Muñoz es que el hijo del exmandatario estatal, José Carlos Lozano Rivera, quien trabajó con el segundo en la procuraduría estatal. Se trata de una trama donde también está involucrado Jorge Armando Narváez Narváez, quien el 23 de septiembre de 2015 fue designado subsecretario de Agricultura del Gobierno Federal y que previamente había ocupado la titularidad de la secretaría del mismo ramo en su natal Aguascalientes. De acuerdo con Álvarez, Narváez también es socio de su hermano, de Lozano, y presumiblemente ayudó desde su cargo a obtener los recursos para las vinícolas.

Álvarez señaló que desde noviembre, cuando fue cateada su estación de servicio, ha recibido amenazas por no acceder a pagar la extorsión.

“De hecho intentaron catear mi casa. En la investigación de la estación de servicio de gasolina el juez, bajo el pretexto de la denuncia anónima dijo que está el cateo de la estación de gasolina y de ahí intentan catear mi casa, pero la intención de ellos era hacerse de los documentos donde los involucran en diversas aportaciones de recursos federales del campo, donde a varias personas morales y físicas les otorgaron recursos y todos fueron triangulados para la construcción de estas dos vinícolas”, dijo en entrevista.

El negocio de las vinícolas se trata de la más reciente moda entre políticos, en una región que comienza a destacar por su producción de vino, expresó.

CONFLICTO FAMILIAR

Álvarez compartió con LA SILLA ROTA que incluso antes de que su padre muriera, desheredó a su hermano Ricardo, quien luego construyó sin autorización en tierras que eran de su padre. Gerardo Álvarez es el albacea de las propiedades legadas por su padre, pero su hermano y sus socios –entre quienes está el gobernador Lozano- pretenden despojarlos además de negocios como un hotel y centros nocturnos.

Álvarez afirmó que tiene audios donde su hermano Ricardo se jacta de ser socio del entonces mandatario y tener palancas con la otrora PGR.

“Dame dinero o te meto a la cárcel”, fue la amenaza de su hermano.

Aseguró que aunque Muñoz fue designado subprocurador de la PGR en noviembre de 2016, conservaba su poder en Aguascalientes, e incluso colocó a cercanos en la delegación de la entonces procuraduría en Baja California.

FUNCIONARIO CUESTIONADO

Muñoz fue acusado en días pasados por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente en prisión, de extorsionarlo, junto con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Arturo Elías Beltrán. Duarte aseguró que pagó, ya que la amenaza que pendía sobre él es que si no lo hacía no iban a dejar en paz a su familia.

“En su momento, voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación que es meramente una extorsión. Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esta es una extorsión, fui extorsionado y tuve que pagar para que pagaran para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron”, afirmó el ex mandatario veracruzano.

Pero previo a su llegada a la subprocuraduría, Muñoz fue el Procurador de Justicia del gobierno de Aguascalientes durante el gobierno del priista Carlos Lozano de La Torre, entre 2010 y 2016. Durante su paso por dicho cargo, fue acusado de tortura y al momento suman 9 denuncias las que aseguran que autoridades ministeriales a su cargo y él mismo participaron en golpizas y vejaciones. Por dichas acusaciones la CNDH recibió quejas en contra del funcionario.  Muñoz Vázquez renunció a la subprocuraduría el 3 de junio de este año.

LA SILLA ROTA buscó una postura de la Fiscalía General de la República sobre el paso de Muñoz. La FGR declinó hacerla, aunque una fuente dijo que en caso de presentarse una denuncia más contra el exfuncionario, se sumaría a las quejas que documentó la CNDH.

El 1 de marzo pasado Muñoz dijo a medios de comunicación que la investigación de la CDNH tuvo irregularidades, al no tomar en cuenta documentos clave, y que la problemática se debió al combate de un grupo delictivo llamado La Oficina, cercano a los Beltrán Leyva, al inicio de su gestión, en 2010.

Aseguró que a los detenidos, diario se les practicaban certificados médicos y en ocasiones hasta tres veces, y no se registraron lesiones. Negó las acusaciones y advirtió que se defendería, porque los funcionarios también tienen derechos humanos.

Asimismo, una juez federal ordenó a la CNDH suspender por tiempo indefinido la difusión de la recomendación por el caso de tortura contra Muñoz, reportó el diario Reforma el 23 de abril.

MJP