Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta en funciones de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, declaró constitucional la reforma a los artículos 16,17 y 73, en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares.
Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido por el numeral 135 de la Constitución, al contar con la aprobación de 18 congresos estatales.
La reforma precisa que en los juicios en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.
Precisa que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio.
Además, faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión.
La diputada Félix Niebla remitió la reforma al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y precisó que la Presidencia estará atenta de las demás resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados, que se integrarán al expediente correspondiente.
Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Verónica Martínez Espinoza aseguró que se consolida una modificación relevante para acercar la justicia a las personas, en particular a los grupos más vulnerables, quienes antes de la reforma no tenían garantizado el acceso a derechos fundamentales como de la identidad, la salud, educación y vivienda digna.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, precisó que con la reformas se generarán procedimientos civiles y familiares únicos a partir de la legislación que emita el Congreso de la Unión, con lo que se evitará la multiplicidad de criterios existentes en los ordenamientos procesales de todas las entidades federativas.
Los estados del país, a partir de sus propias decisiones y de los Congresos estatales seguirán emitiendo disposiciones sustantivas en materia civil y familiar, pero el procedimiento se regirá por una legislación única, con lo que se fortalecerá el debido proceso, la oralidad de los procedimientos y se reducirá el problema de los largos y gruesos expedientes.
El diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor de la reforma constitucional señaló que es un paso correcto para agilizar la impartición de justicia y se supera la tendencia a que por cuestiones de procedimiento se evite llegar al fondo del caso.
Estas reformas constituyen la columna vertebral de un nuevo andamiaje jurídico sobre la justicia cotidiana en el país, ante la necesidad de enfrentar los rezagos existentes en las instituciones de procuración y administración de justicia a nivel federal y local, que reproducen vicios e inercias negativas, especialmente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad jurisdiccional y los ciudadanos.
A nombre de la bancada de Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales dijo que el objetivo de esta reforma es homologar, facilitar la justicia, evitar conflictos y la cárcel como primer recurso e impedir el gasto de las personas para resolver problemas legales.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo señaló que México a lo largo de su historia ha sido “crónicamente injusto”; por lo que, consideró muy oportuna esta reforma constitucional, ya que pretende fortalecer la justicia cotidiana.
En su oportunidad, el senador Benjamín Robles Montoya, del PT, comentó que el sistema penal, en general, adolece de ineficiencias y vicios; problemas, que el ciudadano está exigiendo que se solucione.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, señaló que la declaratoria de reforma constitucional complementa el paquete de justicia cotidiana que presentó el presidente Enrique Peña, que eleva a rango constitucional la obligación de las autoridades de privilegiar la resolución de fondo en todos los conflictos evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los mexicanos.