El Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, publicó en su cuenta de twitter la repuesta del Gobierno México al periódico estadounidense The New York Time, dijo que ‘no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo’.
El texto enviado por el Director General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán Valencia, afirma que el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, respeta la privacidad y la protección de datos personales. Asimismo, condenó cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona.
Por último, hace un llamado a las personas que fueron víctimas y que están descritas en el artículo, para denuncien ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se pueda realizar las investigaciones correspondientes.
Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 19 de junio de 2017
Periodistas y activistas demandan ante la PGR y CNDH espionaje federal
Tras darse a conocer que periodistas y activistas mexicanos estarían siendo espiados por el gobierno federal, estos informaron que han acudido a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la primera, para interponer la denuncia correspondiente; y en la segunda para solicitar las medidas cautelares pertinentes.
“Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, indicaron en un posicionamiento, durante una conferencia de prensa este lunes.
La denuncia fue presentada por Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer, y Jorge Santiago Aguirre.
Ana María Ruelas, directora de la oficina Artículo 19 México y Centroamérica, señaló que el costo por espiar los teléfonos móviles a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción con un “malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente al gobierno”, tiene un costo de 77 mil dólares -cerca de un 1.4 millones de pesos- por equipo intervenido.
Detalló que el medio de infección documentado por Citizen Lab y distintas organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso.
La directora de Artículo 19 anunció que ya se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que investigue el espionaje a través de malware en los teléfonos celulares y que ya se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para las víctimas de los intentos de intervención de comunicaciones privadas de periodistas, defensas de derechos humanos y activistas.
Dijo que Citizen Lab comprobó que más de 75 mensajes fueron enviados para intervenir teléfonos de periodistas y defensores entre el 2015 y el 2016.
“Las investigaciones de Citizen Lab comprueban que existe una política de hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos”, señaló Ana María Ruelas
Luis García de la organización R3D Red De Defensa de los Derechos Digitales y Sociales TIC, señaló que “estamos frente a una vigilancia sistemática contra el trabajo de periodistas y defensores”.
Indicó que “el gobierno mexicano es el actor común principal en las coyunturas críticas donde participaron objetivos del espionaje, está comprobado que el gobierno es cliente de NSO Group (proveedor del software malicioso)”.
Por su parte Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y uno de las víctimas de los intentos de espionaje, demandó al gobierno federal a hacer públicos los contratos con NSO Group.
“Exigimos que el gobierno transparente contratos de NSO Group y que permita que expertos independientes supervise investigación. Lo relevante no es quienes recibimos estos mensajes sino el patrón de acoso generado desde el gobierno”, apuntó.
La periodista Carmen Aristegui aseguró que “hoy tenemos certeza de que el espionaje es una actitud institucional” y que “no es casual que en momentos en que el gobierno debió dar respuestas, prefirió espiar a periodistas y defensores”.
lrc