El procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció que suman 150 denuncias por el caso albergue ‘La Gran Familia’ en Zamora, Michoacán.
En conferencia de prensa detalló que son seis personas imputadas por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, aunque la directora de la casa hogar, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, no se encuentra entre ellos debido a que por su condición física y mental, propios de la edad senil, no se le puede declarar acción penal.
Precisó que cinco de las denuncias son por abuso sexual, entre ellas menores de edad que se convirtieron en madres durante su estancia en dicho lugar ubicado en Zamora; el procurador abundó que en el tema no hay tantas quejas puesto que no todas son por abuso, ya que muchas de las jóvenes que tuvieron hijos al interior de ‘La Gran Familia’, la mayoría entre 14 y 16 años, fue debido a la promiscuidad que regía en el lugar.
El funcionario señaló que se recabaron 450 declaraciones en sólo 48 horas para conocer la situación y acelerar la averiguación para fincar o deslindar responsabilidades.
Sobre la falta de imputación en contra de ‘Mamá Rosa’ detalló que presenta deterioro físico, orgánico y cerebral, y que los médicos advirtieron sobre un grave riesgo de que presente un evento coronario, síntomas característicos de la senilidad, hecho que obligó al Ministerio Público a no ejercer acción penal en su contra.
Asimismo, Murillo Karam descartó presiones para no ejercer acción penal en contra de Verduzco Verduzco, fundadora del albergue donde rescataron a más de 500 personas la semana pasada. Agregó que no hay favoritismos y que se sancionará a los responsables.
El procurador rechazó la existencia de fosas clandestinas como se rumoró el fin de semana, que ante los señalamientos, perros realizaron búsquedas en la zona y se han realizado excavaciones, sin embargo, hasta el momento no hay indicios de dichos espacios.
El funcionario indicó que la primera denuncia por la situación del albergue data de 2008, sin embargo, sólo están investigando las de junio y julio, mismas que derivaron en el cateo de la casa hogar. Indicó que de acuerdo con las declaraciones de los albergados, la directora desconocía las violaciones que sufrieron las menores.
Tras el cateo, recordó que los agentes federales que participaron en el operativo estaban consternados, pues al realizar las primeras revisiones le decían “tiene que ver esto” y le mostraron a unas niñas que tenían los brazos vendados, quienes se cortaron las venas pues temían por el regreso de la jefa al lugar.
Antes los cuestionamientos sobre posibles investigaciones de las aportaciones que recibía el albergue, indicó que hasta el momento la investigación no ha llegado a este tema.
Agregó que el notario del lugar es indagado por la presunta compra de menores, pues dichos ingresos los registraba como donaciones para la casa hogar.
Sobre los imputados indicó que se trata de Felipe Serrano Gómez, encargado de administrar el lugar y a quien los menores culpa de golpes y abuso sexual; Lourdes Verduzco Verduzco, quien cuidaba a los internos, se encargaba de llaves de los dormitorios donde les encerraban y cuarto de castigos; y David Rogelio Álvarez Murillo, quien se encargaba de la vigilancia para impedir la salida de los albergados.
Los otros son José Enrique, presuntos responsable de pederastia, amenazas, actos sexuales, quien presuntamente se dedicaba a la vigilancia y mantenimiento del sitio; Vicente Carlo Feliz Durán, vigilante del área del patio, acusado por los niños de agresión sexual y golpes.
srv