El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puede hacerse cargo de las funciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y eso ahorraría dinero al gobierno, pero no es así. A continuación, te explicamos las razones.
El pasado 7 de enero, un reportero que acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador aseguró que el DIF y el Sipinna hacen lo mismo, a lo que el primer mandatario respondió: “O sea, ¿qué?, ¿no podría el DIF hacerse cargo de eso?”.
Pero la aseveración, tanto del presidente como del reportero, es falsa. Mientras el DIF está encargado de brindar asistencia a menores en situación de vulnerabilidad, dentro de sus familias; el Sipinna se encarga de defender los derechos de las infancias mexicanas.
En entrevista con La Silla Rota, Aranzazu Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, aseguró que el DIF fue creado con una visión asistencialista, y no de defensa de derechos de la niñez que representa 30 % del total de los mexicanos.
“El DIF fue creado con otra lógica, su enfoque es de atención a niños con vulnerabilidad, en su paradigma, no se reconoce a los niños como sujetos con derechos, sino como objetos de tutela ante los adultos y el estado, alguien tiene que protegerlos”, detalló Alonso.
La Silla Rota solicitó conocer la postura del Sipinna respecto a lo dicho por el presidente López Obrador, a lo que respondieron que no hay un posicionamiento ante un evento que no se ha materializado y que el Sistema funciona de manera “normal”.
AMLO ignora legislación
El mismo 7 de enero, el presidente López Obrador -a pesar de ser el integrante principal del Sipinna- aseguró que no sabía por qué se había creado, y que debía ser por algún decreto presidencial y no por una reforma legal, avalada por el Congreso.
“Esto del Sipinna es un acuerdo, no creo que esté creado el organismo por ley, debe ser un acuerdo o un decreto, no sé, pero todo lo que sea acuerdo, decreto del Ejecutivo se puede resolver, lo que esté por ley hay que enviar la iniciativa de reforma”, dijo.
Esa fue otra afirmación falsa, pues el Sipinna se creó en 2015, como mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por el Congreso mexicano y atendiendo recomendaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos.
Dicha ley mandató la creación de un mecanismo que genere políticas públicas para que los niños y adolescentes mexicanos puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, como responsables de decidir y opinar sobre lo que consideran mejor para ellos.
Además, el Sipinna está integrado por el propio presidente de la República; las secretarías de Gobernación, Bienestar, Salud, Hacienda, Educación y la cancillería; los gobernadores, el fiscal general de la república y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
DIF: el eslabón más endeble
Entre la cadena de cuidados y defensa de derechos de la población infantil, en México, el Sistema DIF es el eslabón más endeble, aseguró Alonso, pues el mecanismo ha estado a cargo de las esposas de los presidentes, sujeto a obras caritativas y actos de corrupción.
Para Aranzazu Alonso, el DIF carece de capacidad para, siquiera, llevar a cabo la parte que le corresponde en la cadena de protección a las infancias mexicanas, pues sus sistemas de rendición de cuentas son endebles y su personal, muchas veces, carece de capacitación. “El DIF es uno de los eslabones más débiles que tiene hoy la política nacional de protección a niños y adolescentes. Las procuradurías no están bien fondeadas, no están suficientemente capacitadas y no logran cubrir a cabalidad, siquiera, la función que les toca, como para que les queremos asignar funciones completamente diferentes.
“Tenemos que recordar que, en muchísimos, casos, los DIF han estado a cargo de las cónyuges de los gobernadores y, en muchos casos, se han usado con fines políticos. La política de protección no puede ser un proyecto político, tiene que ser un proyecto de Estado y eso es lo que trata de hacer el Sipinna”, advirtió.
Casos de corrupción no han faltado para el Sistema DIF, nacional y los organismos estatales, pues en varias ocasiones -como el caso de Veracruz con Karime Macías al frente del DIF estatal- han dado muestra del uso político del sistema.
El año pasado, un reportaje especial de La Silla Rota Veracruz, dio cuenta de algunos casos de personas en situación de pobreza que fueron detenidos tras haber sido señalados como socios de operaciones fraudulentas hechas en el DIF estatal, bajo la administración de Javier Duarte, y bajo la presidencia de su esposa, Karime Macías, en el organismo.
La Silla Rota también ha documentado casos como el de Verónica Aguilera Tapia, exdirectora del DIF de Veracruz ya en la gestión del morenista Cuitláhuac García, quien, acusada de malos tratos y compras irregulares con presupuesto del organismo, dejó el puesto en febrero de 2020.
¿Y si no existiera el Sipinna?
Aranzazu Alonso aseguró a este medio que, si el Sipinna desapareciera, México retrocedería a una etapa donde los niños y los adolescentes estaban invisibilizados; pues se consideraba que sus derechos eran sólo obligaciones de los padres o del Estado.
“La existencia del Sistema, términos institucionales, representa un avance muy importante, porque con su creación quedó establecido, en la ley, que los niños son sujetos de derechos. Eso parece poca cosa, pero no lo es, sin esa ley y sin el Sipinna, sería como si un tercio de la población mexicana no existiera”, sentenció Alonso.
Una de las tareas visibles del Sipinna se dio en medio de la pandemia de covid-19, cuando la SEP tuvo que establecer protocolos para continuar los estudios de nivel básico a distancia, o que servicios como las guarderías del IMSS y el ISSSTE no dejaran de funcionar ante la suspensión masiva de actividades.
El Sipinna también emitió recomendaciones para preservar la salud mental y física de los niños mexicanos ante la etapa de confinamiento absoluto, acciones que -incluso- fueron visibles en las conferencias vespertinas que aún encabeza la Secretaría de Salud.
El Comité de los Derechos del Niño, un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha recomendado a todos los países miembros que exista un organismo como el Sipinna y que, además de generar políticas públicas para la atención y protección de las infancias, sea quien estudie y prepare información sobre este sector de la población.
De eliminarse el Sipinna, el DIF debería contar con una estructura más grande y debería otorgársele mayores recursos, lo que no significaría -en un primer momento- un ahorro para la Hacienda Pública, además, se incumpliría con tratados internacionales.
En México viven 38 millones de personas que tienen entre cero y 17 años de edad, es decir, los bebés, niños y adolescentes son un tercio de la población mexicana; y al menos 580 mil de ellos viven con alguna discapacidad.
El 40 % de los niños en México tienen discapacidad para concentrarse en sus tareas escolares, según cifras del Inegi, 32 % tiene baja capacidad visual y 30 % tiene dificultades para hablar o comunicarse, y más de 15 % tiene problemas para bañarse o comer.
(djh)