Durante los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha registrado más de 300 amenazas y ataques en contra de los empleados, en 18 entidades del país, de acuerdo con registros de la institución.
Los registros de la empresa indican que, entre las agresiones (verbales y físicas) en contra del personal, se han registrado los homicidios de cuatro personas, todos por disparo de arma de fuego, el 13 de agosto de 2020 en San Juan del Río, Querétaro.
Los datos de la institución indican que en el primer mes de gobierno (diciembre de 2018) de la presente administración, se documentaron 17 ataques; en 2019, 205; mientras que, en 2020, fueron 81.
Tabasco es la entidad con más casos, 90; seguido de Puebla, con 58; Veracruz, con 34; Guanajuato suma 30; Chiapas e Hidalgo cuentan 19 por cada estado; y en Tamaulipas se reportan 18. Los datos indican que los empleados son atacados por grupos de cinco o más personas.
En algunas ocasiones se registran disparos en su contra. El motivo principal de las agresiones es porque los trabajadores sellan o reparan las tomas clandestinas que utiliza el crimen organizado para la sustracción de hidrocarburos.
También, se han documentado ataques al personal cuando realiza recorridos de vigilancia o cuando trasladó equipo, así como vehículos con hidrocarburos a diferentes estados del país. Durante este sexenio, el gobierno federal inició un combate contra las organizaciones criminales que roban hidrocarburos.
Los datos indican, que a pesar de que ha disminuido la incidencia, no se ha logrado abatir en su totalidad el delito, uno de los fructíferos para los cárteles y organizaciones criminales principalmente en la zona centro del país.
Durante los primeros 23 meses –de diciembre 2018 a octubre de 2020– del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las tomas clandestinas utilizadas para el robo de hidrocarburos se focalizaron en 264 municipios y alcaldías de 24 entidades del país.
La Silla Rota consultó reportes de Petróleos Mexicanos, los cuales detallan que las 25 mil 966 tomas ilegales detectadas durante este periodo se concentran en 20 municipios de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas.
Este medio de comunicación ha documentado las agresiones en contra del personal de la empresa. El 26 de julio de 2020, se informó sobre el ataque a personal de Pemex y la quema de dos vehículos en el municipio de Tepeaca, Puebla.
La Secretaría de Seguridad Pública mencionó, en ese momento, que en la zona los grupos delictivos se apoyan en la población para el robo de combustible, por lo que no era la primera vez que se documentaron los ataques.
El 7 de agosto de 2020, un comando armado atacó a empleados de Pemex en Nopala de Villagrán, que realizarían reparaciones a ductos en Huichapan y Nopala.
La agresión se registró en la carretera federal Palmillas - Portezuelo, a la altura del crucero a la localidad de San Sebastián Tenoch, cuando los sicarios comenzaron a dispararles cuando se trasladaban en camionetas oficiales.
Seis días después, el 13 de agosto, en San Juan del Río Querétaro, cuatro trabajadores de Seguridad Física de Pemex fueron asesinados por un comando.
El personal realizaba un recorrido en la localidad de Cazadero, en los límites con Hidalgo y Estado de México. Los agresores les dispararon y huyeron del lugar. Hasta el momento no hay detenidos.
El 31 de octubre, en Cuatepec de Hinojosa, Hidalgo un ataque con armas de fuego en contra de los trabajadores, dejó como saldo un trabajador herido en la calzada Guadalupe, de la comunidad Texcaltepec.
Fue justamente, a inicios de 2019, cuando el presidente López Obrador determinó cerrar los ductos que abastecían de gasolina a las ciudades más importantes del país, lo que derivó en una racha de escases del combustible, ya que la distribución se hizo a través de pipas.
El asunto generó una polémica a nivel nacional, pues partidos de oposición acusaron que el robo de combustible debía perseguirse como delito, en lugar de atajar el robo cerrando los ductos.
En estos años, el Congreso avaló la ampliación de delitos graves que ameritan prisión preventiva de oficio, entre ellos incluyó al huachicol.
