La Secretaría de Bienestar denunció ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública un posible caso de corrupción, ya que detectó que hay falsos gestores que se ofrecen a apoyar a autoridades municipales en trámites para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), lo cual es ilegal porque no debe haber intermediarios.
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La dependencia, que encabeza Javier May Rodríguez, emitió un comunicado en el que señaló que recientemente detectó que hay consultoras, despachos y personas que ofrecen supuestos servicios a autoridades municipales para gestionar trámites relacionados con el FAIS, como registro de usuarios y contraseñas, capacitación o “aprobación” de la planeación de proyectos en la plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).
Señaló que “anterior se encuentra fuera del marco de la ley, por lo que, en apego a la política de combate a la corrupción del Gobierno de México, la Secretaría de Bienestar inició acciones legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP)”.
Bienestar recordó que los trámites referentes al FAIS son gratuitos y sin intermediarios, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales a no dejarse sorprender por falsos gestores y a denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad que se detecte.
¿Qué es el Fais?
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) fue creado en 2013 para que los gobiernos locales cuenten con recursos para el financiamiento y realización de obras en comunidades de pobreza extrema y con rezago social. Hace un año, el 13 de marzo de 2020, se emitieron nuevos lineamientos para este fondo.
Los rubros que cubre este fondo son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica del sector educativo y para el sector salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.
De acuerdo con los lineamientos del FAIS, los gobiernos locales sólo podrán contratar a terceros por dos razones: para asesoría, realización de estudios y evaluación de proyectos, y para verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen. Es decir, no los pueden contratar para gestionar los trámites ante Bienestar.
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