CIUDAD DE MÉXICO.- El acuerdo firmado por el gobierno federal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa contempla que el Grupo Interdisciplinario de Expertos tendrá atribuciones para interponer denuncias penales; acceso total a los archivos de la investigación, y podrá elaborar recomendaciones operativas.
Según el documento firmado este martes por el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, el grupo de 10 especialistas realizará una verificación técnica de las investigaciones hechas hasta el momento por el Estado.
“Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; análisis técnico del plan de atención de las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre”, se lee en el acuerdo.
De esta manera, la CIDH revisará si “se han realizado todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas desaparecidos (…) conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales”.
Los expertos analizarán si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos con el crimen organizado y actores estatales”, además de estar facultados “para actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes”.
El Grupo Interdisciplinario también tendrá facultades “para proponer las medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores”.
En el caso de los jóvenes que resultaron heridos durante los hecho del 26 y 27 de septiembre pasado, se podrá “recomendar qué acciones deben implementarse para brindar la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares”.
“…a partir de las recomendaciones emitidas para este caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos con motivo de la asistencia técnica solicitada, se fortalezcan sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
En el documento se lee que el Estado garantizará a los expertos el pleno acceso a los archivos y causas penales iniciados con motivo de los hechos; al acceso a la información pública gubernamental relacionada con los hechos; y que velará por la autonomía e independencia de su gestión.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario; en los primeros tres meses el grupo elaborará recomendaciones operativas.
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