Durante el gobierno de José Ramón Amieva, Berenice Guerrero Hernández, exsubsecretaría de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, firmó un documento que autorizaba la transacción de 190 millones 24 mil 307 pesos a una consultora “fantasma” por una asesoría.
El movimiento se hizo el 7 de junio de 2018, semanas antes de las elecciones del 1 de julio, mediante una transferencia bancaria. Dicha cantidad que era parte de la Hacienda Pública de la Ciudad de México aún no aparece. Tampoco se demostró que se hicieran los servicios contratados.
LA SILLA ROTA tuvo acceso a los informes y documentos de la investigación, en los que se señala que Berenice Guerrero Hernández también es investigada por desviar más recursos, como mil millones de pesos enviados por el Gobierno Federal para programas públicos, inclusive para los damnificados del sismo de 2017.
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Berenice Guerrero, junto con los otros dos exfuncionarios detenidos, formaba parte del círculo cercano de Miguel Ángel Vásquez Reyes, subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas hasta febrero de 2018, quien también se desempeñó como jefe de oficina de José Ramón Amieva, exjefe de gobierno sustituto de Miguel Ángel Mancera. En su momento, a este exservidor público se le acusó de nepotismo.
El 21 de junio de 2018, LA SILLA ROTA publicó la investigación "Por asesoría de 3 días hace CDMX pago de 290 mdp" en la que se documentó que la Secretaría de Finanzas de la ciudad hizo un pago exprés millonario por una supuesta consultoría que no duró más de 72 horas.
En dicha investigación se explica que la asesoría supuesta ocurrió en diciembre de 2017, con pago a la empresa Olivera Méndez y Asociados S.C. con domicilio “virtual”. Ana Lorena Mendoza Hinojosa, pariente del expresidente Felipe Calderón, es socia de la compañía, documentó también LA SILLA ROTA.
El modus operandi
Fuentes consultadas por LA SILLA ROTA confirmaron que la transacción de 190 millones de pesos se realizó sin ningún concurso de licitación ni procedimiento que pudiera justificar la transferencia a esta empresa que, después se corroboró, no existe.
“Este depósito se hace a sabiendas que no iba a funcionar, porque era para asesoría. No respetaron ningún protocolo, nada de normatividad, es decir no mediaron bases sobre servicios, productos, términos de referencia, procesos de licitación, cuentas por liquidar certificadas”, indicó una fuente bajo anonimato.
Esta irregularidad fue detectada en la Cuenta Pública de 2018 y con esta información se realizó una auditoría, donde se confirmó que no había ningún procedimiento. “Fue firmado, autorizado y pagado”.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reiteró en conferencia de prensa que los más de 190 millones fueron pagados sin ninguna justificación y no se llevaron a cabo los procedimientos que por ley se tienen que seguir cuando se trata de la erogación de un recurso público.
Se pagó sin los servicios ni las obras que tuvieron que realizar una empresa que no estaba registrada dentro de los proveedores de empresas del Gobierno de la Ciudad de México
Por esta razón, agregó la mandataria local, la Secretaría de Finanzas, ya en su administración, presentó una denuncia tanto a la Contraloría local como a la Procuraduría General de Justicia, dependencia que abrió la carpeta de investigación.
En tanto, las fuentes consultadas apuntaron que esta situación es el hilo conductor de una serie de presuntos actos de corrupción cometidos en la anterior administración. Además, a las personas involucradas en la empresa “fantasma” que recibió los 190 millones también se les abrió una carpeta de investigación.
Así se detuvo a Berenice Guerrero
En el estacionamiento del World Trade Center y aún con su credencial de la Secretaría de Finanzas, así fue detenida Berenice Guerrero Hernández, exsubsecretaria de Planeación Financiera del gobierno capitalino.
Llevaba lentes, camisa azul, pantalón de mezclilla y una mochila cruzada en el pecho. “Tranquilos, por favor”, dijo a los agentes de Investigación que la interceptaron.
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Traían la orden de arresto 012/0539/2019-OA por delitos cometidos por servidores públicos en agravio de Hacienda Pública, contra en informes de la Procuraduría.
La exfuncionaria tiene 40 años de edad, maestría en Derecho Fiscal y aseveró que desde que fue separada de su cargo se encuentra desempleada.
Ella y otros dos exservidores públicos de la Secretaría de Finanzas están bajo investigación por depositar 190 millones 24 mil 307 pesos del presupuesto público a una cuenta “fantasma” que no aparecía como proveedor del Gobierno local, con base en la indagatoria CI-FSP/B/UI-B-2C/D/02026/05-2019.
Los otros exfuncionarios aprehendidos son José Iván Morales Palafox, ubicado en la colonia El Rosario, en Azcapotzalco, y Gabriel Rincón Hernández, localizado en Avenida Oceanía, cerca de su domicilio en la colonia Aquiles Serdán, alcaldía Venustiano Carranza.
Quién es Vázquez Reyes
En marzo de 2018, Vásquez Reyes fue nombrado jefe de oficina de la jefatura de gobierno por Miguel Ángel Mancera cuando Julio Serna, otro de sus allegados, dejó ese cargo.
Este exfuncionario llegó al gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés López Obrador; pertenecía a la misma corriente perredista de René Bejarano y después, en la administración de Mancera, pasó a formar parte de Vanguardia Progresista, grupo lidereado por Héctor Serrano, actualmente diputado federal.
En agosto de 2018, como jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum pidió a la Contraloría de la ciudad que se investigara a Vásquez Reyes por presunto nepotismo, puesto que en aquella ocasión el periódico La Jornada reveló que supuestamente algunos de sus familiares fueron contratados en la subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas cuando él estuvo en esa dependencia.
El proceso jurídico avanza en contra de los tres exfuncionarios
Luego de su detención, este martes se llevó a cabo a las 12:00 horas una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde un Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los tres exfuncionarios por el delito de uso indebido de atribuciones cometido por servidores públicos.
“En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, los imputados, asesorados por su defensa, solicitaron la duplicidad del término constitucional para que les sea definida su situación jurídica, por lo que el Órgano Jurisdiccional determinó programar la continuación de audiencia para el próximo viernes”, informó mediante un comunicado el Tribunal.
El juzgador ordenó que los dos exfuncionarios cumplan la medida cautelar en el Reclusorio Preventivo Norte; mientras que la imputada lo hará en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
MJP