Benito Nacif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), asegura que la búsqueda por la vía legal del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, por extender su periodo de dos a cinco años “se desinfla”.
En una columna publicada en el diario El Universal, Nacif narra cómo fue que fracasó la llamada “Ley Bonilla”. “Todo mundo, incluido Bonilla, tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos”.
Cuenta que el 28 de diciembre de 2018, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó la convocatoria por la cual se renovaron la gubernatura, las diputaciones al congreso y los munícipes.
La convocatoria, que fue publicada en El Mexicano, definía que se elegiría una gubernatura por un periodo de dos años, en los términos del artículo transitorio de la reforma constitucional que empató las elecciones locales con las federales a partir del 2021.
No obstante, el 27 de marzo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del tribunal electoral del estado, junto con todos los actos llevados a cabo en su cumplimiento.
Tres días después, el IEEBC otorgó a Jaime Bonilla el registro como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
“Bonilla supo que obtuvo su registro como candidato a una gubernatura de dos años justo antes del inicio de las campañas. La sentencia de la Sala Superior se notificó a todos los interesados, incluyendo Morena, el partido que representaba a la coalición Juntos Haremos Historia. Por si esto no fuera suficiente, se publicó en los estrados del TEPJF y los medios de comunicación le dieron una amplia difusión”, se puede leer en el texto de Nacif.
Bonilla aseguró que él se registró como candidato a la gubernatura del estado por un periodo de cinco años y que hizo un plan de gobierno para ese lapso.
Además, él mismo impugnó ante el tribunal electoral local el cual el IEEBC le otorgó un registro como candidato a una gubernatura de dos años, recuerda el consejero electoral.
“Por ello, si hizo un plan de gobierno por cinco años, fue en desafío a las disposiciones constitucionales y a las resoluciones de las autoridades electorales competentes”, continúa Nacif.
Su intento por ampliar el mandato fracasó, agrega el consejero, cuando la Sala Superior revocó su decisión de inaplicar el artículo transitorio de la reforma constitucional de 2014 que estableció un mandato de dos años a la gubernatura a elegirse el 2 de junio de 2019.
Al pasar la elección, nuevamente, Bonilla buscó la ampliación del mandato al impugnar ante el tribunal electoral local el dictamen del IEEBC por el cual le otorgaron la constancia de mayoría, en la parte referente a la duración del encargo.
No obstante, Bonilla se desistió al argumentar que su situación jurídica había cambiado, tras el cambio a la constitución local para ampliar su mandato de dos a cinco años.
“La semana pasada Bonilla volvió a recibir otro revés. El tribunal electoral local sobreseyó su demanda tal como lo pedía. Pero le dijo que su situación jurídica no ha cambiado, pues la ampliación de su mandato sigue sin promulgarse. Además, le dejó claro que su constancia de mayoría ha causado estado. Estos son los hechos que la Constitución federal impide revertir”, concluye Nacif.
cmo