De vender servicios y ofrecer trabajos de construcción de obra pública a los gobiernos y secretarías de estado, pasaron a los escritorios de una dependencia federal. La Secretaría de Educación Pública (SEP) nombró como coordinadores regionales del programa “Escuelas Dignas” a empresarios, contratistas y proveedores gubernamentales.
Edgar Fabricio Azuara Villegas, Diego Fadrique Marugán y Luis Martin Silva Romo, dejaron el sector privado hace unos años para colocarse en la administración pública de manera casi exprés como coordinadores regionales en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). La empresa de uno de ellos todavía aparece en el padrón de proveedores del gobierno de Chihuahua.
Los tres coordinadores regionales se negaron a hacer pública su “declaración de conflictos de interés”.
Jesús Ángel Díaz Ortega fue coordinador regional de INIFED –y ex director del Instituto Oaxaqueño Constructor de la Infraestructura Educativa (IOCIFED), pero la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental le inició un procedimiento en julio de 2011 por su presunta responsabilidad en un quebranto por 46 millones de pesos en la dependencia que encabezó en Oaxaca.
Al programa “Escuelas Dignas” se le asignó en 2015 un presupuesto de 3 mil 300 millones de pesos para la rehabilitación de planteles educativos en todo el país.
De acuerdo al Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales de la asociación civil Gestión Social y Cooperación (GESOC), el programa “Escuelas Dignas” es considerado como la “Caja Negra” del gasto social federal, porque no reportó información sobre el cumplimiento de sus metas y de la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, es “un programa que no permite conocer su nivel de desempeño”.
En 2016 desapareció el programa “Escuelas Dignas” para dar paso a “Escuelas al CIEN”.
La duda
El 16 de enero de 2017 fue nombrado el sinaloense Bernardino Antelo Vilches, coordinador Regional de la zona noroeste del Programa Escuelas al CIEN, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Bernardino Antelo Vilches es un empresario que brincó al sector público. Se desempeñó como director general de Q FOOD S.A. DE C.V. donde era el responsable de “atender la producción y venta de productos alimentarios” de 2001 a 2005. La empresa recibió en el 2006 subsidios federales del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), se le apoyó con una “Consultoría de Calidad”. El nombre Q FOOD S.A. DE C.V. aparece en la lista de beneficiarios del COMPITE con un monto de 2 mil 300 pesos del IV Informe Trimestral.
De 2006 al 2010 fue “responsable del Sistema de Integral de Calidad” en la empresa Grupo Agrícola Esmeralda S.P.R. de R.L. Sin experiencia, en febrero de 2012 el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, nombró a Bernardino Antelo Vilches director general del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).
De manera parecida a Q FOOD S.A. DE C.V., a la salida de Antelo Vilches la empresa Grupo Agrícola Esmeralda S.P.R. de R.L. comenzó a recibir subsidios federales.
De acuerdo a un informe del Senado de la República el “Grupo Agrícola Esmeralda S.P.R. de R.L.” aparece en la relación de beneficiarios del PROCAMPO 2005 con un monto de $416 mil 982 pesos.
En el 2014 Grupo Agrícola Esmeralda S.P.R. de R.L. recibió 3 millones 345 mil pesos de la SAGARPA del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, y también recibió 22 mil 706 pesos con 45 centavos de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios de la SAGARPA. En el 2015, la misma empresa aparece como beneficiaria de la SAGARPA la con 1 millón 765 mil 955 pesos.
Bernardino Antelo Esper, hijo de Bernardino Antelo Vilches, actualmente es diputado federal del PRI.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidió en enero de 2017 que a Bernardino Antelo Vilches se le investigara por presuntos actos de corrupción durante su gestión en el ISIFE. La Federación de Abogados de Sinaloa también se pronunció por una investigación contra el ex funcionario sinaloense.
Bernardino Antelo Viches, entonces titular del ISIFE, se hizo conocido a nivel nacional en noviembre de 2016 por la falta de atención a la primaria “María Elvira Delgado Calderón” en Los Mochis, a la cual niños y niñas asistían con cascos al plantel por temor de que fragmentos del techo se les vinieran encima por el deterioro.
La sospecha
Jesús Ángel Díaz Ortega, quien fue coordinador regional (hasta 2016) del Programa Escuelas Dignas en los estados de Guerrero y Morelos, tuvo un pasado incomodo como representante popular y funcionario público.
Fue diputado federal de septiembre de 2003 a noviembre de 2004, dejó su curul para buscar la alcaldía de Oaxaca capital. Estuvo al frente del ayuntamiento de enero de 2005 a diciembre de 2006.
El entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, en enero de 2007, le cambió el nombre al Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas de Oaxaca por Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), y le tomó protesta a Jesús Ángel Díaz Ortega como titular de este organismo.
Se mantendría en el cargo hasta noviembre de 2010, con la llegada del cambio de gobierno estatal.
El 11 de julio de 2011, la entonces secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, informó que a partir de auditorías a diversas dependencias y entidades públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2010, se detectaron desvíos de recursos en 14 dependencias estatales, y que 32 ex funcionarios estaban implicados en el mal manejo de recursos.
Se encontró un quebranto de 46 millones de pesos en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
La secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, instruyó a la Dirección de Procedimientos Jurídicos que iniciara los procedimientos de responsabilidad en contra de Jesús Ángel Díaz Ortega, ex director general del IOCIFED. La dependencia estatal lo inhabilitó por seis meses (diciembre 2011-2012).
Después de la inhabilitación fue nombrado coordinador regional del Programa Escuelas Dignas en 2013.
Jesús Ángel Díaz Navarro, hijo Jesús Ángel Díaz Ortega, es el actual secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en Oaxaca.
Su nombre volvería a sonar en la vida pública de Oaxaca.
La Comisión de la Verdad de Oaxaca creada en 2013 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos en el estado en los años 2006 y 2007 durante el movimiento social de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), citó a declarar a 38 ex funcionarios estatales.
En la lista –publicada el 22 de noviembre de 2015- se encontraba Jesús Ángel Díaz Ortega, quien en 2006 fue presidente municipal de Oaxaca, sin embargo, se negó a presentarse a declarar y contribuir a esclarecer los hechos.
El contratista
Luis Martin Silva Romo, de octubre de 2009 a octubre de 2010 se desempeñó como “promotor de vivienda” en la empresa AM2, donde fue responsable “de gestión y promoción”.
Su vida profesional dio un vuelco a partir de noviembre de 2010 cuando fue nombrado jefe de departamento en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa en el gobierno estatal con funciones de asesoría.
La carrera de Luis Martin Silva Romo despuntó en marzo de 2013 cuando lo designaron coordinador de la región 2 del Programa Escuelas Dignas, que comprendía los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.
En septiembre de 2009, el nombre de Luis Martin Silva Romo figuraba como representante legal de la empresa 4L S.A. DE C.V. con número de registro 1- PUCGE-0120 en el Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua. Su crecimiento en la administración pública no le impidió mantener su actividad, y hasta marzo de 2015 todavía aparecía su nombre y cargo en el citado padrón.
En septiembre de 2016 renunció al INAFED y se integró como subdirector Técnico en el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.
Brincó al sector público
La coordinación de la región 1 del programa “Escuelas Dignas” (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora) y después en la región 3 de “Escuelas al CIEN”, la encabeza Diego Fadrique Marugán, quien es licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad del Valle de México campus Toluca.
De enero de 1998 hasta abril de 2009 prestó servicios profesionales como “persona física” en proyectos y construcción de obra privada, puso a andar una empresa dedicada principalmente construcción de viviendas unifamiliares, con oficinas en la colonia Ciprés en el municipio de Toluca.
Su vida floreció en septiembre de 2009 y se colocó dentro del gobierno estatal como “residente de obra” en el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa con funciones de “supervisión de obra”.
Diego Fadrique Marugán iría en ascenso dentro de la burocracia y se colocaría en el gobierno federal en marzo de 2013, cuando fue nombrado coordinador estatal del programa Escuelas Dignas en el estado de Sinaloa.
La distancia y su nuevo trabajo no le impidieron que en su anterior trabajo, en el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física, le otorgaran una beca de 5 mil pesos el 24 de junio de 2013 para un curso de “Supervisión de Obra” -en Factura VEDO-811 (ICIC)-.
La suerte lo seguiría, y en enero de 2014 fue nombrado coordinador de la Región 1 del programa Escuelas Dignas.
Diego Fadrique Marugán, creció profesionalmente de manera exorbitante en poco tiempo, pasó de la supervisión de obra privada a coordinar el mejoramiento de la infraestructura en nueve estados, y se mantendría en el cambio de “Escuelas al CIEN”
El proveedor
Edgar Fabricio Azuara Villegas prestó servicios de mantenimiento al gobierno del estado de México y luego brincó al gobierno federal sin tener antecedentes en la administración pública.
Es licenciado en Arquitectura por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), de 1991 a 2001 se desempeñó como director general de ARCOM, empresa dedicada a la construcción. Estuvo seis meses como jefe de mantenimiento y construcción de OXXO, después en 2003 sería supervisor externo y auditor en “LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MÉXICO” hasta agosto 2006.
Existen dos contratos entre Edgar Fabricio Azuara Villegas y el Instituto Materno Infantil del Estado de México para la “adquisición de servicios”.
El 25 de marzo de 2008 el Instituto Materno Infantil del Estado de México adjudicó (tipo de procedimiento IMIEM-AQD-011-08) la “reparación y mantenimiento y inmuebles (sic)” a Edgar Fabricio Azuara Villegas por un monto de 29 mil 064 pesos.
Tendría otro contrato DAF/SA/DRM/DSG/HN/AQD-032/076-2008 con el nosocomio infantil para los “trabajos de reparación y mantenimiento de inmuebles del HPN” por 53 mil 673 pesos con 66 centavos.
No se sabe nada más de su vida profesional, sólo que el 16 de marzo de 2013 fue dado de alta como coordinador regional en el INIFED, tenía a su cargo el programa de Escuelas Dignas en el estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Dejaría el cargo en mayo de 2015.
Anomalías en “Escuelas Dignas”
De la revisión de la Cuenta Pública de 2013, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró deficiencias y anomalías en el Programa Escuelas Dignas, desde el diseño de lineamientos hasta la asignación de recursos a los planteles.
De acuerdo con la ASF “no se focalizó de manera precisa a la población objetivo del Programa Escuelas Dignas”, tampoco se tenían los criterios de selección de las escuelas públicas de educación básica que serán objeto de atención, y carecía de procedimientos para determinar la prioridad de atención de las escuelas.
El Programa “Escuelas Dignas” no contaba con criterios para determinar cuáles son las condiciones en las que se debe encontrar la infraestructura de las escuelas para ameritar un incremento en el monto máximo del subsidio.
La ASF hizo la recomendación 13-1-11MDE-07-0230-07-004 al INIED para que “investigue las causas por las cuales no se determinó el procedimiento para elegir a las empresas que deben realizar las acciones de mejora y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para su designación en las escuelas que son atendidas por el Programa Escuelas Dignas”.
Se encontró que en algunos casos las necesidades detectadas no se atendieron y se realizaron otras obras (recomendación 13-1-11MDE-07-0230-07-008), “para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa investigue las causas por las que las necesidades diagnosticadas en la Cédula de Información Técnica y las acciones de mejora autorizadas en el Proyecto Técnico Presupuestado no fueron consistentes con las reportadas en el Proyecto Técnico Definitivo”
El programa presentaba problemas de organización de la información, el INIFED careció de un sistema de información para el seguimiento de la operación del programa.
Le recomendaron (13-1-11MDE-07-0230-07-010) contar “con un sistema de gestión para automatizar y homogeneizar los procesos de control, registro y seguimiento de la operación del Programa Escuelas Dignas”.
El manejo de los recursos fue opaco, por lo que la ASF le recomendó al INIFED que investigue “las causas por las que en 2013 careció de la información sobre los costos incurridos en el Programa Escuelas Dignas y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para instrumentar un sistema de información útil, confiable y oportuno, a fin de llevar el seguimiento de los costos de la operación del programa”.
Caja Negra
De acuerdo a un estudio a 161 programas federales realizado por la asociación Gestión Social y Cooperación (GESOC), el Programa Escuelas Dignas es fue uno de los cinco más opaco del gobierno.
En 2015 el Programa Escuelas Dignas tuvo un presupuesto de 3 mil 330 millones de pesos para la rehabilitación de planteles educativos en todo el país.
La GESOC incluyó al Programa Escuelas Dignas en la lista de la “Caja Negra del Gasto Social”, ya que el programa que no brindaba la información mínima necesaria para estimar su desempeño, tampoco informaba del avance que lograron en sus indicadores y no identificaba su población.
En el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales logró una calificación de “Opaco” y que los indicadores que presenta no permiten medir la capacidad del programa para resolver el problema público que atiende.