El gobierno de la República investiga a exfuncionarios del equipo de Emilio Zebadúa que fueron parte del esquema de presunto desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.
Documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponen en la mira de las autoridades a distintos operadores del exoficial mayor durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, detenida el pasado 13 de agosto por una denuncia de desvío de recursos públicos.
El grupo, que está ligado a través de empresas, propiedades y conexiones políticas —que surgen desde su paso por el Gobierno del Distrito Federal— se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo las órdenes de Emilio Zebadúa y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra.
Se trata de Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, hoy investigados por autoridades federales.
Los tres fueron directores en Sedesol: en la división de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sonia Zaragoza estaba encargada de la administración de bienes materiales; mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, según información de Declaranet.
Los documentos oficiales muestran, además, que Emilio Zebadúa, Enrique Prado y Sonia Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3 mil millones de pesos.
El posible vínculo con actividades irregulares de los funcionarios que hoy son investigados, se publicó en La Estafa Maestra en septiembre de 2017, pero también en un reportaje sobre la fabricación de facturas y documentación de entregables que publicó Aristegui Noticias en junio de 2018.
MORONES Y ZARAGOZA
A Morones, Zaragoza y Prado los une una red de empresas y propiedades. Para explicar el vínculo, hay que mirar la revelación del equipo de Aristegui Noticias del 30 de junio de 2018, cuando reportó que la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog se dedicaba a elaborar facturas, entregables, contratos e incluso actas constitutivas para La Estafa Maestra.
En esa empresa, Claudia Morones Sánchez era comisaria y en la investigación que se sigue actualmente contra Rosario Robles existe el testimonio de José Antonilo Orozco que indica que ella coordinaba la elaboración de entregables desde unas oficinas ubicadas en Tennyson 125, propiedad de Emilio Zebadúa desde el 2000.
Claudia Morones fue directora de área en la Sedesol y en la Sedatu. En la investigación de la Fiscalía General se revisan las operaciones de Morones Sánchez y su familia. MCCI constató que se ha detectado una transferencia a su hermano Arturo Morones, de millón y medio de pesos en tres empresas extranjeras. El capital cayó en dos firmas italianas y una más ubicada en Malasia.
La compañía que involucra a Morones, Factores y Servicios Humanos Lizpog, además, está constituida por dos socias: Lizette Chávez y Lizzette Prado.
Lo que no se sabía es que una de ellas, Lizette Chávez Zaragoza, es hija de Sonia Angélica Zaragoza González, la funcionaria hoy investigada que fue directora general en la Oficialía Mayor de Sedesol y Sedatu, con Emilio Zebadúa.
En Sedesol, Sonia Zaragoza fue parte del entramado que operó el desvío de recursos de La Estafa Maestra con la Universidad de Morelos: firmó el Apéndice 1 del Anexo Técnico del convenio entre la dependencia y la universidad que fue autorizado tanto por Zebadúa como por el rector, Alejandro Vera.
El documento que firmó Sonia Zaragoza derivó en contrataciones por 159 millones de pesos para actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre que nunca se realizaron.
En 2015, esta funcionaria se mudó a Sedatu junto con Emilio Zebadúa y se convirtió en directora general de capital humano.
Pero el vínculo con el círculo que operó La Estafa Maestra viene de más atrás: Sonia Zaragoza trabajó en el gobierno del Distrito Federal desde 1997 y hasta enero del 2000 como directora de recursos humanos del gobierno central, según lo plasmado en sus declaraciones patrimoniales. Ese, es el mismo periodo en el que Rosario Robles ejerció los cargos de Secretaria de Gobierno y Jefa de Gobierno de la ciudad.
ASÍ SE VINCULA ENRIQUE PRADO
La empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog tenía otra socia: Lizzette Prado Ordoñez, hermana de Enrique Prado Ordoñez, el otro funcionario hoy investigado que ocupó la Dirección de Adquisiciones y Contratos de Sedesol de 2013 a 2015, y que posteriormente trabajó en Sedatu de 2015 y hasta febrero de 2019.
Como Sonia Zaragoza, Enrique Prado también firmó en Sedesol el Apéndice 1 y el Anexo Técnico 2 del convenio suscrito con la Universidad de Morelos, en el que la ASF encontró irregularidades por 140 millones de pesos.
Pero ese funcionario además estaba encargado de supervisar que se cumplieran con los servicios. Fue incluso quien recibió los reportes y notas informativas de la Universidad que aseguraban que los trabajos se habían hecho completamente.
De esta forma, la empresa acusada de elaborar la papelería para maquillar los convenios que revisaba la Auditoría Superior de la Federación está ligada con los funcionarios del equipo de Emilio Zebadúa y que hoy están siendo investigados: Sonia Zaragoza, Claudia Morones y Enrique Prado.
lrc