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¿De qué va la Ley de Austeridad del Gobierno Federal?

El documento, que no ha logrado el consenso en comisiones, crea un Comité de Evaluación para promover y evaluar las medidas de austeridad

Escrito en NACIÓN el

El proyecto de dictamen para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana blinda al gobierno de dispendios y excesos en sus gastos, ya que plantea evitar engrosar la burocracia.

Además, prohíbe seguros privados de gastos médicos, de vida y ahorro, elimina la asignación de choferes, la compra o alquiler de autos de lujo, y autorizar bonos, entre otras medidas.

El documento, que no ha logrado el consenso en las comisiones donde deberá dictaminarse, crea un Comité de Evaluación, el cual será responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con esta ley.

También que en caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad, las autoridades competentes deberán iniciar los procedimientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Propone que solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia, podrán disponer, con cargo al erario, de servicio de escolta, blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a su protección.

Sobre los viajes oficiales, solo se autorizarán los que resulten estrictamente necesarios y prohíbe la adquisición de boletos de viajes de avión en servicio de primera clase o equivalente y de servicios privados de aerotransporte.

El monto del hospedaje y alimentación del servidor público comisionado será determinado por los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública y el funcionario remitirá un informe en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la conclusión del viaje, el cual será público.

El documento de 29 cuartillas establece que no habrá pensiones para expresidentes adicionales a la otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la adquisición de bienes y servicios se realizará por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas.

Establece claramente la separación entre los intereses corporativos y las tareas de los servidores públicos; estipula que la contratación de personal de honorarios y de asesores deberá estar debidamente justificada y documentada, a fin de impedir la creación de plazas sin sustento.

Además no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para evitar el engrosamiento del aparato burocrático.

Prohíbe la compra de vehículos de lujo y los automotores oficiales solo podrán destinarse a funciones públicas, la disciplina fiscal se mantiene y se reducen los gastos innecesarios.

Promueve la compra consolidada en todos los rubros, propicia que el servidor público cumpla con el Código de Ética, se consolida el combate al tráfico de influencias y al conflicto de interés.

De igual forma, establece el límite máximo de tres asesores por dependencia o entidad; la asignación de un secretario particular únicamente a los titulares de dependencias o entidades, así como la eliminación de las plazas de dirección general adjunta creadas a partir de 2001.

AJ