Los conflictos de interés del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, que tiene un longevo historial de tortura y acusaciones de homicidio, llegaron a la 4T, cuyo gobierno, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mantuvo como coordinador de asesores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y le otorgó un contrato a una empresa en la que participa su hijo.
El 17 de mayo de 2019, cuando la 4T cumplía cinco meses en funciones, la empresa Servicios de Representación Mexicanos SA de CV, vinculada con Felipe de Jesús Espitia Lima, hijo del general, fue incluida en el fallo de la licitación pública No. LA-007000999-E210-2019 que lanzó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de medicamentos biológicos, desparasitantes, material de curación, insumos de laboratorio, pseudoaromas y pseudodrogas del servicio de veterinaria y remonta.
La Sedena, donde su padre ejerce gran influencia desde el sexenio de Ernesto Zedillo, le pagó 24 mil seis pesos a esta firma que, documentó LA SILLA ROTA, obtuvo contratos por 29.7 millones de pesos como proveedora del Ejército y organismos públicos relacionados con la milicia, entre 2014 y 2018, incluido el instituto en el que laboraba su padre Espitia, lo cual evidencia el conflicto de interés.
Pero ese monto no fue todo: este medio encontró otro contrato, con folio 4500026517DN10SAG156P2017, por 43 millones 855 mil 76 pesos que la Defensa Nacional le entregó el 14 de junio de 2017 por proveer “alimento súper premium para ganado canino”, otorgado mediante adjudicaciones directa, sin que la firma compitiera para ganarlo. Además de otro por 157 mil 760 pesos, por adquisición de material de oficina que data del 3 de mayo de aquel año. Esta relación contraviene el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual señala que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
LA SILLA ROTA reveló que aunque en la mayoría de los procesos para obtener contratos en los que han participado Servicios de Representación Mexicanos la apoderada es Hilda Leticia Prado Barragán, una contadora pública egresada en 1996 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con número de cédula 2306981; Felipe de Jesús Espitia Lima firmó como representante en el proceso de licitación pública nacional UMSNH-04/2014 celebrado el 27 de agosto de 2014 por el Comité Institucional de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Además, diez de todos los contratos con recursos federales que recibió la empresa, que ascienden a 3 millones 509 mil 152 pesos, los recibió del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con Espitia padre como coordinador de asesores, cargo que mantuvo hasta hace unos días, cuando su perfil profesional fue borrado de la página de internet y del portal Nómina Transparente, sin explicación.
Los contratos localizados entre la empresa en la que participa Espitia hijo y el gobierno federal ascienden a 73 millones 763 mil 15 pesos.
Servicios de Representación Mexicanos S.A. de C.V., con domicilio en avenida de los Andes No. 105-302, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, no está registrada ante el Registro Público del Comercio; sin embargo, en la documentación que ha presentado en fallos públicos hay referencias a actas ante notario público, con el giro de consultoría.
Con Espitia padre en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 2015 fue el año más próspero para la firma: el 11 de diciembre este organismo le pagó 280 mil 972 pesos por “material de construcción, mobiliario y equipo”; el 24 de julio, 144 mil 209 pesos más por “material eléctrico para adornos del 15 de Septiembre”; el 20 de noviembre, 116 mil 79 pesos por “material eléctrico y de construcción”, y el 13 de abril, 66 mil 292 pesos por “juguetes para el Día del Niño”.
Asimismo, el 13 de mayo suministró material eléctrico por 54 mil 762 pesos, mismo concepto por el que cobró 32 mil 260 pesos adicionales el 13 de noviembre de ese mismo año.
En 20 de agosto de 2008, la empresa recibió su último contrato del Instituto en el que laboraba Espitia padre, por 12 mil 56 pesos para proveer “herramientas”, mismo concepto por el que el 27 de julio de 2017 recibió otros 197 mil 735 pesos por “equipo de administración y herramientas”.
En su artículo 8, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos también establece que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Pese a no tener formación profesional, Espitia hijo también fue funcionario federal en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde estuvo primero en la Administración de Bienes Materiales y después fue jefe de Departamento en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), área de inteligencia que realiza el mapeo de cárteles del narcotráfico –con los que ha sido ligado su padre mediante mantas e imputaciones de víctimas de tortura–, donde su función principal era la investigación de delitos.
En aquel entonces declaró como posesión un Pointer 2003 que valuaba en 60 mil pesos; con la empresa, la ganancia económica mediante contratos de presupuesto federal cambió.
(María José Pardo)