La Secretaría de Gobernación (Segob) destinó más de 76 millones 80 mil pesos para la protección de “periodistas” y “defensores” de derechos humanos “fantasma” inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (PPDDHP).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los recursos fueron asignados a personas de las que no hay registros o se desconoce qué tipo de riesgo tenían al solicitar la protección en 2019.
En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la impunidad contra los periodistas ha originado el asesinato de 15 comunicadores. El crimen más reciente es el de Arturo Alba Medina, ejecutado en Chihuahua el pasado 29 de octubre.
La auditoría 5/2020 efectuada a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos que dirigía Aarón Mastache Mondragón, actual subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detectó irregularidades en la asignación de los recursos a 346 “beneficiarios”.
Los documentos consultados por La Silla Rota, mencionan que la primera de ellas es la entrega de 33 millones 552 mil 997 pesos a 185 beneficiarios de los cuales no hay registro, a pesar de que la dependencia asegura que la información fue documentada a través de llamadas telefónicas, de forma verbal, escrita o medios electrónicos.
“Se observó que las solicitudes de acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas efectuadas de manera escrita, verbal, por teléfono o por medios electrónicos de 184 beneficiarios a quienes se les otorgaron Medidas Preventivas, de Protección y Urgentes de Protección por un monto de $33,552,997.27, no fueron localizadas, limitando constatar el consentimiento de los peticionarios, el cumplimiento de requisitos y la formalización en los plazos establecidos, sin embargo, se remitió el ‘Formato de Recepción de Solicitud’ de 135 beneficiarios, sin que éstos se evidencie el cumplimiento de la problemática señalada”, menciona el documento.
De acuerdo con el documento de hallazgos que fue entregado a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 30 de septiembre, otra de las inconsistencias identificadas es la asignación de 22 millones 482 mil 224 pesos a 59 “beneficiarios” que recibieron el apoyo por medidas “urgentes”, sin que se aplicaran los protocolos que establece la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (UECRR).
No fueron localizados los Estudios de Evaluación de Acción Inmediata de 59 beneficiarios con Procedimiento Extraordinario por $22,482,224.50, ni se evidenció que se hayan elaborado dentro de las 3 horas establecidas; además, no se logró constatar que dichas Medidas definidas por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, hayan sido emitidas e implementadas en las horas señaladas
La tercera es la entrega de seis millones 98 mil 726 pesos a 68 “periodistas” o “defensores de derechos humanos” en peligro, sin que especificará “el tipo de Medida y sin que ésta cuente con la atribución para hacerlo”.
Se observó que 133 beneficiarios a los que se les otorgaron Medidas Preventivas, de Protección y Urgentes por $13,928,163.99, no fueron presentados ante la Justa de Gobierno una vez que se definieron las Medida por la UER, mientras que de 45 beneficiarios dicha presentación se realizó con desfases que van de 1 a 8 meses posteriores
La auditoría menciona que, en otros nueve casos, no se llevó a cabo el seguimiento de las medidas cautelares, a 48 más, no se les determinó que medidas se les debían de aplicar, a 43 no se les dio cumplimiento a las medidas; mientras que, en un caso, se detectó “el pago improcedente de un beneficiario por $18,560.00, derivado del incumplimiento a la terminación de la medida en el tiempo decretado por la Junta de Gobierno”.
fantasmas.pdf by La Silla Rota
NO HAY REGISTROS DE BENEFICIARIOS
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, es que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos no incluye todos los registros que establece la Base de Datos que refiere el artículo 23 para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, no efectúa un reporte mensual de los mismos datos.
Se observó que los inventarios documentales del Archivo de Trámite de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se consideran incompletos, toda vez que al 31 de diciembre de 2019 se refleja la falta de 136 expedientes de diversos ejercicios (2012-2019)
Las irregularidades en el otorgamiento de los recursos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se presenta a unos días de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que, de 2000 a la fecha, se han registrado 165 asesinatos de comunicadores en el país.
Los datos de la institución indican que, de 2005 a noviembre de 2020, se documentó la desaparición de 21 casos de reporteros desaparecidos; así como 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
En octubre pasado, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en su Índice Global de Impunidad 2020, informó que México se sitúa en el sexto lugar del mundo, donde prevalece mayor impunidad para esclarecer los asesinatos de periodistas.
(MJP)