La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, negocia con empresas contratadas por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto la reducción de costos de al menos ocho penales, construidos con irregularidades, en esas administraciones.
Fuentes cercanas al caso detallaron a La Silla Rota que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca reducir, al menos, 15% de los costos que generó la construcción de dichas prisiones, cuyos contratos se adjudicaron de manera directa.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará imputaciones en contra de 20 exfuncionarios y personal en activo de diversas dependencias federales, por los contratos que llevaron a la construcción de los penales en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Michoacán.
(Cuartoscuro)
Según información difundida por el gobierno federal, siete de los contratos se efectuaron el 27 de diciembre de 2010; mientras que uno más, para la construcción de un penal en Oaxaca, se llevó a cabo el 18 de marzo de 2011.
El costo proyectado de los penales, según lo dio a conocer la propia Rosa Icela Rodríguez es de 266 mil 300 millones 554 pesos, dinero que, de no llegar a un acuerdo de reducción con las empresas constructoras, el gobierno federal terminaría de pagar en el 2037.
La audiencia de imputación para los 20 servidores públicos implicados fue solicitada por el Ministerio Público de la FGR el pasado 3 de mayo, a través del oficio 025/2021, y fue concedida para el próximo 23 de junio en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
LA RED DE CORRUPCIÓN
Entre los funcionarios que se encuentran como sospechosos de la comisión del delito de corrupción, en la causa penal 45/2021, se encuentran 10 cercanos al equipo del extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos, acusado de tener nexos con el crimen organizado.
En la lista de los funcionarios que están en la mira de la FGR también se encuentran algunos que fueron parte del equipo del senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien se desempeñó como secretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto.
La Silla Rota detectó que algunos de los funcionarios imputados en la causa penal continúan laborando en este sexenio, como Jannet Miriam Martínez Sánchez, actual directora de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Martínez Sánchez fungió como subdirectora de la Dirección General de Recursos de la extinta SSP, en la administración de Genaro García Luna; y como directora general de Administración del OADPRS y de Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Saúl Castro Castro, ex elemento de la Policía Federal, también fue asesor de Genaro García Luna; trabajó como director General Adjunto del OADPRS; y como coordinador General de Centros Federales. Actualmente es director Adjunto del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Se incluye, también, a Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y actual director General de Control y Verificación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración (INM).
Además, a Raúl Gerardo Lemus Soto, ex director general Adjunto de la de la Coordinación de Proyecto de Penales y quien continúa laborando en el gobierno federal, como director de Apoyo Operativo del Servicio de Protección Federal (SPF).
Alma Delia Sánchez Ocampo fungió como directora de Área de la Dirección General de Recursos Materiales y Humanos de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y directora de la Dirección General de Administración del OADPRS. Hasta el 15 de marzo de 2019, fue directora Adjunta de la Dirección General de Recursos Materiales y Humanos.
Javier de Haro de Alba fue director General Adjunto, así como de Vinculación del Sistema de Protección Federal en la administración pasada. Dejó de laborar en esa institución el 30 de junio de 2020.
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LOS OPERADORES DE ENRIQUE PEÑA NIETO
En la lista también se encuentra Celina Oseguera Parra, ex coordinadora general de Prevención y Readaptación Social con Genaro García Luna, así como coordinadora General de Centros Penales Federales, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Celina Oseguera fue detenida luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal del Altiplano, la noche del 11 julio de 2015. Tras casi cinco años de litigio, fue absuelta, en junio de 2020, del delito de evasión de presos.
(Cuartoscuro)
Salvador Camacho Aguirre, extitular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal y ex coordinador de Reacción y Alerta Inmediata de la misma área, en la gestión de Genaro García Luna, se desempeñó como coordinador General del Cuerpo de Seguridad del OADPRS y como director Adjunto de la CNS, en la administración de Peña.
Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz fue director General Adjunto de la Dirección de Recursos Humanos de la extinta SSP, así como director General Adjunto de la Dirección General de Administración del OADPRS, en el sexenio anterior.
María Lidia Alcantar Vargas fue directora Planeación y Programación del SPF, directora adjunta de la Dirección General de Administración y, hasta septiembre de 2020, se desempeñó como subgerente de Auditorías del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
En la lista también se encuentran Sergio Alberto Martínez Castuera, exintegrante de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
LOS OPERADORES DE FELIPE CALDERÓN
El listado de las personas implicadas en la investigación, cercanas a García Luna, incluye a Sergio Montaño Fernández; ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Montaño Fernández se encargaba de la administración de bienes materiales, áreas técnicas; licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios; del manejo de recursos financieros, así como de recursos humanos.
También, a Arturo Sosa Viderique, exdirector general de Administración; a Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones; y a Gonzalo Villarreal Guerra, ex coordinador general; todos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Antonio Corona Rodríguez se desempeñó como titular de la coordinación General de Prevención y Readaptación Social y como coordinador General de Prevención y Readaptación Social, en la administración de Genaro García Luna como jefe de seguridad.
Otras personas implicadas son Miguel Vital Hernández, Paulo Uribe Arriaga, Oscar Moreno Villatoro y José Ariel Morales López; de quienes no hay registro en el portal de declaraciones patrimoniales de la Secretaría de la Función Pública (SFP).