Entrevista

Delitos electorales, el inicio de la corrupción: Santiago Nieto

El titular de la Fepade considera que el peculado electoral y el desvío de fondos públicos debe ser sancionado con cárcel

KAREN CASTAÑEDA 10/07/2017 08:29 p.m.

Delitos electorales, el inicio de la corrupción: Santiago NietoLa corrupción comienza con los delitos electorales: Santiago Nieto (Especial)

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Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) reconoce que en las campañas electorales existe el financiamiento ilícito, delito que se tiene que analizar con el sistema anticorrupción y el sistema financiero.

En su opinión, la corrupción inicia con los delitos electorales en virtud de que es en las campañas donde se puede generar algún tipo de vínculo o de compromiso que afecta la equidad y la imparcialidad en la contienda electoral.

A dos meses del comienzo formal del proceso electoral 2018, el fiscal informa que existen denuncias contra diversos aspirantes a la Presidencia de la República, pero que no pueden proceder hasta que comiencen a correr los tiempos oficiales de precampaña.

¿Cuál es el último corte relativo a las denuncias del pasado proceso electoral, particularmente en el Estado de México?

En el Estado de México iniciamos 13 averiguaciones previas y 293 carpetas de investigación bajo el nuevo proceso penal acusatorio. Las conductas más denunciadas fueron por la alteración del Registro Federal de Electores, son 171 casos. Hay 39 carpetas de investigación relacionadas con el presunto uso de fondos y servicios de la administración pública federal y estatal en favor del candidato del PRI.

Hubo 26 denuncias relacionadas con condicionamiento de programas sociales y 20 carpetas de investigación por actos de intimidación a los electores.

Partidos políticos y candidatos de oposición denunciaron que  la elección del Estado de México fue la más irregular en muchos años ¿Cuál es el diagnóstico de la Fepade?

Tenemos elecciones que han sido particularmente complejas. Cada proceso electoral tiene sus particularidades, lo importante es que necesitamos tomar en consideración los problemas que se han generado en cada proceso electoral para efecto de que a partir de ahí se genere una mejoría en el sistema electoral de cara al proceso del 2018.

¿Cuáles son esos elementos que permitirían mejorar el sistema electoral y dar mayor certeza a los procesos comiciales?

Hay temas importantes de reflexionar tras el proceso de 2017.  Tenemos un problema con el financiamiento ilícito en las campañas electorales que es importante que empecemos a revisar de forma coordinada con el sistema anticorrupción y el sistema financiero. Desde mi particular punto de vista, la corrupción inicia con los delitos electorales en virtud de que son en las campañas donde se puede generar algún tipo de vínculo o de compromiso que afecte la equidad y la imparcialidad en la contienda electoral.

También estamos teniendo de manera sistemática en varios estados y municipios el tema de la retención de los recursos de los trabajadores. El caso más sonado es el de César Duarte con el libramiento de una orden de aprehensión, pero eso lo encontramos también en Coahuila, Nayarit y Estado de México. Es un problema transversal que involucra prácticamente a todos los partidos políticos que tienen gobiernos y es necesario que se ataque de manera directa, para evitar todas estas violaciones, incluso no solamente a la contienda electoral sino en la propia economía de los trabajadores de los municipios y de los gobiernos de los estados.

Otro tema que me preocupa son los actos de temor e intimidación al electorado. Estas campañas negras en nada contribuyen a la calidad del sistema electoral y es relevante que se denuncie, se investigue, se sancione a quienes generan guerra sucia para efecto de que tengamos en 2018 un proceso electoral de calidad democrática.

¿Se requieren ajustes, reformas, mejoras al marco normativo electoral? ¿Las leyes vigentes son suficientes para dar certeza a un proceso de una dimensión sin precedente como el que se espera en 2018?

Las normas pueden ser perfectibles, sin embargo lo que tenemos en este momento es un sistema electoral robusto y lo que se requiere es trabajar de manera coordinada para efecto de imponer las sanciones que correspondan. Se tiene que cumplir la ley.  Tiene que haber una coordinación entre distintos organismos de seguridad, de procuración de justicia y electorales para efecto de mandar un mensaje de blindaje al proceso electoral y garantizar el respeto a los derechos político electorales de los ciudadanos.

Es conveniente hacer un llamado a que todos los actores políticos y sociales se sujeten a los preceptos constitucionales. A los partidos políticos que cumplan con el marco normativo y por supuesto a toda los órganos electorales que actúen con imparcialidad y autonomía, lo cual incluye a los órganos de procuración de justicia penal electoral para crear mayores garantías y certezas en el proceso electoral de 2018, en donde habrá 30 elecciones concurrentes, nueve elecciones de gobernadores, además de la renovación de todo el Poder Legislativo del Congreso de la Unión.

Significa un gran reto para México como para la institucionalidad electoral, pero también para la propia ciudadanía y los partidos políticos tener un mejor proceso electoral, dadas las complejidades que tendrá el 2018.

¿La Fepade está preparada para enfrentar un proceso electoral de tal dimensión y complejidad?

Es importante señalar el alcance que ha tenido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, nunca en la historia de la Fiscalía se habían obtenido órdenes de aprehensión en contra de exgobernadores y ya tenemos dos; en contra de altos funcionarios de los estados, incluso funcionarios federales, o en contra de presidentes municipales en funciones que han violado las normas electorales. Es decir, la Fepade se ha convertido en un elemento del sistema  anticorrupción.

Ahora, sí hay vacíos normativos. Soy de los que consideran que el peculado electoral y el desvío de fondos públicos debe ser un delito grave, porque en este momento no tiene prisión preventiva, el servidor público de cualquier nivel que utiliza fondos o servicios para beneficio de un partido político o candidato no tendrá una pena de prisión, y esto debe cambiar para mandar un mensaje muy claro de qué tipo de conducta son rechazadas por la sociedad mexicana y por la clase política al establecer una reforma en ese sentido.

Me parece que también tenemos una reforma pendiente en materia de violencia política de género, así como otra en relación a ciertas facultades de la Fiscalía que se encuentran en nivel reglamentario y que deberían incorporarse a nivel de legislación secundaria.

En el ámbito administrativo hay cosas que se pueden mejorar, esta Fiscalía requiere mayores apoyos. En este momento la Fiscalía representa el 0.7% del presupuesto de los órganos electorales a nivel federal y esto implica que no se cuente con la cantidad de funcionarios suficientes para estar presentes en los 300 distritos electorales, además de los consejos locales de INE. Pero esto no es un asunto de modificación normativa es un asunto de presupuesto, es un asunto de personal que participe en las actividades de procuración de justicia y sobretodo de coordinación entre las instituciones para que se pueda blindar de mejor forma el proceso electoral.

Soy un convencido de que la democracia parte de las instituciones, pero para que las instituciones cuenten con legitimidad social y sean aceptadas por la colectividad es fundamental que ejercen las funciones para las que fueron diseñadas, en el caso de la Fepade ejercer acción penal en contra de quien resulte responsable, prevenir, perseguir e investigar los delitos electorales, ese es el objetivo central de esta administración. 

A dos meses de que inicie el proceso electoral ¿Han recibido  queja o denuncia formal en contra de algún aspirante presidencial?

No puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación pero sí se han presentado denuncias que están relacionadas con el posible financiamiento ilícito a personas del espacio público relacionados con el próximo proceso, sin embargo, y en eso tengo que ser suficientemente claro, el tipo penal exige que tengamos candidato, que tengamos precandidato o tengamos campaña electoral para que sea un delito o de lo contrario que se haga referencia a un partido político. Tenemos denuncias relacionadas con aspirantes a la presidencia de la República que han sido denunciados en su carácter de servidores públicos.

Nosotros no podemos estar investigando la aspiración diaria para ser presidente de la República o gobernador, jefe de gobierno, esa no es una competencia de la fiscalía. Si a nosotros nos presentan una denuncia sobre desvío de recursos relacionados con cualquiera aspirante por supuesto que eso es de nuestra competencia y nosotros desarrollaremos la investigación correspondiente.

A propósito de la próxima extradición del exgobernador Javier Duarte ¿Qué proceso seguirá la Fepade tras los cargos que le imputan? ¿Qué hay en relación al proceso contra del también ex gobernador César Duarte?

Con Javier Duarte se libró una orden de aprehensión para efecto de que comparezca ante el órgano jurisdiccional para que responda frente a una acusación que presentó la Fepade en su contra por el desvío de 35 millones de pesos, eso ya corresponderá en su momento al órgano jurisdiccional.

Respecto al señor César Duarte tenemos una orden de aprehensión, se solicitó a la Interpol una ficha roja y a partir de ahí nosotros desarrollaremos el proceso para efecto de poder en su caso solicitar la extradición de forma conjunta con las órdenes de aprehensión que se encuentran liberadas en el orden común.

Nosotros seguiremos actuando como en todos los casos suscribiendo nuestras facultades para efecto de que se imponga las sanciones a los responsables del partido que sea, actuando con absoluta imparcialidad, si filias ni fobias y siempre dentro del marco de derecho.


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