Por el momento, ningún mexicano puede conocer los contratos o convenios que realizó el gobierno federal para la compra de las vacunas contra la covid-19 con las empresas Pfizer-BioNTech, AztraZeneca, CanSino y Sputnik.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobierno federal para que nadie pueda acceder a los documentos en los que se dé a conocer la compra de vacunas contra el virus.
A través de la lista de notificaciones del máximo tribunal del país, se notificó que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, admitió a trámite 12 recursos de reclamación que interpuso Julio Scherer Ibarra, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
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El motivo, argumentó Scherer Ibarra, es que la divulgación de los documentos pone en peligro la seguridad nacional del país.
Se admite el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, interpuesto por el Consejero Jurídico de la Presidencia, en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el veintitrés de junio del año en curso, dentro del expediente del recurso de revisión RRA 6867/21
La notificación de la SCJN tendrá validez hasta que el pleno analice de fondo los argumentos que presentó un peticionario, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai.
Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este Alto Tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 6867/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional
En enero pasado, se informó que la Secretaría de Salud solicitó que los contratos y convenios que se han llevado a cabo con estas farmacéuticas sean reservados durante los siguientes cinco años, hasta 2026, bajo el argumento de que hay una cláusula de confidencialidad con estas empresas.
La dependencia señaló, en ese momento, que “se acredita el grado de afectación de la negociación al proporcionarse el Acuerdo para la compra de vacunas contra la covid-19 […] toda vez que tendría consecuencias económicas, políticas y sociales”.
MJP