Para nadie es un secreto que México vive una crisis de violaciones a derechos humanos desde hace al menos dos sexenios; sin embargo, las estadísticas de los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador muestran que la situación no ha mejorado, con altos índices de asesinatos contra periodistas y defensores, feminicidios, desencuentros con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y represión para contener a migrantes.
“Si esto no mejora, no solamente no va a haber cambio de rumbo, sino que naturalmente se va a profundizar la crisis, porque es la tendencia misma que lleva”, advierte Alberto Solís, director ejecutivo de Serapaz.
Desde campaña, el tema de derechos humanos fue uno de los principales para el presidente López Obrador, quien habló en muchas ocasiones de la pacificación del país y de implementar procesos de justicia transicional. Hasta ahora el único caso que presenta avances es Ayotzinapa.
El 3 de diciembre el mandatario firmó el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de septiembre de 2014. Desde entonces se nombró a Omar Gómez Trejo como fiscal del caso y está participando nuevamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la investigación.
“Yo puedo hablar de avances importantes en materia de casos emblemáticos, en derechos humanos. El tema Ayotzinapa hay que reconocer que tiene hoy por hoy una estructura de investigación extraordinaria en la cual se ha escuchado a las familias, se ha abierto espacios para crear esta Comisión de la Verdad”, indicó Solís.
Sin embargo, “en materia en general de desaparición es mucho más complejo y ahí lo que tenemos es un escenario en el que se replantea la Comisión Nacional de Búsqueda, pero todavía hay una serie de planteamientos que no llegan a los alcances del nivel de problemática que estamos viviendo en materia de desaparición”, señaló.
Los índices de violencia también se han visto en otros ámbitos de derechos humanos, ya que en lo que va de 2019 se han cometido 11 asesinatos contra periodistas en nuestro país, cifra casi igual a los 12 homicidios que se registraron en 2018, de acuerdo con datos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La misma situación se presenta en los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos, ya que en este año han matado a 13, mientras que en todo 2018 se registraron 14 asesinatos. Con estos índices se prevé que 2019 lamentablemente supere los crímenes del año pasado.
En este contexto, la ONU-DH destacó las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de nuestro país y advirtió que se necesitan más recursos financieros y de personal para que cumpla con las necesidades reales.
Los crímenes contra periodistas y defensores no son los únicos que han aumentado en el país, ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre del año rompió el récord de violencia, con 17 mil 608 homicidios, al menos 470 de estos fueron feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres adultas.
La exacerbación de violencia contra las mujeres originó que se realizaran protestas, la más grande el pasado 16 de agosto, para exigir que cesen estos crímenes y que las autoridades implementen las acciones necesarias para asegurar protección y seguridad, aunque con nula respuesta de las autoridades.
“Eso está muy relacionado con otras situaciones, con una estrategia de seguridad que en realidad no ha cambiado, que sigue apostando por la vía dura, por la militarización de la seguridad, que incluso se podría decir que se ha profundizado. Se constitucionalizó con la creación de la Guardia Nacional y está desplegándose en el país.
“Los estragos de seguir apostando a una estrategia de seguridad fallida pues siguen generando el incremento de asesinatos y de violencia en el país, seguimos teniendo cada mes los índices más violentos de registros que tenemos en el país en términos de asesinatos, probablemente el año va a ser nuevamente el año más violento que haya habido en registros, lo fueron por lo menos los primeros seis meses”, destacó Solís.
A esta crisis en derechos humanos se suman los desencuentros que ha habido entre el presidente López Obrador y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El pasado 3 de junio se vivió el primer choque, cuando el mandatario no recibió el informe anual del organismo y le encargó esa labor a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Fue la primera vez en los casi 29 años de la CNDH que el presidente no recibe el informe, hecho que el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, calificó de desalentador para la defensa de los derechos humanos en el país.
El segundo choque entre la CNDH y el presidente fue por el tema de las estancias infantiles. El 10 de junio el organismo emitió su primera recomendación a la actual administración, en la cual señaló que se violaron los derechos de niños al cancelar ese programa.
En la recomendación 29/2019, el primer visitador, Ismael Eslava, indicó que se encontraron irregularidades en el censo para el nuevo programa Apoyo al Bienestar, por lo que los 6 mil 620 niños que eran beneficiarios de Estancia Infantil, dejaron de recibir el apoyo.
La Secretaría de Bienestar calificó la recomendación de “aberración inaceptable”. Aseguró que en ningún momento se han vulnerado los derechos de los niños y sus madres, y señaló que el organismo no justificó por qué la entrega de recursos de manera directa no es un mecanismo idóneo para este servicio de estancias infantiles.
Añadió que el organismo excedió sus facultades y que “es claro que la CNDH no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la recomendación”. Este hecho representó una ruptura entre el organismo y las autoridades que no parece que vaya a solucionarse pronto.
Migrantes: de una política de puertas abiertas a persecución y detenciones
La llegada de caravanas de migrantes de países de Centroamérica desde el año pasado representó un reto para el Estado mexicano, que no estaba preparado para recibir a miles de personas. En un inicio el gobierno del presidente López Obrador parecía una luz de esperanza para estos ciudadanos, pero recientemente la política se tornó en más de 108 mil detenciones.
De acuerdo con estimaciones hechas con base en migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración y los datos de detenciones que ha hecho la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en los primeros seis meses de 2019 ingresaron a México 460 mil migrantes, lo que refleja que se triplicó la llegada de centroamericanos, ya que en todo 2018 entraron 138 mil 612.
Jesús Salvador Quintana Roldán, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH, recuerda que en enero y febrero de este año las autoridades entregaron entre 12 mil y 13 mil visas por razones humanitarias a los migrantes, con la cual podían transitar por todo el país y trabajar por un lapso de un año.
Al detectar que esto alentó la llegada de más migrantes, las autoridades cambiaron y ya sólo entregaban tarjetas de visitante regional, con la cual sólo se les permite estar de manera regular en los estados del sur: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; no pueden trabajar ni avanzar hacia Estados Unidos.
El giro de 180 grados en la política migratoria de México se dio por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amagó con establecer aranceles a nuestro país si no se implementaban medidas enérgicas para contener la llegada de ciudadanos centroamericanos.
A principios de junio, Trump y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegaron a un acuerdo en el que se incluye el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y que Estados Unidos devolverá a México a todos los solicitantes de asilo que crucen de manera ilegal.
Desde entonces, con la implementación de estas acciones “hemos visto una mayor detención. Simplemente los datos que tenemos al respecto es que hasta junio de 2019, según las cifras que ha dado la autoridad migratoria se ha detenido a 108 mil 503 personas. En todo 2018 fueron 138 mil, apenas vamos a la mitad del año y ya son 108 mil, nosotros consideramos que esta cifra casi se va a duplicar, va a andar alrededor de las 200 mil personas”, pronosticó Quintana Roldán.
Cabe destacar que entre los 108 mil migrantes detenidos en lo que va del año hay 32 mil 507 niños, de los cuales 8 mil no viajan acompañados.
Para Andrea González Cornejo, experta en migración, “con este gobierno estamos en el peor momento en el caso de migración y de derechos humanos. Lo que es claro es que la política es de detención de deportación, de militarización de la frontera sur, sobre todo”.
Destacó que la entrada de la Guardia Nacional es muy preocupante, porque no se han establecido protocolos claros de actuación y estos vacíos dejan en una situación vulnerable a los migrantes.
“Que haya 6 mil personas de Guardia Nacional en 12 puntos de la frontera Sur es claramente una política de que seamos un muro, y eso se ve claramente en el número de deportaciones que ha habido en los últimos meses. En junio hubo casi 22 mil deportaciones, una cifra que no se había visto, súper alta”
Añadió que las autoridades no están revisando si los migrantes son sujetos de de protección internacional antes de detenerlos y deportarlos, es decir, no se está tomando en cuenta si su vida corre peligro al regresar a su país, por lo que México está incumpliendo con los acuerdos internacionales que ha firmado.
“Quien está haciendo su agosto, su caldo gordo, es el crimen organizado. Evidentemente están subiendo los costos de los coyotes, o sea saben que la gente está en una situación mucho más vulnerable, que de todos modos va a seguir saliendo de sus lugares de origen porque no pueden seguir viviendo en su país y recurren a traficantes de personas”, alertó la especialista.
González Cornejo enfatizó que “el balance de este primer semestre es bastante oscuro y no vemos que vaya a haber un cambio en la política migratoria”. Lamentó que las autoridades no han implementado acciones con una perspectiva de seguridad humana, sino de responder a las presiones de Estados Unidos y no respetar los estándares internacionales.