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Confirma TFJA inhabilitación de Rosario Robles por 10 años

La inhabilitación remonta a septiembre de 2019, cuando fue emitida por la Secretaría de la Función Pública

  • REDACCIÓN
  • 08/09/2021
  • 15:36 hrs
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Confirma TFJA inhabilitación de Rosario Robles por 10 años
Uno por uno, durante la sesión de hoy del TEJA, informó Proceso, fueron descartados los argumentos de Rosario Robles para desechar la sanción determinada por la SFP. (Cuartoscuro)

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad este miércoles la inhabilitación por hasta 10 años para ejercer algún cargo público a Rosario Robles, quien ya ha cumplido 2 años dentro de prisión preventiva por el presunto delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.

La inhabilitación remonta a septiembre de 2019, cuando fue emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con base en el registro de una cuenta bancaria por 2 mil pesos que la exfuncionaria no habría reportado en su declaración patrimonial. 

Robles Berlanga es señalada también por desvíos multimillonarios operados durante sus gestiones como secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Uno por uno, durante la sesión de hoy del TEJA, informó Proceso, fueron descartados los argumentos de Rosario Robles para desechar la sanción determinada por la SFP.

La defensa de Robles reviró que la cuenta bancaria referida por la Función Pública era de nómina, abierta en 2008, y que solo tenía un saldo de 2 mil 886 pesos, y trató eso como muestra de una supuesta persecución política por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de la exsecretaria.

El Tribunal consideró que Robles sí omitió reportar la cuenta bancaria, y con ello incurrió en una falta administrativa, y recalcó que la inhabilitación de 10 años "no fue excesiva", pues fue la mínima por la conducta imputada.

En enero de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había suspendido provisionalmente la inhabilitación de Rosario Robles, al resolver que la suspensión "perjudicaría el derecho de imagen del solicitante en el ámbito personal y profesional", además de argumentar que la suspensión de la inhabilitación "no causa perjuicio al interés social ni contraviene el orden público".

(djh)