El secretario de Comunicación y Transportes, Javier Jiménez Espriú, expuso una serie de razones que llevaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), uno de los proyectos clave del expresidente Enrique Peña Nieto.
1.- Impactos ambiental, urbano y social. Cada uno de estos aspectos, por sí sólo, era suficiente para no haber aprobado la construcción del NAICM, que, apenas teniendo un avance del 21%, había ya generado graves impactos, en algunos casos irreversibles e incompensables, para toda la región.
La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos que las obras del proyecto, en conjunto con otras actividades y obras asociadas, iban a generar. Los análisis ambientales estuvieron alejados de una lógica regional y más bien se buscó fragmentar las obras para ocultar y disimular los impactos.
2.- Aspectos técnicos. La decisión de construir el NAICM se tomó sin considerar la integralidad y profundidad de los estudios técnicos que requiere un proyecto de esta magnitud.
Se priorizaron únicamente los asuntos aeronáuticos y de demanda, y los estudios que se realizaron presentaron severas omisiones que produjeron costosos cambios e improvisaciones.
De los estudios presentados por diversas instituciones, se plantearon riesgos diversos en relación con la opción de Texcoco, debido a que el polígono donde se estaba construyendo está asentado sobre lo que fue un antiguo lago, con condiciones físicas y químicas en el suelo y subsuelo que pudieran alcanzar profundidades superiores a los 40 metros, desfavorables para la construcción y el mantenimiento del aeropuerto.
Independientemente de que, conociendo los riesgos, existen ingeniería y tecnología suficientes para resolver los problemas constructivos, como consideraron los grupos de ingenieros colegiados consultados, los riesgos y los costos inherentes, hacían incosteable la obra y por lo tanto indebida.
Por otra parte, la puesta en operación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco implicaba el cierre de Santa Lucía y del Aeropuerto Benito Juárez en el mismo instante en que se inaugurara, ya que el uso simultáneo de las pistas de ambas terminales no es viable. Esta situación exigía que el Nuevo Aeropuerto tuviera que funcionar al 100% desde el primer minuto del primer día, porcentaje imposible de cumplir al inicio de un proyecto de esta complejidad. Ya en plena operación del NAICM, no se tendría ninguna redundancia para atender alguna contingencia.
3.- Aspectos de Planeación. A pesar de la magnitud del proyecto, el NAICM nunca estuvo considerado en los instrumentos de planeación oficiales, como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, sólo menciona: “Este Programa no incorpora el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este proyecto se encuentra en evaluación y, en caso de que sea factible su realización, el monto de inversión estimado sería alrededor de 120,000 mdp, entre recursos públicos y privados”.
Otra prueba contundente de la irresponsable forma de acometer el proyecto de infraestructura más ambicioso y oneroso de la pasada administración, es el hecho de que el contrato para construir el Edificio Terminal se licitó y adjudicó por un monto de $85 millones de pesos, sin disponer de un proyecto ejecutivo que incluyera la ingeniería de detalle, lo que provocó una demanda por parte del Consorcio ganador al Grupo Aeroportuario en octubre del 2018, ya en plena construcción de la terminal.
Esto sin duda, conduce a una pérdida patrimonial para la Nación, cuya responsabilidad deberán definir las autoridades competentes, a las que se les dará vista.
4.- Aspectos económicos y financieros. En el esquema original de fondeo del proyecto en 2014 se consideraba que el 58% de los recursos serían públicos (98 mil millones de pesos) y el 42% de financiamiento privado ($71 mil millones de pesos).
Las aportaciones federales fueron sólo de 18 mil millones de pesos, por lo que se modificó el programa de financiamiento y se emitió deuda por 6 mil millones de dólares en bonos con vencimientos a 10 y 30 años y por 30 mil millones de pesos en certificados fiduciarios conocidos como FIBRA-E, de todas formas insuficiente, ya que el presupuesto se había elevado a 305 mil millones, por lo que dejaba a la siguiente administración con los compromisos financieros establecidos y la necesidad de obtener 108 mil millones de pesos más.
5.- Aspectos procedimentales y jurídicos. Se violentaron las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Adquisiciones y de Obras Públicas.
El proyecto arquitectónico fue convocado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a partir de una invitación a ocho despachos de arquitectos nacionales e internacionales, que, a pesar de requerir propuestas económicas, se planteó como una “investigación de mercado” y no como licitación ni como concurso por invitación como lo ordena la Ley. Este proceso concluyó con la contratación por adjudicación directa de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, por la cantidad de 1,841 millones de pesos, que después de cuatro convenios modificatorios, se incrementó a 2,692 millones de pesos (46%).
6.- Análisis y Consulta. En un hecho sin precedentes para la vida pública de nuestro país, se pusieron a disposición de toda la población y de los grupos interesados, más de 400 documentos técnicos y análisis de expertos sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se organizaron múltiples foros de debate.
Con esta documentación y la respuesta de la Consulta Ciudadana, el reto fue resolver todas las implicaciones que conllevaba la cancelación del NAICM; cumplir los compromisos ya establecidos; atender las demandas y las controversias de tipo contractual, financiero, social y ecológico; restablecer en lo posible la tranquilidad y daño que se hizo a las comunidades contiguas al polígono; terminar de manera anticipada con apego a la Ley de Obras Públicas, las obras en proceso y definir qué hacer con las ellas y cómo se renegociaría con los tenedores de Bonos, inversionistas y financieros de la FIBRA-E.
7.- Acciones del Gobierno de México. Con la finalidad de instrumentar la cancelación del proyecto, el Gobierno de México inició desde el primero de diciembre una cuidadosa estrategia, enmarcada en los principios rectores de honestidad, austeridad, respeto al estado de derecho, crecimiento para generar empleos y bienestar, convergencia del sector público y privado para detonar el desarrollo regional sustentable y máxima conservación y aprovechamiento de la infraestructura instalada.
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