En 29 casos investigados por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se registra el encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada, así como en cuestiones de tortura sexual contra mujeres detenidas por tal dependencia.
En el documento “Mujeres con la frente en alto: informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, del cual uno de sus objetivos es documentar y analizar los patrones de detención arbitraria y tortura sexual en mujeres, se señalan 10 mil 462 denuncias en relación a dicho delito estimadas en el año 2014. De dicha estadística, sólo se registran 15 condenas federales por tortura entre los años 2006 y 2015.
Cabe destacar que, de en un rango de diez años que inicia en 2006, el 72% de las recomendaciones emitidas por la CNDH por violación a la integridad personal en casos de mujeres incluyeron actos de índole sexual.
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En este sentido se especifica que las finalidades inherentes a la naturaleza del ataque son humillar, intimidar y/o castigar, entre otras. La mayor vulnerabilidad se dio en mujeres embarazadas, madres, lesbianas, mujeres con otra identidad de género, etcétera.
Asimismo, la organización Amnistía Internacional informó que, de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento de la detención o en las horas siguientes. Las denuncias por violación ascienden a 33 casos.
A la tortura sexual se suman golpes reiterados en distintas zonas del cuerpo, asfixia seca y/o húmeda, cortaduras, quemaduras y descargas eléctricas, así como privación sensorial y/o de movimiento, posiciones forzadas, amenazas de desaparición y/o muerte, simulacros de ejecución, ser obligadas a presenciar la tortura y/o la ejecución de alguien más, entre otras.
En referencia, números de World Justice Project demarcan que 8 de cada 10 mujeres detenidas entre 2009 y 2016 fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas ante un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sobrevivido tortura sexual.
Los 12 estados de la república en los que ocurrieron las detenciones investigadas son: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el informe, sobre la detención arbitraria y la retención prolongada e injustificada se identificó que en ningún caso las mujeres fueron informadas de las razones de su detención, además de que en 27 de 29 casos se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención sin pruebas de ello.
En todos los casos existió una falta de puesta a disposición inmediata de la autoridad competente; en 14 incidentes la retención fue de entre 6 y 12 horas; en 15 la retención fue de más de 12 y hasta 72 horas; en 13 las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales; en cuatro casos se dijo que la tortura ocurrió en instalaciones militares; en 27 la violación sexual estuvo presente y; en 12 de los 16 casos en que se concretó la violación el forzamiento fue tumultuario.
De igual forma, en 11 casos se realizaron amenazas de violación, en las mujeres embarazadas se agregó la amenaza de interrumpir la gestación; en 2 casos se perpetró la violación frente a familiares, además de suscitarse un caso de mutilación genital.
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En siete de los 29 casos los abusos fueron grabados o fotografiados por los agresores; en 10 hubo actos de violencia en zonas sexualizadas del cuerpo mediante golpes o descargas eléctricas; en 28 estuvieron presentes dos o más formas de tortura sexual; en cuatro la tortura sexual ocurrió también en instalaciones del Ministerio Público y; en otros cuatro la tortura sexual ocurrió a manos de médicos y ministerios públicos de la PGR.
También se cometieron actos no sexualizados que constituyen violencia en razón del género, como insultos sexistas o la realización de trabajos forzados.
Entre los delitos que se les imputan a las mujeres censadas se encuentran distintas modalidades de delincuencia organizada; posesión, portación o acopio de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; contra la salud; secuestro; homicidio; robo y; extorsión.
DERECHOS QUE VULNERA LA TORTURA SEXUAL
El documento de la Prohd señala que el Derecho a la vida, así como el Derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; Derecho a la libertad y la seguridad de las personas; Derecho a la protección igual de la ley; y los Derechos a la libertad, autonomía, integridad y seguridad sexuales, son los que se han violado por las prácticas de los elementos de la PGR.
djh