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Contratistas tendrán "1 año de recreo" con 129 mil mdp bajo la sombra: expertos

Expertos en ciencia política hablan para La Silla Rota sobre el decreto presidencial de obras primordiales para la 4T

  • DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ
  • 24/11/2021
  • 20:00 hrs
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Contratistas tendrán "1 año de recreo" con 129 mil mdp bajo la sombra: expertos
El presidente López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno. (Cuartoscuro)

Las empresas contratistas del gobierno federal en la construcción de las obras primordiales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tendrán "un año de recreo" a partir del decreto presidencial publicado este 22 de noviembre, por la opacidad en la que se dejará la información relativa al gasto de recursos en estas mega obras consideradas "de seguridad nacional".

Así lo afirmó Julio Jiménez, abogado constitucionalista, en entrevista para La Silla Rota, al asegurar que algunas de las consecuencias del decreto pueden estar en el espectro de la corrupción, el tráfico de influencias, la opacidad "y todo lo que derive de las irregularidades que el mismo decreto está conteniendo en su propia redacción".

"Un año de recreo, donde no hay reglamento, no hay sanciones, no hay quien te detenga, ´haz lo que yo te diga, y se acabó´ y quien se queje, quien se ampare, no procede", expuso Jiménez.

"No sólo es preocuparse de lo que pueda hacer López Obrador, sino que el decreto quede ahí, si es que no lo tira la Corte, para que el que llegue pueda utilizarlo y gastar a discreción, sin reportar nada, sin informar a quién están contratando, por cuánto están contratando, sin haber mecanismos de evaluación de lo que se gastó", comentó, por su parte, Vidal Romero, experto en ciencia política y académico del ITAM.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente, publicó esta casa editorial. 

"Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional", se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.

Al ser la "seguridad nacional" una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados hace unas semanas señala que para las obras del Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles en conjunto 129 mil 392 millones de pesos en 2022

¿CÓMO SE REPARTIRÁN LOS RECURSOS?

"El tema aquí es que no hay beneficiarios más que los contratistas", aseguró Jiménez para LSR. "Todos los contratos, las asignaciones de obra de infraestructura de este gobierno, carecen de transparencia, ellos serían los verdaderos beneficiarios de esta opacidad, ilegalidad y acción arbitraria", agregó.

El PEF 2022, de acuerdo a un análisis de LSR, señala que el Tren Maya recibirá el próximo año 62 mil 942 millones de pesos, esto con el objetivo de que Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continúe el desarrollo de un transporte que, se supone, conectará más 190 sitios de interés turísticos en la Península de Yucatán. Los documentos del Paquete Económico estiman que la obra, durante su etapa de ejecución, creará 379 mil empleos directos y 113 mil empleos indirectos.

La refinería que la Secretaría de Energía construye en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se perfilan 45 mil millones de pesos vía una aportación patrimonial de la dependencia a Petróleos Mexicano (Pemex).

En los proyectos aeroportuarios que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se contempla un gasto de 11 mil 450 millones de pesos. 

En el caso particular de la base aérea en Santa Lucía, que tiene previsto abrir en marzo del próximo año, se le asignaron 419.4 millones en gastos de administración de la infraestructura y otros 419.4 millones para la construcción. 

El Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec recibirá una inversión de 10 mil millones de pesos; mientras el Tren Interurbano México-Toluca tendrá una asignación de 7 mil millones de pesos. 

Para el Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se prevé un monto de mil 658 millones de pesos.

DECRETO "INCONVENCIONAL"  E INCONSTITUCIONAL

Además de inconstitucional, el decreto presidencial es "inconvencional", enfatizó Julio Jiménez, pues "vulnera acuerdos y tratados internacionales de los que México es parte".

Agregó que confía en que "las fuerzas políticas van a promover una acción constitucional" en contra del decreto, para que sea el Poder Judicial el que decida sobre el tema.

Dijo que el decreto también violenta el Estado de derecho y transgrede la división de poderes.

"Sería terrible la catástrofe económica, la fuga de capitales, la incertidumbre en los mercados ya empezó a generar", advirtió el abogado constitucionalista y detalló que el decreto también afectará a los indicadores económicos internacionales "frente a la incertidumbre que representa el gobierno mexicano como consecuencia de la desconfianza de los inversionistas extranjeros".

El decreto, dijo Jiménez, obedece a los "compromisos personales", que el gobierno federal tiene "con empresarios a los que les está asignando directamente, sin licitación, sin convocatoria, sin concurso. Hay asignación directa de obras multimillonarias, de contratos multimillonarios, como el escándalo que acaba de salir en el Aeropuerto Felipe Ángeles".

Tras una revisión de 966 contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se encontraron empresas fantasma, compañías investigadas por desvío de recursos, direcciones falsas e incluso empresas no dedicados a la construcción fueron los beneficiados con contratos por 78 millones pesos, de acuerdo con una investigación de Latinus.

"Aplica a cualquier cosa que el Ejecutivo quiera poner bajo la sombrilla de seguridad nacional", apuntó Vidal Romero, "queda abierta la puerta para que cualquier cosa se etiquete de esa forma".

El politólogo agregó que aunque económicamente los contratistas son los principales beneficiarios del decreto, el ganador políticamente hablando es el presidente López Obrador, a quien motivan dos razones para la publicación del decreto, a consideración de Romero.

"(El presidente) tiene mucha prisa por acabar sus proyectos, la transparencia y todos estos mecanismos anticorrupción toman más tiempo, eso por un lado, y por el otro ya están saliendo de corrupción por todos lados y tampoco quiere esa mancha sobre su gobierno", dijo.

El Inai anunció este martes 23 de noviembre que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también expresó su desacuerdo y preocupación respecto al decreto, "que sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno, toda vez que al equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción".

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el acuerdo afecta la competencia económica, pues implica un trato diferenciado frente a los proyectos privados.

"Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos", señaló la institución en un comunicado.

Por su parte, José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, señaló que "cada día es más evidente que AMLO cree estar por 'encima de la ley'".

Los expertos Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, coincidieron, también en entrevista con LSR, que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.

"Con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional", señaló Romero.

BARRA DE ABOGADOS, DECRETO ILEGAL

El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar de interés público y de seguridad nacional sus megaproyectos es "ilegal" y "deficiente", además de que contiene una "incorrecta fundamentación constitucional", señaló la Barra Mexicana de Abogados (BMA).


Además la Barra de Abogados manifestó su preocupación por el atentado al orden jurídico nacional y enlistó una serie de violaciones que se comenten con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre éstas, que se viola la división de poderes porque pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, también trasgrede disposiciones en materia de debido proceso, así como en materia de consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios, además de derechos humanos.

Sobre el tema el constitucionalista Miguel Carbonell comentó que lo publicado en el DOF en el que se sacan de la manga un concepto de seguridad nacional, del todo desconocido. Parece un paso claro hacia el autoritarismo.

En tanto, el ex titular de la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que dicho decretó favorece la corrupción.



(djh)