El Congreso no tiene facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana y es inconstitucional el impedimento de diez años que se impuso a los altos mandos del Gobierno para que no puedan trabajar en empresas a las que regularon, declaró el juez federal.
Abel Méndez Corona, juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, concedió el 1 de febrero el primer amparo contra esta ley, promovido por un exfuncionario del sector financiero, al que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre de 2021 porque no habían pasado diez años de que salió del Gobierno.
En este sentido, Méndez estableció que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de "austeridad republicana", pues se trata de una política de Estado que tiene que estar prevista en la Carta Magna para evitar confusiones en cuanto a la forma en que se deben ejercer los recursos públicos.
El juez también se pronunció sobre el artículo 24 de la ley, que estableció el candado de diez años, mismo que la Cámara de Diputados había dejado en cinco años, pero fue elevado a diez en el Senado, ante reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
"El plazo de diez años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan", afirmó.
"Por el grado de especialización, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de diez años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación. En el mercado laboral un plazo de diez años es determinante para recibir un ofrecimiento de trabajo, habida cuenta que los avances tecnológicos y el flujo de conocimientos pueden modificar radicalmente los entornos laborales en ese lapso", agregó el juez.
Al respecto, el Gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene agendado para mayo discutir una acción de inconstitucionalidad de diputados de Oposición, que impugnaron múltiples temas de esta ley, incluida la facultad del Congreso para emitirla.
De ser confirmado el amparo, Consupago tendrá que reconsiderar la solicitud de empleo, sin tomar en cuenta el candado de diez años. El nombre del exfuncionario que promovió el amparo ha sido censurado en todas las notificaciones de este litigio.
Pero, si la Corte no reúne los ocho votos para anular el candado de diez años, de todos modos, podría conceder amparos en casos individuales, pues para ello sólo se requieren seis votos en Pleno, o tres votos en las Salas.